El Senado y las designaciones pendientes

Los 128 senadores tienen en sus manos la responsabilidad de nombrar a quienes ocuparán cargos de alto nivel y que pueden dictar el rumbo del país.

El Senado de la República tiene la facultad de realizar una importante cantidad de designaciones y ratificaciones de funcionarios públicos de alto nivel. En materia electoral, desde 2014 incrementó el número de cargos sobre los que tienen soberanía en su designación, lo que ha dejado al descubierto procesos distantes del cumplimiento de los presupuestos que motivaron que en el Senado se eligiera a distintos funcionarios electorales.

I. Tribunales electorales locales. Los tribunales electorales locales anteriormente eran integrados por las legislaturas locales. El tránsito en su designación se impulsó por la supuesta falta de autonomía e independencia de tales autoridades frente a los poderes locales; por tal motivo, se determinó que el Senado condujera y concluyera las designaciones. La reforma de febrero de 2014 estableció que los órganos jurisdiccionales se integraran antes del inicio de los procesos electorales de cada una de las entidades federativas; sin embargo, no fue sino hasta abril de 2017 que finalmente se eligieron a la totalidad de los tribunales electorales locales cuando esto tuvo que ocurrir con anterioridad.

Los procedimientos para integrarlos no garantizaron de manera plena la designación de magistrados y magistradas que, dadas sus características personales y profesionales, permitieran sugerir una actuación autónoma e independiente de los actores políticos. Esto es así, pues para distintos órganos jurisdiccionales se designaron perfiles que además de que contaban con una militancia partidista, tenían un historial en la representación o dirigencia de los partidos políticos.

Cabe mencionar que los procesos para los nombramientos han carecido de elementos mínimos de transparencia y rendición de cuentas, pues la opinión pública sólo ha podido conocer los nombres de quienes aspiraron a tales cargos, mientras que sus perfiles curriculares, su desempeño en las etapas del procedimiento o cualquier información que dotara de certeza a las designaciones, no se hicieron públicas.

Ante tal precedente, el Senado tiene pendiente la designación de 18 integrantes de 15 tribunales electorales locales, en cuyas entidades se celebrarán elecciones en 2018.

II. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El Senado comparte con la Suprema Corte de Justicia de la Nación la obligación de integrar las distintas salas del TEPJF; no obstante, la designación final recae exclusivamente en el legislativo.

A finales de 2016 fue por todos conocida la designación de nuevos integrantes de la Sala Superior, en donde se trastocó el modelo de escalonamiento establecido en la legislación al ampliarse discrecionalmente el periodo de algunos de los magistrados que calificarán la próxima elección a la Presidencia de la República.

Por otro lado, para septiembre de 2017, el Senado ya debió haber designado quién ocupará la vacante que dejó uno de los magistrados de la Sala Regional Especializada, cuyo cargo concluyó. A la fecha, el nombramiento sigue pendiente a pesar de que la SCJN envió de manera oportuna la terna de aspirantes a obtener el cargo, aunque el Senado ha hecho caso omiso al realizar la designación que constitucionalmente le corresponde.

III. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). La FEPADE es el nuevo pendiente del Senado. La remoción de Santiago Nieto Castillo como fiscal electoral ha sido polémica y causal de una crisis política en el legislativo, pues a pesar de que el Senado contaba con la posibilidad de objetar dicha remoción, se privó a sí mismo de hacerlo y, por ende, se inició un nuevo proceso de designación.

El 16 de noviembre el Pleno votó la convocatoria para elegir a la nueva persona que encabece a la FEPADE, esto en medio del proceso electoral más grande y complejo en la historia reciente de nuestro país.

Después de un arduo debate, en el Pleno se modificó la propuesta realizada por la Junta de Coordinación Política y se optó por suprimir la restricción para participar en la designación a quienes hubieran desempeñado cargos de representación o dirigencia partidaria en los últimos 6 años.

Fuente: elaboración propia.

La supresión de dicho requisito no sólo deja ver que el proceso de designación será a modo, sino que establece un precedente que compromete de manera preocupante la imparcialidad e independencia del próximo titular del órgano encargado de perseguir los delitos electorales, entre ellos, los cometidos por servidores públicos, candidatos y dirigentes partidistas.

El proceso electoral de 2018 será sumamente importante: las diferentes fuerzas políticas se juegan al menos del 80% de su capital político, y además se renovarán los órganos de gobierno en 30 de las 32 entidades federativas y en su totalidad a nivel federal. Si queremos que impere la calidad de las elecciones y evitar que la narrativa del fraude electoral sea el arma de los perdedores para descalificar los comicios y a las autoridades electorales, el Senado debe comenzar por tomar en serio su papel y designar de manera inmediata a los magistrados, magistradas y al fiscal electoral, forma que las autoridades electorales de todo el país estén debidamente integradas en los tiempos establecidos.

 

@eleccionesymas

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