Repasando y repensando la segunda vuelta

¿Sería la segunda vuelta electoral una verdadera solución a los problemas de legitimidad, gobernabilidad y conflictos postelectorales?

Por: Lisandro Devoto

Hace casi dos décadas que la posibilidad de incorporar la segunda vuelta (o ballotage) para la elección presidencial forma parte de los debates en torno a las reformas político-electorales que han tenido lugar en el país. Desde 1998 se han presentado 21 iniciativas de reforma a la legislación electoral en ese sentido (ver aquí), y las mismas han sido impulsadas por legisladores de diversos partidos políticos (PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el PVEM), además de aquella impulsada en 2009 por el entonces presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa.

Los defensores de la segunda vuelta para la elección presidencial en México (o para elecciones ejecutivas en los tres niveles de gobierno) destacan entre sus principales bondades el aumento de la legitimidad del candidato elegido, sus beneficios para la gobernabilidad democrática, e incluso la posibilidad de evitar conflictos postelectorales. ¿Sería esto realmente así? Es importante repasar las ventajas y los problemas que pueden acarrear cada uno de estos puntos.

En una segunda vuelta –por lo menos como se ha aplicado en los países latinoamericanos y como lo plantean las iniciativas presentadas en México– sólo compiten los dos candidatos que más votos obtuvieron en la elección original, entendiendo que ninguno haya obtenido los votos suficientes para alzarse con la victoria en dicha oportunidad. Si las opciones para los electores se reducen a dos, es lógico entender que quien resulte ganador en la segunda vuelta obtendrá más del 50 % de los votos, lo que podría otorgar la legitimidad de haber sido elegido por una mayoría absoluta del electorado. Sin embargo, esto no necesariamente es así, ya que debe tenerse en cuenta que esta mayoría absoluta suele construirse de manera artificial, principalmente por dos cuestiones: 1) muchos ciudadanos deberían decidir su voto entre sus opciones menos preferidas (si su candidato preferido fue eliminado en la primera vuelta), y 2) en muchas ocasiones la participación ciudadana se reduce en la segunda vuelta en relación a la primera. Además, una elección en segunda vuelta asegura al ganador la mayoría absoluta, pero de ninguna manera asegura un amplio margen de victoria (por ejemplo, si los resultados son 51 % contra 49 % el margen de victoria podría ser incluso menor al producido en la primera vuelta).

Por otro lado, la posibilidad de consolidar la gobernabilidad democrática suele estar asociada al apoyo legislativo que logre el candidato electo para ocupar la presidencia, o sea, a la existencia o no de gobiernos divididos. El calendario electoral resulta muy importante para entender las posibles consecuencias de la segunda vuelta en términos de gobernabilidad. En aquellos casos en que las elecciones legislativas son concurrentes con la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y en el ballotage resulta ganador quien originalmente había quedado en segundo lugar, su contingente legislativo puede resultar minoritario y requerir de negociaciones permanentes para impulsar su agenda legislativa. Por otro lado, si la elección legislativa coincide con la segunda vuelta, aumentan las posibilidades de que el partido del presidente salga fortalecido en el Congreso, aunque sin descartar que los ciudadanos podrían decidir no dar mayoría al partido del presidente. Además, los partidos que quedaron fuera del ballotage verían afectadas sus posibilidades de obtener legisladores y esto afectaría la composición plural del Congreso y la supervivencia de los partidos políticos minoritarios, lo que podría solventarse a través de coaliciones (o alianzas) con alguno de los partidos contendientes en la segunda ronda. Aquí también es pertinente recordar que los gobiernos divididos no necesariamente ponen en riesgo la gobernabilidad democrática a través de un estancamiento legislativo de la agenda del presidente, como ha quedado demostrado, por ejemplo, en los periodos de reformas constitucionales y legales de 2007-2008 y 2012-2014, y ha sido señalado por diversos académicos y especialistas.

Finalmente, tampoco puede asegurarse una relación lineal entre la segunda vuelta y la disminución de los conflictos postelectorales. Esto está muy ligado al primer argumento que analizamos, respecto a la legitimidad de origen del ganador en segunda vuelta, que supone que un mayor margen de victoria disminuiría los conflictos postelectorales. La cuestión es que, como ya se dijo, el margen de victoria no necesariamente resultará holgado y, de no serlo, puede suscitar conflictos postelectorales como los que se han experimentado con el sistema electoral vigente. Si consideramos que quienes recurren a la vía jurisdiccional suelen ser quienes quedan en segundo lugar por un escaso margen, lo mismo podría plantearse para aquel que quede ubicado en tercer lugar por escaso margen respecto del segundo (en este caso la pelea sería por participar de la segunda vuelta).

Más allá de los puntos planteados, no debemos olvidar que la segunda vuelta electoral presentaría nuevas cargas para las autoridades electorales administrativas (en principio el INE), que deberían ser capaces de organizar una elección nacional al poco tiempo de realizada la primera. Al mismo tiempo, las autoridades jurisdiccionales también serían exigidas, ya que, como lo plantean buena parte de las iniciativas de reforma política presentadas en torno a la temática, todas las impugnaciones presentadas en la primera vuelta deberían ser resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación antes de la realización del ballotage, lo que presentaría una importante complejidad pensando que los tiempos serían de 30 a 45 días.

Ante lo expuesto, es importante pensar, ¿sería la segunda vuelta electoral una verdadera solución a los problemas de legitimidad, gobernabilidad y conflictos postelectorales? Suponiendo que éstos realmente existieran. ¿Qué pasaría con el régimen de coaliciones actualmente vigente? ¿Cómo entraría a jugar la posibilidad de formar gobierno de coalición que será una posibilidad para quien resulte electo presidente en 2018? ¿Cuáles serían las reglas de juego para los competidores en la segunda vuelta en cuanto a financiamiento y acceso a los medios de comunicación? ¿Qué impacto tendría esta medida en el sistema de partidos? Las preguntas continúan siendo muchas y diversas. Quizás la segunda vuelta no necesariamente vendría a resolver los problemas que presenta el sistema electoral en México, ni a legitimar los resultados de las elecciones.

 

@Eleccionesymas

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