La impopularidad de la consulta popular

Dos elecciones sin que se hayan realizado consultas populares son suficiente muestra de que la legislación debe ser reformada.

De acuerdo con la ley que la regula, la consulta popular es el mecanismo de participación a través del cual la ciudadanía expresa su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional mediante la emisión del voto.

Su importancia radica en que la opinión de la ciudadanía es vinculante para los poderes ejecutivo y legislativo, siempre y cuando la participación en la consulta supere al 40 % del listado nominal. La consulta puede proponerse por el Presidente de la República, el 33 % de la Cámara de Diputados o de Senadores y, por la ciudadanía, que es en quien nos centraremos en este texto.

La primera ocasión en la que se pudo realizar algún ejercicio de consulta popular fue en 2015 y el 1º de julio de 2018 será la segunda vez en la que mexicanos y mexicanas podremos ejercer tal derecho.

En 2015 las peticiones de consulta popular fueron sobre diversos temas, todos ellos propuestos a través del mecanismo ideado para la ciudadanía; sin embargo, su impulso partió de los partidos políticos (PAN, PRI, PRD y Morena), no de la ciudadanía por sí misma. A la postre, las solicitudes fueron rechazadas por tratarse de temas restringidos por la legislación.

Temáticas restringidas para someterlas a consulta popular

Fuente: elaboración propia con base en Ley Federal de Consulta Popular (Art. 11).

Para 2018, la fecha para solicitar la realización de la consulta popular venció el 15 de septiembre, ese día no hubo propuesta de consulta proveniente de la sociedad civil, pero sí se presentó una por parte de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) en la cual buscan que el día de la elección la ciudadanía vote sobre la implementación del mando único policial. La pregunta propuesta es:

¿Estás de acuerdo en que nuestro país tenga 32 policías profesionales, una por cada estado, en lugar de las más de 1,800 policías municipales que, de acuerdo a distintos estudios, están mal capacitadas, mal equipadas y mal coordinadas?

Al ser una consulta propuesta por una de las cámaras del Congreso, su constitucionalidad será revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sin pasar por la revisión previa del Instituto Nacional Electoral (INE). La SCJN deberá valorar distintos aspectos, tales como: que no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; el lenguaje empleado y que de ella derive una respuesta positiva o negativa. Sin prejuzgar sobre el contenido de la pregunta, de ello dependerá que en 2018 se implemente por primera ocasión la consulta.

¿Desinterés ciudadano o procedimiento irrealizable?

En cierta medida sí se puede hablar de desinterés por parte de la ciudadanía, pues tanto para la elección de 2015 como la de 2018 no se han impulsado consultas desde la sociedad civil. Para 2018 existen algunos referentes; sin embargo, no hay evidencia de que hayan continuado con el trámite requerido[1].

Esto se puede deber a que las restricciones legales y los mecanismos para cristalizar una consulta popular emanada desde la ciudadanía son un componente que no sirven como estímulo. Por ejemplo, dos de las peticiones más populares en change.org #QuitenRegistroalVerde o #PartidosdenNuestroDinero (que al día de hoy alcanza más de 1.8 millones de firmantes) no podrían ser sometidas a consulta popular, ya que los temas sobre los que versan, al tratarse de cuestiones electorales, se encuentran prohibidos por la ley.

Otro de los obstáculos para que la ciudadanía proponga una consulta popular es la cantidad de firmas que se requieren, pues se necesita que el 2 % del listado nominal (poco menos de 2 millones de firmas), apoye la propuesta; muy por encima del 0.26 % de militantes requeridos a los partidos políticos para conservar su registro.

Número de firmas o militantes requeridos

*Con base en el padrón electoral de la elección de 2015.

Fuente: elaboración propia con base en datos del listado nominal al 31 de agosto de 2017 y al 6 de octubre de 2017.

Si a lo anterior sumamos el complejo procedimiento a seguir, que pasa en primer lugar por alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, el INE que debe verificar con reglas ambiguas el porcentaje requerido y la SCJN. Es difícil considerar que la ciudadanía pueda ser del todo responsable de la falta de consultas populares durante las elecciones federales.

Entonces deriva en una demanda impostergable que la sociedad civil lleve a discusión las reglas que operan para este y otros mecanismos de participación ciudadana, pues tal y como ha ocurrido en otros temas como las candidaturas independientes, pareciera ser que la legislación las contempla sólo en funciones de bálsamo, pero estableciendo reglas complejas e irrealizables que terminan por apagar dicho instrumento de participación ciudadana.

Paradójicamente, las reglas sobre la consulta popular no pueden modificarse como producto de una consulta popular; no obstante, tal demanda podría surgir en los próximos meses como resultado directo de la búsqueda de canales institucionalizados de una ciudadanía que en las últimas semanas ha dado muestra de su interés en ser parte de los asuntos públicos del país.

Más aun ante el uso de nuevas tecnologías de la información, de las que cabe destacar el esfuerzo del INE al generar una app en la que se podrían recabar firmas para la consulta popular. A pesar de las dificultades, el uso de herramientas como Change.org son muestra de la capacidad de organización de la ciudadanía en torno a los asuntos de interés público que podrían servir para que en las elecciones de 2021 finalmente contemos con una consulta popular emanada de la ciudadanía, posiblemente luego de que la ley se reforme pasado el proceso electoral y quizás se incluyan algunos otros mecanismos de participación ciudadana. Dos elecciones sin que se hayan realizado consultas populares son suficiente muestra de que la legislación debe ser reformada.

 

@Eleccionesymas

 

[1] El pasado 27 de septiembre se archivó la solicitud de consulta popular denominada “Obligación del Estado de proteger toda vida humana” al no haberse formalizado la solicitud y un día después, tres solicitudes por igual circunstancia.

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