Equidad para las elecciones de 2018

Emitir más reglas cuyo incumplimiento tenga como consecuencia un mayor número de sanciones a los actores políticos, no necesariamente garantiza equidad.

El proceso electoral federal 2017-2018 iniciará el 8 de septiembre de este año, pero desde hace tiempo el Instituto Nacional Electoral (INE) ha iniciado la emisión del marco regulatorio necesario para llevar a cabo la gran elección de 2018, que incluye su coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) para la realización de los comicios locales concurrentes.

Como ha ocurrido en otros procesos, el marco jurídico electoral se vuelve más severo conforme los tiempos avanzan; es decir, antes del inicio del proceso electoral las reglas son más permisivas, una vez iniciado de manera formal existe un mayor número de disposiciones que resultan aplicables a aspirantes y, desde luego, iniciadas las precampañas y campañas la regulación raya en lo excesivo.

Así, el 21 de julio el Consejo General de INE aprobó dos acuerdos a través de los que se emiten diversos lineamientos que la propia autoridad denominó como “cancha pareja”. El objetivo de estas disposiciones es generar las condiciones necesarias para garantizar la tan sonada equidad en la contienda para procesos federal y locales.

¿De dónde vienen?

Los lineamientos emitidos por el INE en parte obedecen al cumplimiento de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), (SUP-REP 575-2015 y SUP-REP 198-2016), en donde se resolvieron impugnaciones sobre la supuesta utilización de los tiempos oficiales de radio y televisión por dos dirigentes partidistas por presunta “propaganda personalizada”. En su resolución, el TEPJF obligó al INE a generar normas que regularan la aparición de los dirigentes y los voceros de los institutos políticos en spots de radio y televisión para evitar que éstos utilicen estos espacios para promocionarse de forma personal en vías de futuros cargos de elección popular, violando así la equidad en la contienda. Esto, a pesar de que al resolver las impugnaciones presentadas en contra de los dirigentes del PAN y de MORENA, no se encontró ningún acto que fuera contrario a la legislación electoral.

Por otra parte, también atienden al vacío legislativo que desde 2007 ha generado el Congreso de la Unión al ser omiso en regular lo dispuesto en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional, en los que se prohíbe que los servidores públicos usen recursos públicos con fines electorales y que utilicen la propaganda gubernamental para efectos de promoción personalizada.

Aunque también hay que decir que en procesos anteriores, el INE (antes IFE) ya ha regulado aspectos como la propaganda gubernamental, el uso de programas sociales y el uso de recursos públicos con fines electorales. Por lo que, si bien estos lineamientos constituyen el esfuerzo más ambicioso que ha llevado a cabo la autoridad electoral, no son del todo novedosos.

Sobre el contenido de los lineamientos, vale la pena leer al propio Lorenzo Córdova, presidente del INE, quien explica con mucha claridad cuáles son los elementos generales de ambos acuerdos, pero aunado a esto, además consideramos importante analizar con mayor puntualidad cuáles son las circunstancias que rodean a los mismos.

De forma general pueden identificarse, a modo de cuadrícula, distintos “sujetos” y etapas en las que éstos podrán o no realizar ciertas conductas:

 

¿Cuáles son sus efectos?

En primer lugar, es necesario recordar que estos lineamientos son impugnables; es decir, que si los partidos políticos consideran que los contenidos de los mismos lesionan los derechos de los ciudadanos o bien, el ejercicio de sus prerrogativas de acuerdo con el marco constitucional y legal, pueden interponer un recurso ante el TEPJF que decidirá en última instancia si limita o mantiene el alcance de los mismos.

En segundo lugar, una vez entrados en vigor estos acuerdos (a partir del 8 de septiembre), su incumplimiento puede también denunciarse a través de un procedimiento especial sancionador. En este caso se aplica ya una máxima del derecho electoral: a más regulación, mayor litigiosidad. La complejidad de los lineamientos, que incluyen reglas para distintos actores en diferentes momentos del proceso electoral, abre una cantidad considerable de opciones de litigio.

En tercer lugar, existen los efectos del contenido de los lineamientos. En síntesis, esta regulación legaliza la aparición de funcionarios/as públicos/as voceros/as y/o dirigentes, aspirantes, precandidatos/a y candidatos/as en distintos medios de difusión, entre ellos radio y televisión, medios electrónicos y redes sociales en línea (cuando se trate de propaganda contratada, adquirida o comprada).

Conclusión

Los lineamientos emitidos por el INE tendrán cuatro retos muy importantes: el primero será que superen la revisión que en dado caso realice el TEPJF; el segundo, que todos los actores políticos se apeguen a los mismos; el tercero será que las autoridades electorales brinden certeza en la interpretación y aplicación que hagan de cada regla, pues existe mucha ambigüedad respecto al alcance que podrán tener y el cuarto es que se apliquen de manera equitativa; es decir, que las consecuencias sean las mismas para quien aspire a la Presidencia de la República como para quien busque llegar a la presidencia del municipio más apartado del país.

No podemos dejar pasar por alto la reelección, pues pareciera que al aprobar los lineamientos el Consejo General del INE no se acordó que en 2018 habrá reelección en gran parte de las entidades federativas, lo que implica que las autoridades electorales deberán buscar evitar que quienes ocupan un cargo público y deseen ser reelectos/as para un periodo inmediato no afecten la equidad en la contienda frente al resto de las y los participantes, que en 2018 se contarán en decenas de miles. Situación que es consecuencia directa de la omisión legislativa al 134 constitucional preexistente desde 2007.

Finalmente, consideramos que es importante que el INE vele por la equidad de la contienda, un principio fundamental de nuestro sistema electoral; sin embargo, como se ha demostrado en comicios pasados, emitir más reglas cuyo incumplimiento tenga como consecuencia un mayor número de sanciones a los actores políticos, no necesariamente tiene un efecto disuasorio.

 

@Eleccionesymas

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