FEPADE: sin filias ni fobias

La destitución de Santiago Nieto de la FEPADE bajo motivaciones cuestionables es preocupante, especialmente en el contexto de inseguridad y corrupción que vive el país.

El jueves 19 de febrero de 2015, con 97 votos a favor y una abstención, las distintas expresiones políticas que integran el Senado de la República aprobaron, entre un universo de 19 aspirantes, la designación de Santiago Nieto Castillo como Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Su cargo tendría que concluir el próximo 30 de noviembre de 2018; sin embargo, el viernes fue removido de forma anticipada desde el despacho del encargado de la Procuraduría General de la República (PGR).

La importancia del cargo no es menor, si se considera que históricamente se han documentado diversos episodios de clientelismo y corporativismo político, financiamiento de la política a través de recursos ilegales, entre otros que de manera constante afectan la calidad de las elecciones.

Ante la endeble justificación de la PGR para destituir al fiscal electoral, distintas expresiones políticas, académicos, miembros de la sociedad civil y funcionarios de instituciones electorales hemos coincidido en la vulnerabilidad que supone la remoción del fiscal para la gobernanza electoral mexicana. Especialmente en el arranque de un proceso electoral que será el más grande en la historia del país y que, desde ahora, se vislumbra sumamente competido.

Desde 1977, las reformas electorales han sido el vehículo para que la administración y la justicia comicial sean garantía en su respectivo ámbito de competencia. Pese a esto no fue sino hasta la publicación de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y a la subsecuente llegada de Santiago Nieto a la FEPADE, que la fiscalía figuró por sus acciones en contra de los delitos electorales.

La circunstancia actual evidencia una realidad preocupante en la persecución de los delitos electorales en el país. A nivel local, desde 2014 las legislaturas tenían la obligación de conformar fiscalías especializadas para la atención de dichos ilícitos; no obstante, hasta julio de 2017 sólo en 16 estados se habían conformado, y sus características generales no son idóneas para la persecución de los delitos electorales.

Ilustración 1 Entidades de la República que cuentan con fiscalías locales para la atención de los delitos electorales

Fuente: elaboración propia con información de la presidencia de la Asociación de Fiscales Especiales en Materia de Delitos Electorales en México, A.C. (Julio, 2017)

Ante dicho panorama, la administración de Santiago Nieto ha adquirido una notoriedad importante al operar con eficiencia tanto en elecciones federales como locales, a pesar de que no cuenta con suficiente personal y presupuesto. Desde 2014, la FEPADE se ha caracterizado por ir más allá de la persecución de delitos sobre el Registro Federal de Electores que hasta entonces constituían casi toda la estadística institucional.

En los últimos años, la prensa ha dado cobertura a distintos casos de la FEPADE, entre los que han destacado una cantidad importante de asuntos en contra de servidores públicos de todos los niveles, ministros de culto, partidos políticos, autoridades electorales y prácticamente cualquier infractor a la legislación que tipifica los delitos electorales. A manera de ejemplo, tan sólo de enero a julio de 2017, la FEPADE abrió carpetas de investigación en contra de militantes y/o dirigentes de todos y cada uno de los partidos políticos.

Gráfica 1 Número de militantes y/o dirigentes de partidos políticos inculpados (enero a julio 2017)

Fuente: elaboración propia con base en datos de la FEPADE.

Fuente: elaboración propia con base en datos de la FEPADE.

Los datos presentados son evidencia del papel que juega la FEPADE en el entramado institucional electoral, así como de la autonomía, independencia e imparcialidad en el desempeño. En este periodo también se ha perseguido de manera destacada la violencia política de género y el uso de recursos públicos con fines electorales.

El incremento de la participación política de la mujer en México ha traído como consecuencia que ocurran actos que buscan menoscabar sus derechos políticos y que imposibilitan que la igualdad sustantiva entre los géneros sea una realidad. A pesar de la inexistencia de tipos específicos sobre la violencia política de género, es un hecho que desde la FEPADE se ha encontrado a un actor clave para su identificación y luego, su persecución.

Gráfica 2 Casos de violencia política de género atendidos por la FEPADE

Fuente: elaboración propia con base en datos de la FEPADE.

Fuente: elaboración propia con base en datos de la FEPADE.

Diversas voces que nos hemos pronunciado en contra de la arbitraria destitución de Santiago Nieto, reconocemos su trabajo a partir de resultados tangibles. Su destitución bajo motivaciones cuestionables es preocupante, especialmente en el contexto de inseguridad y corrupción que vive el país, pues constituye un catalizador de un posible conflicto postelectoral en 2018, cuya narrativa se ha construido desde ya con base en la desconfianza en las autoridades electorales por su supuesta parcialidad.

Ahora será el Senado de la República en su conjunto y cada una de las senadoras y senadores, quienes decidirán no sólo la permanencia de Santiago Nieto como fiscal electoral, sino el rumbo que quieren que tome el proceso electoral de 2018, especialmente bajo la consideración de que, en las circunstancias bajo las cuales se destituyó al fiscal, quien ocupe su lugar iniciará el encargo deslegitimado.

 

@Eleccionesymas

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