Definamos la regulación que queremos

Ante los recientes casos de asesinato y violencia contra las mujeres en servicios como Cabify, Uber e Easy, los legisladores pretenden regular algo que no tienen claro qué es.

Por: Carlos Martínez Velázquez (@carlosmartinezv)

La semana pasada en Puebla hubo una reforma a la Ley de Transporte para volver a regular a las empresas de redes de transporte (tipo Uber, Cabify, Easy), en respuesta a los recientes casos de asesinato y violencia contra las mujeres en la entidad. Durante el proceso legislativo enviamos una carta al Congreso del Estado de Puebla en la que externamos nuestras preocupaciones respecto al proyecto de reforma que había enviado el Ejecutivo. Ahora que se ha concretado la reforma, estamos documentando los cambios que ha habido en las leyes estatales en la materia. Estudiar cada uno y observar las discrepancias que tienen entre sí es un ejercicio divertido, pero a la vez preocupante por la pobreza legislativa en la que viven los congresos locales.

Basta con estudiar las distintas definiciones que existen de lo que es una Empresa de Redes de Transporte (ERT). En 2015, cuando empezaba el fervor regulatorio en torno a las ERT, la Cofece emitió una opinión de su pleno que las definía como “empresas dedicadas a mediar el acuerdo entre usuarios y proveedores de servicios de transporte a través de aplicaciones de teléfonos móviles”. Esta descripción es sencilla y apunta claramente al modelo de negocios de estas empresas: ganar un porcentaje de dinero por la intermediación. Esta plataforma funciona en un mercado de dos lados, por lo que existen efectos de red, es decir, entre más usuarios tenga la plataforma es más atractivo para los choferes, la plataforma gana más dinero y es más eficiente el servicio.

Esto que puede ser sencillo ha resultado de lo más complejo para los diputados locales. En cada entidad le imprimen su visión de las cosas. Por ejemplo, en Querétaro se reconoce que estas empresas “medien un acuerdo o contrato entre los Prestadores del Servicio Especializado de Transporte Privado de Pasajeros y sus usuarios”, mientras que los yucatecos ni siquiera definen el servicio específico pues las ERT son toda empresa que “promueva, administre u opere la plataforma tecnológica en el estado… en virtud de acuerdos comerciales que tenga celebrados y en vigor”. Y qué decir de la Ley de Movilidad de Jalisco en la que se pide que estas empresas sean “titulares de los derechos de propiedad intelectual de una aplicación móvil, o que cuenten con licencia para su uso, sea franquiciataria o se encuentre afiliada a alguno de los anteriores de tal forma que tenga derechos para el aprovechamiento o administración de la aplicación móvil” y si no es suficientemente barroco la definición continúa “cuyo servicio se limita exclusivamente a gestionar servicios de transporte, vinculando a través de dicha aplicación a usuarios de transporte público de punto a punto con prestadores del servicio registrados y autorizados en cualquiera de sus modalidades”. Cada legislador define lo que su imaginación le dicta.

El caso de Puebla es mucho peor, pues la definición fue de mejor a peor en dos años. Cuando se insertó la definición de las ERT en la Ley de Transporte en 2015 los legisladores siguieron a la Cofece y las definieron como “aquellas sociedades mercantiles nacionales que, basándose en el desarrollo de las tecnologías de los teléfonos inteligentes y los sistemas de posicionamiento global y de pagos electrónicos, medien el acuerdo entre usuarios y prestadores del Servicio Ejecutivo entre particulares, a través de aplicaciones en teléfonos móviles”. En la reforma que llevaron a cabo la semana pasada los poblanos ahora definen esas empresas como “Sociedades Mercantiles Nacionales cuyo objeto sea la prestación del Servicio Ejecutivo, mediante la administración y operación de aplicaciones y plataformas informáticas, basadas en el desarrollo de las tecnologías de los dispositivos inteligentes y los sistemas de posicionamiento global y de pagos electrónicos”. No cabe duda de que todos los legisladores están listos para que alguien les ofrezca un curso urgente de redacción.

En el caso de Puebla resulta paradójico que el legislador pretenda regular algo que no tiene claro qué es. Tan es así que al establecer nuevas obligaciones a las ERT tuvo que cambiar su definición para cuadrar las cargas administrativas que le imponía. En el caso poblano las empresas pasan de ser mediadores a prestadores del servicio. Lo anterior, implica un cambio en las políticas públicas que podrían desarrollarse para ejecutar y hacer cumplir la ley. Pero también implica un riego obvio, si las ERT no cuadran dentro de la definición podrían operar al margen de la ley (como sucede en otros lugares de México y el mundo) y sería muy difícil y costoso para el gobierno el monitoreo y sanción.

La definición del objeto sobre el que se pretende hacer una política regulatoria es clave para entender las responsabilidades de cada parte, establecer los objetivos de la regulación, pensar en cómo verificar el cumplimiento, decidir quién es el agente económico que entra en el mercado y quién no, entre otras cosas. Sin embargo, ejemplos como el de Puebla muestran que los políticos prefieren cambiar el objeto a regular de un plumazo, que afrontar las causas que los llevaron a ese cambio.

Sobre esto último, basta recordar que de acuerdo con el Índice Global de Impunidad–México el estado de Puebla se encuentra dentro del grupo de entidades con alta impunidad. En Puebla hay fallas estructurales y funcionales del sistema de procuración de justicia que se han arrastrado durante décadas. Existen pocas agencias del ministerio público para denuncia, menos jueces que el promedio nacional (de por sí bajo) para juzgar, y, procesos en curso que nunca cierran, pero que dañan los derechos de los procesados. Estas fallas se pasan por alto en las discusiones regulatorias, las autoridades prefieren trasladar la responsabilidad a otros, pues es más costoso construir un Estado fuerte y responsable.

Procesos como el de Puebla nos ponen ante una realidad que es innegable en un país en que la violencia lleva más de una década en niveles escandalosos: al huir de sus responsabilidades los gobiernos aumentan el costo de los privados para que ellos se encarguen de aspectos de seguridad. El caso de las ERT es sólo un ejemplo, pero bastaría ver reformas a otros giros comerciales sensibles como las casas de empeño o la reglamentación de bares y restaurantes. La debilidad de los gobiernos locales se nota cuando claudican de su responsabilidad elemental (seguridad pública) y buscan que los privados la asuman. Eso es una forma de privatizar la seguridad que no conviene a nadie, los ciudadanos pierden la oportunidad de que se fortalezcan las instituciones de seguridad, las empresas acaban con obligaciones que deberían de ser públicas, y, se imponen cargas económicas en el mercado que impiden su crecimiento. En el agregado nadie está mejor con este tipo de cambios normativos.

Como lo hemos propuesto desde que se inició el debate de las ERT en México:

  • “Se debe revisar a fondo toda aquella regulación que limite la innovación y genere distorsiones en el mercado.
  • Antes que establecer regulaciones oficiales, los gobiernos deben impulsar estándares y previamente observar esquemas de autorregulación de los propios agentes económicos. Los estándares deben ser tales que no impidan la innovación o los modelos de negocio disruptivos.
  • Se debe preferir un estándar federal a regulaciones específicas locales que impongan asimetrías injustificadas en el desarrollo de los mercados. La concurrencia de distintas autoridades y regulaciones es el caldo de cultivo perfecto para la confusión y la corrupción, y que las reglas del juego no sean parejas para todos.
  • Es preferible que antes que medidas ex ante a través de la regulación, se deben ampliar los espacios de libertad de mercado y castigar ex post las malas prácticas.
  • Se debe tener humildad regulatoria. Los gobiernos deben evitar regular aquello que no saben cómo regular. Hacer por hacer, puede ser popular, pero no económica o socialmente bueno.”

Si no aprendemos de esto, casos como el de Mara Castilla seguirán ocurriendo, el Estado no fortalecerá su labor fundamental en seguridad, la ley será más difícil de cumplir, se generarán espacios de discrecionalidad administrativa que llevan a la corrupción, los consumidores acabarán con malos servicios, menores opciones para elegir, y un largo etcétera que ha sido el resultado de la constante irresponsabilidad de nuestros gobiernos.

 

* Carlos Martínez es Director de Central Ciudadano y Consumidor, A. C. (@centralcyc).

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