Vigilemos la ayuda: desastres naturales y elecciones

Más allá de si los partidos pueden renuncien al financiamiento público para ayudar a damnificados, ¿de dónde van a sacar recursos para las campañas de 2018?

Mucho se ha escrito y se escribirá en los próximos días sobre las propuestas de los partidos políticos para destinar sus recursos a las labores de reconstrucción y asistencia de las personas que resultaron afectadas a consecuencia de los sismos que pusieron al país en situación de emergencia (conoce lo que escribimos al respecto). Sin embargo, salvo el caso de las denuncias en contra del Gobierno de Morelos, poco se ha reflexionado sobre las implicaciones y necesidad de que esa ayuda llegue a sus destinatarios y no se use para fines políticos o electorales #VigilemoslaAyuda.

Los sismos ocurridos durante el mes de septiembre han cambiado el contexto, si bien los daños están focalizados en algunas entidades, la situación compromete a todo el país. Por ello, más allá de las propuestas que se hagan para obtener recursos para la reconstrucción y daños, es de suma importancia que los recursos materiales, humanos, públicos —federal y locales— e inclusive la asistencia internacional sean correctamente canalizados para garantizar que la asistencia sea eficaz y evitar a toda costa que se desvíen a efecto de influir en el proceso electoral que ya se encuentra en marcha.

Por esa razón debemos considerar las reglas que emitió el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar que los gobiernos no incidan en los procesos electorales (INE/CG398/2017). En este sentido, aunque no es la primera vez que la autoridad nacional emite reglas de ese tipo, sí son las de mayor alcance. Cabe señalar que como todos los acuerdos del INE, éste no fue la excepción y se impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Actores que impugnaron el acuerdo de imparcialidad del INE

Fuente: elaboración propia con base en TEPJF.

 

De confirmarse tales reglas, constituirán un importante elemento para evitar que los gobiernos de todos los niveles intervengan en las elecciones. El reto será que se garantice su observancia y la estricta aplicación de estos lineamientos, especialmente considerando el contexto actual del país, pues estas reglas prevén la salvedad de aquellos bienes y servicios entregados “con el objeto de atenuar o resolver los efectos causados por desastres naturales” (INE, 2017), en cuyo caso las propias reglas resultan ambiguas ya que no establecen formas de operación para garantizar el uso imparcial de recursos ante una situación de emergencia.

Por otro lado, si prosperan las distintas iniciativas para incrementar los fondos de ayuda a los damnificados y a la reconstrucción de las zonas afectadas, será difícil que tales recursos no encuentren finalidades electorales al estar administrados por el gobierno en todos sus niveles y adscripciones políticas. La experiencia de procesos anteriores indica que los incentivos para prevenir el uso electoral de recursos públicos poco han servido, a pesar que desde 2014 fueron incluidas causales de nulidad por el uso de recursos públicos en las campañas, así como tipos penales en contra de aquellos funcionarios públicos que condicionen o destinen un servicio o bien a su cargo por el apoyo o perjuicio de opciones políticas.

Entre 2014 y 2017 tres elecciones han sido anuladas por intervención indebida de funcionarios o uso de recursos públicos, a pesar de que las denuncias de estas conductas han sido muchas; el caso más reciente fue el Estado de México, sin que las consecuencias fueran mayores. Las condiciones que deben cumplirse para que se sancione de esta forma el uso de recursos públicos hacen difícil que la nulidad de la elección se convierta en un incentivo eficaz para reducir la influencia —en múltiples modalidades— del poder público en las elecciones en tanto dependa —entre otras cosas— de que la diferencia entre quienes contienden sea estrecha, lo que implica que el uso ilegal de recursos en una elección no tiene sanción electoral si la votación no es cerrada, aun cuando tal resultado haya sido consecuencia directa de hechos ilegales.

Elecciones anuladas por la intervención de funcionarios públicos (2014 – 2017)

Fuente: elaboración propia con base en Anulómetro.

En materia penal tampoco se han visto resultados contundentes, si bien la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) ha logrado que se sentencien funcionarios públicos por la comisión de delitos electorales, lo cierto es que los casos aún son mínimos y, a pesar del esfuerzo de la FEPADE, las penas en contra de funcionarios públicos no han servido como medio para la disminución de tales prácticas que vulneran profundamente la calidad de nuestras elecciones.

En su lugar, la debilidad del marco regulatorio electoral así como la laxitud en su aplicación constituyen incentivos para que en medio de una catástrofe natural se utilicen los recursos destinados para la emergencia con fines electorales, especialmente considerando que la elección de 2018 representará la más grande de este país desde que inició la llamada transición hacia la democracia.

A partir de esa lógica, y tomando en cuenta que los partidos políticos ya juegan como una carta de cara a la elección, al destinar importantes sumas de dinero a las zonas afectadas por los sismos es fundamental que desde la sociedad civil y desde las autoridades electorales se tomen medidas para evitar que se utilicen estos recursos con fines electorales. Es lo que nosotros denominamos #VigilemoslaAyuda, especialmente considerando que si los institutos políticos renuncian a recibir financiamiento público, más allá de la discusión sobre la posibilidad de hacerlo, ¿de dónde van a sacar recursos para las campañas de 2018?

Ante una desgracia como la vivida en días recientes, que agrava el contexto de desigualdad en México mientras se desarrolla el proceso electoral más grande en la historia reciente, es necesario:

  1. Vigilar que la vía que utilizamos para canalizar la ayuda a las personas efectadas actúe con imparcialidad y solvencia ética en la distribución de los recursos.
  2. Denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades que detectemos, hacerlo en las redes sociales es un buen comienzo, pero también debemos acudir a las instancias oficiales.
  3. Realizar un diagnóstico preciso, transparente e independiente sobre la población afectada por los sismos o por cualquier otro desastre natural, que su ocurrencia no constituya una salvedad permanente a las reglas para garantizar la imparcialidad en el uso de recursos públicos.
  4. Las soluciones a los problemas del país no se terminan con las reformas a las normas electorales, el simple cumplimiento de las ya existentes a través de su demanda por parte de la ciudadanía constituye desde ya la mejor forma de que #VigilemoslaAyuda.

 

@Eleccionesymas

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