INE, Senado y las distintas varas electorales

Mientras el INE es riguroso para designar a los consejeros electorales locales, Senado de la República ha nombrado a magistrados de los tribunales electorales que no cumplen los requisitos.

Por: Francisco Rojas Choza (@rojaschoza)

En 2014, con la entrada en vigor de la reforma político-electoral, se modificó sustancialmente la forma en la que son nombradas las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales de los estados. Facultad que anteriormente era de las legislaturas locales. Ahora, es el Instituto Nacional Electoral (INE) quien designa a las y los consejeros electorales locales, y el Senado de la República quien hace lo propio con las y los magistrados de los tribunales electorales de las entidades federativas. Esto en una lógica que busca garantizar la autonomía e independencia de dichos funcionarios frente a los poderes locales.

Después de que entre 2014 y 2016 se designaron prácticamente todas las autoridades electorales de las 32 entidades federativas, este año se realizan los primeros relevos en los nombramientos realizados tanto de consejeras(os), como de magistradas(os); en el caso de los primeros se renovarán en 19 entidades federativas (57 cargos) y en el segundo el Senado deberá designar 29 magistraturas en 20 entidades federativas. Por ello, vale la pena realizar algunos comentarios al respecto.

Resultan paradójicas las grandes diferencias entre uno y otro proceso pues el INE, para designar a consejeras y consejeros electorales, lleva a cabo un procedimiento que dura alrededor de 6 meses, a través de 6 etapas, en las que no solo se revisa que las y los aspirantes cumplan con los requisitos legales, sino que también se les aplica un examen y posteriormente un ensayo. Además, quienes aspiran al cargo son entrevistados ante las y los consejeros electorales del INE, y por ende, se encuentran sujetos a observaciones por parte de los partidos políticos y a una evaluación curricular.

En el caso de las y los magistrados locales, el Senado únicamente emite una convocatoria por cada tribunal electoral a integrar, y de entre quienes se registran lleva a cabo los nombramientos sin mayor revisión de la idoneidad de cada aspirante.

Esto es relevante, pues cabe recordar que los magistrados electorales locales se erigen –entre otros asuntos- como la autoridad revisora de la legalidad de los actos realizados por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a través de los consejeros electorales. Es por ello que los importantes esfuerzos por garantizar que la designación de consejeros se refleje en funcionarios garantes de los principios electorales encuentra un contrasentido en la opacidad y preeminencia de los vínculos políticos en el nombramiento de magistradas y magistrados electorales.

El proceso desarrollado por el INE garantiza en cierta medida la máxima publicidad, pues los resultados de las distintas etapas a las que se someten los aspirantes a consejeros electorales son públicos. Lo cual permite establecer diferencias en las competencias demostradas por las y los consejeros entre entidades federativas. Además es posible verificar que no necesariamente quienes obtienen el mejor resultado en las distintas pruebas serán designados consejeros electorales, entre otros datos de relevancia para evaluar el trabajo realizado por el INE. Como un simple ejercicio a manera de ejemplo, podemos destacar que el promedio nacional de quienes fueron electos por el INE se sitúa en los 84.9 puntos derivado de la aplicación del examen de conocimientos.

Gráfica 1.Promedio obtenido por quienes fueron designados consejeros de los OPLE por Entidad Federativa (2014 – 2015).

Fuente: elaboración propia con base en resultados de etapa de examen de conocimientos (Instituto Nacional Electoral, 2014 y 2015).

 

En cambio, los procesos realizados por el Senado son lo opuesto, pues la información sobre la evaluación que hacen de cada aspirante es inexistente, ello por supuesto sin siquiera esperar que instrumenten criterios objetivos para poder determinar la idoneidad de cada perfil, más allá del dictamen que emite la Comisión de Justicia, que además no es vinculante para la decisión final.

En la designación de autoridades electorales jurisdiccionales y administrativas ha sido un criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la obligación que tienen los órganos que eligen de fundar y motivar correctamente los nombramientos; no obstante lo anterior, el Senado de la República no lo ha hecho en agravio del universo de aspirantes y de la legitimidad de los propios tribunales conformados.

La Cámara Alta ha realizado nombramientos de funcionarios que inclusive no han cumplido con uno o más de los requisitos legales para ejercer el cargo. Tal es el caso de los tribunales electorales de Guerrero y Sonora, donde el TEPJF ordenó al Senado realizar un nuevo nombramiento en los lugares de funcionarios que habían sido designados sin cumplir con algún requisito (SUP-JDC-2624/2014 y SUP-JDC-2642/2014).

Como ocurre con otras designaciones en las que el Senado tiene importantes retrasos, en contravención a la Constitución, desde 2015 para el estado de Aguascalientes no han logrado los acuerdos políticos necesarios para integrar a su autoridad electoral jurisdiccional. Es decir, una vez más los acuerdos políticos estuvieron por encima de la correcta integración de las autoridades electorales, por lo que en dicha entidad el proceso electoral se realizó sin la integración de su tribunal electoral local, aunado a que en los próximos meses iniciará un nuevo proceso. En contraposición, en todo momento el INE ha garantizado la designación de la totalidad de los OPLE previo al inicio de los procesos electorales en cada una de las entidades federativas.

En cuanto a la paridad de género, también existe una diferencia abismal entre los esfuerzos del INE y los del Senado, tal y como se desprende de la gráfica 2, en donde se observa un comparativo por género de las designaciones realizadas por una y otra autoridad en proporción al número total de cargos designados.

Gráfica 2. Integración total por género entre autoridades electorales locales.

Fuente: elaboración propia con base en Directorio de Tribunales Electorales Locales (Cámara de Senadores, 2017).

Por último, cabe mencionar que actualmente el INE ya lleva a cabo el proceso para designar a las y los consejeros electorales que este año deberán entrar en funciones en las distintas entidades federativas, mientras que el Senado, que está a unas semanas de concluir el periodo ordinario de sesiones, ni siquiera ha emitido las convocatorias para relevar a quienes concluyen su encargo en 2017.

Lo aquí expuesto son solo algunos elementos que sirven para dimensionar las diferencias abismales entre ambos mecanismos de designación, lo cual resulta preocupante de cara a los procesos electorales de 2018, donde el papel de las autoridades electorales será fundamental y determinante para la certeza de los resultados de cada elección. Por lo que la búsqueda de funcionarios imparciales y profesionales debe ser primordial en la designación tanto de consejeras, consejeros, magistradas y magistrados electorales a nivel local.

Por ello, es necesario dar mayor seguimiento al desarrollo de ambos procesos de designación, y particularmente a aquellos que realice el Senado.

 

*Francisco Rojas Choza es coordinador del Observatorio Electoral de @Eleccionesymas.

 

 

Fuentes de información:

Instituto Nacional Electoral (2017). Organismos públicos locales electorales. Consultado el 17 de abril de 2017, disponible aquí.

Cámara de Senadores (2017) Designaciones y ratificaciones. Consultado el 17 de abril de 2017, disponible aquí.

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