Certeza en la fiscalización electoral

¿Qué motivó que el INE usara criterios dispares para resolver las impugnaciones en las elecciones de Coahuila y Edomex, aparentemente similares?

El dinero en las elecciones cada vez tiene mayor peso. Por ello, las labores de fiscalización realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) son de gran relevancia y trascendencia. En ese sentido, los criterios que adopte la autoridad electoral en el ejercicio fiscalizador resultan ser fundamentales para la calificación y validez de los comicios, pues ello dará certeza no sólo a los actores políticos, sino también a los resultados electorales.

Recientemente el INE resolvió las quejas presentadas y aprobó los dictámenes de fiscalización correspondientes a las elecciones locales de 2017. Vale la pena destacar lo resuelto en dos denuncias presentadas en contra de las coaliciones encabezadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el uso de tarjetas como propaganda electoral en las campañas a la gubernatura de Coahuila y el Estado de México. Nos parecen un par de asuntos que ameritan un análisis particular, ya que a pesar de las similitudes entre ellos, el INE arribó a conclusiones distintas en cada caso.

¿Qué motivó el uso de criterios dispares en casos aparentemente similares?

El uso de tarjetas como propaganda electoral se ha vuelto una práctica común en las campañas electorales. En 2017 estas tarjetas tuvieron un énfasis hacia las mujeres. Cabe recordar que las mexicanas conforman el 52 % de las personas que integran el padrón electoral; es decir, alrededor de 45 millones y medio de mujeres. De tal forma que su voto es definitorio en cualquier elección, especialmente en las contiendas cerradas como ocurrió en Coahuila y el Estado de México.

La peculiaridad en ambos casos fue que las coaliciones no se limitaron a hacer entrega de las tarjetas con un evidente sesgo de género, sino que ante la recepción solicitaban a la ciudadanía una serie de datos, entre ellos: nombre, sexo, fecha de cumpleaños, teléfono y domicilio completo, advirtiéndose una mayor cantidad de datos solicitados en el caso de Coahuila que en el del Estado de México.

Así pues, el INE determinó que la conducta en el caso de Coahuila era contraria a la ley, debido a que los recursos de campaña no fueron utilizados para actos propios de una campaña electoral; el registro de datos personales se realizó ante la entrega de las tarjetas “mi monedero rosa”. Lo que, a consideración del Consejo General del INE, generó entre la ciudadanía la percepción de la entrega de un beneficio real sujeto a la condición de que la coalición ganara la contienda; por lo que no puede considerarse como una genuina propuesta de campaña.

Mientras que, en el caso de las tarjetas “salario rosa” distribuidas en el Estado de México, el Consejo General, con un criterio diferenciado al aplicado en Coahuila, se limitó a verificar el cumplimiento de la obligación de reportar los montos erogados para su elaboración y distribución, cosa que cumplimentó la coalición en tiempo y forma, por lo que se declaró infundado el procedimiento.

Respecto del contenido de las tarjetas entregadas en el Estado de México, la autoridad electoral concluyó que tampoco se trataba de una genuina propuesta de campaña; sin embargo, se conformó con dar vista al Instituto Electoral del Estado de México a fin de que determine lo que corresponda, por tratarse de una violación a la normativa en materia de propaganda, ajena a la fiscalización.

Mencionamos estos casos, ya que resultan ejemplificativos de uno de los retos principales que tendrán las autoridades electorales en 2018: la certeza en la aplicación de la legislación.

En lo referente a la fiscalización, para que las campañas puedan llevar un adecuado control de los gastos, es importante que exista certeza sobre qué es un gasto de campaña y qué no lo es; ello sin importar si se trata de una elección en una entidad federativa o la de la Presidencia de la República, lo cual parece que no se resuelve al analizar los casos de Coahuila y el Estado de México.

La certeza es uno de los principios rectores de la función electoral, gran parte de la construcción del sistema electoral mexicano ha obedecido a la lógica de conocer con anticipación las reglas del juego y saber que a todos los contendientes se les va a aplicar la ley por igual; sin embargo, conscientes de que el marco regulatorio en materia electoral es abultado y confuso, es a las autoridades electorales a quienes les corresponde la tarea de garantizar su aplicación bajo criterios que brinden certeza a todos los involucrados.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar que en ambos casos se dio vista al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por la posible violación a la normativa relacionada con el manejo de los datos personales recabados ante la entrega de las tarjetas y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por la posible comisión de alguno de los delitos establecidos en la ley de la materia. El desenlace de ambos asuntos aún está por definirse, será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[1], quien tendrá la última palabra.

 

@eleccionesymas

 

[1] La resolución en Coahuila fue impugnada por el PRI y se encuentra en instrucción bajo la ponencia del Magistrado Felipe Fuentes Barrera con el número de expediente SUP-RAP-202/2017. De igual forma, la del Estado de México se impugnó por los partidos MORENA (SUP-RAP-185/2017) y de la Revolución Democrática (SUP-RAP-187/2017). Su instrucción corre a cargo de los magistrados Indalfer Infante Gonzáles y Reyes Rodríguez Mondragón respectivamente.

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