Retos de las autoridades electorales locales

En medio de la crisis postelectoral, ¿qué significan los procesos vigentes para renovar parcialmente a 19 OPLE?

Por: Francisco Rojas Choza (@rojaschoza)

Luego de las elecciones del pasado 4 de junio, las instituciones electorales se han visto envueltas en una serie de cuestionamientos sobre su desempeño que encienden alarmas. A escasos meses de iniciar el proceso electoral federal 2017 – 2018. Sin embargo, la joven democracia electoral mexicana está habituada a este tipo de señalamientos.

El sistema electoral mexicano cuenta con la arquitectura institucional para la organización y calificación electoral más compleja del mundo. Que luego de la reforma político-electoral de 2014 sumó mecanismos para garantizar la calidad de todos y cada uno de los comicios que se celebren en el país.

De tal forma que, con la transición del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral (INE), se echó a andar un sistema nacional electoral que se integró por el propio INE como autoridad rectora, complementándose con la inclusión de los organismos públicos locales electorales (OPLE) de los 32 estados.

Como una de las primeras actividades a realizar por el naciente INE, la designación de las y los consejeros de los OPLE resultó fundamental. Cabe recordar que tal función fue retirada de los poderes legislativos locales, ante la percepción de que la autonomía de los institutos electorales locales había sido quebrantada por la influencia de los gobernadores en turno.

Para tal efecto, el INE diseñó un proceso inédito en el país, quizá equiparable en su complejidad con los concursos de ingreso al Servicio Exterior Mexicano. Pues las etapas de este mecanismo de selección de autoridades electorales locales incluyen: examen de conocimientos, redacción presencial de un ensayo y entrevistas públicas con la única finalidad de buscar designar a funcionarios y funcionarias que no sólo puedan cumplir con la función de Estado de organizar elecciones de calidad, sino además que no generen duda sobre su imparcialidad frente a los institutos políticos y los actores de las contiendas.

En esa ruta, como ocurre en cada una de las comisiones y actividades del INE, los partidos políticos acompañan y observan cada una de las etapas de la designación, pudiendo opinar respecto de las y los aspirantes. Además también tienen la posibilidad de impugnar las designaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En una primera integración de los consejos generales de los OPLE, entre 2014 y 2015 el INE designó a 224 consejeros y consejeras electorales de todos los estados de la república (7 en cada entidad) con lo que, por primera vez en la historia de nuestro país las autoridades electorales administrativas no fueron designadas por un órgano predominantemente político, como en el caso de los congresos locales. Ello tendría que haber favorecido la actuación de los OPLE en el desarrollo de los comicios locales subsecuentes; sin embargo, parece que lo anterior distó de ser así por distintas circunstancias:

1. La autonomía no pasa exclusivamente por la designación de los y las consejeras. Mientras de manera formal o informal sean los poderes ejecutivo y legislativo quienes doten a las instituciones electorales de recursos económicos para operar. Esto con independencia de las capacidades de quienes son designados, su autonomía se encontrará sometida a la voluntad de los poderes locales. Hemos visto que en muchas ocasiones se ha buscado vulnerar la autonomía de los OPLE al restringir su suficiencia presupuestal.

2. Pareciera ser que el haber despojado a los poderes legislativos locales de la posibilidad de nominar y designar a las y los consejeros en los estados, resultó en la conformación de OPLE carentes de legitimidad alguna frente a los poderes locales y a la percepción generalizada de subordinación al poder central ejercido por el INE. Por eso los organismos electorales locales han tenido que operar con un estigma de origen sobre sus funciones y calidades que se ha visto reflejado en la importante cantidad de denuncias de remoción en contra de sus integrantes –en su mayoría infundadas– y en pronunciamientos sobre supuestas solicitudes de que el INE asuma las elecciones locales, cuando sólo los consejeros de los OPLE o del INE están legitimados para realizar tal solicitud.

Gráfica 1: Número y sentido de las resoluciones del INE sobre los procedimientos de remoción 2014 – 2017
*La información está actualizada al 10 de marzo de 2017. Fuente: elaboración propia con base en la solicitud de información identificada bajo la nomenclatura UE/17/00607.

3. Las leyes generales y el Reglamento Nacional de Elecciones, que rigen en gran medida el actuar de los órganos electorales locales, son omisos en considerar el contexto de cada entidad federativa. El cual impide que exista un nivel de exigencia igual en todas las entidades para las funciones que deben desempeñar en la organización de las elecciones. Pues las condiciones geográficas, económicas, sociales, educativas, políticas y culturales distan mucho entre las entidades federativas. Muestra de esto es Coahuila, la entidad federativa donde existen más partidos políticos locales, lo cual explica en gran medida algunos de los conflictos post-electorales suscitados en las elecciones de este año. Pues dadas las coaliciones conformadas por una gran cantidad de partidos políticos, (siete en un caso y cuatro en el otro) se generaron muchas dificultades para el conteo de la votación, mismas que difícilmente pueden preverse en normatividades aplicables a nivel nacional.

4. En México tenemos un grave problema de responsabilidad política en el contexto de las jornadas electorales. Pareciera ser que el justificado comportamiento heredado de las malas prácticas electorales del periodo del partido hegemónico es un pesado y costoso legado autoritario que llama a los perdedores de las contiendas a declararse sin más, víctimas de robos electorales o cualquier calificativo que busque dar solidez a tal argumento, aun por encima de la grave vulnerabilidad a la confianza en las instituciones electorales que han sido diseñadas en el país, inclusive cuando éstas disten de ser ciertas.

5. El desempeño de los OPLE no puede evaluarse a profundidad mientras perdamos de vista que el nuevo Sistema Nacional Electoral aún no está en funciones al 100%, pues todavía no entra en marcha de manera plena el Sistema Profesional Electoral Nacional. Recordemos que las y los consejeros conforman el máximo órgano de dirección en sus instituciones, sin embargo –tal y como sucede con el INE– la calidad de las elecciones se construye en buena medida por el desempeño de sus funcionarios de las ramas profesional y administrativa.

La presente reflexión se desprende de la coyuntura que significan los procesos vigentes para renovar parcialmente a 19 OPLE, en medio de la crisis postelectoral detonada luego de los comicios del 4 de junio. Con base en lo anterior, valdría la pena preguntarse si ¿acaso el INE es responsable de la designación de funcionarios y funcionarias incapaces de conducir con eficiencia sus elecciones locales? O en su lugar, ¿estamos frente a una clase política que ha encontrado en las instituciones electorales a un culpable para justificar sus derrotas aun por encima de la credibilidad y estabilidad de la administración electoral en México? Esas preguntas se insertan en una enorme batería que se tendrán que responder, seguramente, pasada la elección de 2018.

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