Por qué preocupan las iniciativas sobre el Ejército

Darle un marco jurídico a las fuerzas armadas para que se mantengan haciendo tareas de seguridad pública es como resignarnos a nunca tener policías profesionales y confiables.

Por: Marcela Figueroa

Durante los últimos meses, se ha desatado un intenso debate entre expertos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y legisladores acerca de un concepto que hasta entonces era prácticamente desconocido: la Seguridad Interior. Todo empezó en 2015, recién iniciada la actual legislatura, cuando el diputado del PAN y presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados, Jorge Ramos, presentó una iniciativa en la que proponía agregar una sección sobre “Seguridad Interior” a la Ley de Seguridad Nacional. Como el tema no era coyuntural, la iniciativa pasó prácticamente desapercibida.

Fue casi un año después, en septiembre de 2016, que el senador, también del PAN, Roberto Gil Zuarth, y el diputado del PRI, César Camacho, presentaron, con poco más de un mes de diferencia, sus respectivas iniciativas en materia de Seguridad Interior. A diferencia de la de Ramos, las iniciativas de Gil Zuarth y Camacho proponen la promulgación de una ley exclusiva en la materia. A principios de 2017, a estas propuestas se sumó la del senador del PRD, Luis Miguel Barbosa que va en la misma línea, al menos de forma, que la de Gil Zuarth y Camacho.

Fuente. Elaboración propia. Causa en Común.

En general, el objetivo detrás de todas las iniciativas es darle un marco jurídico a las Fuerzas Armadas para que puedan ejercer facultades en el ámbito de la seguridad pública. La justificación detrás de todo esto es que el Ejército y la Marina llevan una década actuando sin una normatividad y que resulta urgente darles certidumbre jurídica. ¿Es correcta esta lógica? En principio sí, aunque hay que recordar por qué las Fuerzas Armadas están ejerciendo funciones de seguridad pública y entender cuál es el problema de origen.

¿Cómo llegamos aquí?

En diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón apenas empezaba su sexenio, el ex gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, pidió al nuevo presidente apoyo urgente para combatir la creciente inseguridad en el estado. Calderón respondió con el anuncio de la Operación Conjunta Michoacán, con la que se desplegaron 5,000 miembros de las fuerzas armadas a la entidad.

Aunque el Ejército y la Marina habían participado por décadas en apoyo a labores de seguridad pública, con anterioridad los objetivos se enfocaban a misiones concretas como la erradicación de plantíos ilegales, y por periodos cortos o establecidos. Es a partir de esta fecha que el gobierno federal empieza a desplegar a las Fuerzas Armadas con una misión tan amplia como “la lucha en contra del crimen organizado”, y sin una temporalidad definida.

De esta manera, los militares y marinos, tuvieron que asumir la responsabilidad de la seguridad pública en muchas localidades en los que las autoridades vieron rebasadas sus capacidades ante la embestida del crimen organizado. Ante la falta de una misión concreta, aunado a la falta de policías confiables, pronto se pudieron ver estampas de militares patrullando las calles, pero también de elementos del ejército dirigiendo el tránsito en horas pico. Todo esto, hay que decir, sin que al mismo tiempo se ejerciera algún mecanismo de control supervisión y evaluación, lo cual ha provocado una serie de violaciones a los derechos humanos, tanto de víctimas como de presuntos delincuentes. Esto aunado a las ya decenas de casos en los que se involucra a la Marina y al Ejército en desaparición de personas.

Sin embargo, una década después de iniciados estos operativos, no existe evidencia de que el despliegue militar haya reducido la violencia (sino todo lo contrario) y sí ha desgastado a las fuerzas armadas en tareas que no les corresponden constitucionalmente y para las que no están preparadas (algo en lo que incluso ha enfatizado el actual secretario de la defensa). Además, ha generado una especie de círculo vicioso, en el que, ante el reto que implica reformar a las policías estatales, los gobiernos estatales no han querido asumir esta tarea, prefiriendo mantener a las Fuerzas Armadas al mando de la seguridad pública de sus estados. Esto a su vez ha provocado que, actualmente, existan zonas del país en las que resultaría imposible retirar a las fuerzas armadas de estas funciones, debido a que esto dejaría prácticamente desprotegida a la población ante la ausencia de cuerpos de policía confiables.

¿Las iniciativas de Seguridad Interior resuelven estos problemas?

Absolutamente no. Las iniciativas no sólo surgen como respuesta al reclamo, válido, de las Fuerzas Armadas ante la falta de normatividad en la materia. Surgen también como una especie de resignación. Los legisladores están afirmando que las autoridades civiles no van a poder aplicar una reforma policial integral, que nunca vamos a poder tener policías confiables y profesionales y que los militares y marinos tendrán que seguir ejerciendo estas labores, sí, por tiempo indefinido.

Basta, además, con revisar algunos de los planteamientos de las iniciativas para que estas causen aún mayor preocupación. Van sólo tres ejemplos:

  1. Falta de claridad en cuanto al concepto de seguridad interior. Cabe resaltar que el único lugar en toda la legislación mexicana en donde se menciona el concepto de seguridad interior es en el artículo 89 constitucional, el cual enumera las facultades del poder ejecutivo, y específicamente en la fracción VI que a la letra dice: “preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Al no existir referencia al concepto, cada iniciativa hace su propia interpretación lo que resulta en una confusión en cuanto a los términos de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, lo que genera ambigüedades en la asignación de responsabilidades entre cuerpos civiles y militares. Además, y al no existir el término en alguna otra parte de la Constitución, en estricto sentido los legisladores no tienen facultad para legislar en la materia, lo que podría generar futuros obstáculos si esta se llegara a aprobar.
  1. Falta de claridad en cuanto a la denominada “declaratoria de afectación a la seguridad interior”. En específico en la iniciativa de Camacho, el ejecutivo podría decretar que existen amenazas a la seguridad interior y declarar la afectación sin ningún tipo de mediación, aprobación o supervisión del Congreso. El concepto además es tan amplio que podría autorizar el uso de la fuerza militar ante cualquier tipo de “resistencia no agresiva, agresiva o grave” (esto último es lo que ha sido interpretado por muchos analistas como una posible represión a manifestaciones pacíficas). Incluye supuestos tan genéricos como “cualquier otro acto o hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas” u objetivos tan amplios como “preservar el orden constitucional, el Estado de derecho, la gobernabilidad democrática y los derechos humanos en todo el territorio nacional para garantizar condiciones de desarrollo de la población”.
  1. Las iniciativas no toman en cuenta que las Fuerzas Armadas tienen un régimen jurídico especial (fuero militar). Al otorgarles tantas facultades al Ejército y la Marina, sobre todo en lo referente a investigación, prevención, sanción y persecución del delito, la propuesta tendría que incluir un régimen de responsabilidad civil ante posibles violaciones a derechos humanos, así como mecanismos de supervisión y evaluación de las acciones y operativos implementados por las Fuerzas Armadas, de conformidad con criterios de transparencia y rendición de cuentas.

¿Qué hacer entonces?

En primer lugar y por las razones ya mencionadas, se considera innecesario y peligroso promulgar una Ley de Seguridad Interior. Una ley en esta materia no resolverá el problema de fondo que es la falta de policías confiables y profesionales. Es más, ninguna de estas iniciativas contempla un plan o estrategia paralela para el retiro de las Fuerzas Armadas. Como ya se dijo, aprobar una ley de esta naturaleza sería resignarnos nunca tener autoridades civiles competentes que puedan hacerse cargo de la seguridad pública. Es legalizar y normalizar algo que debió ser una excepción.

En este sentido desde Causa en Común se proponen dos opciones complementarias:

a) Modificar en lo necesario la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública a fin de incorporar las sanciones e incentivos necesarios para dar cumplimiento a las reformas orgánicas y estructurales que las Policías Federal, estatales y municipales urgentemente requieren.

b) Reglamentación al artículo 29 constitucional para que queden claramente establecidos los casos de suspensión de garantías y se especifiquen las situaciones de excepción. En esta ley reglamentaria se deberán incluir contrapesos del poder legislativo y judicial, así como los mecanismos de responsabilidad para los gobiernos locales que se declaren incapaces de cumplir con su mandato constitucional de proveer seguridad pública. Además, se deberán definir los mecanismos de control y rendición de cuentas y la normatividad relativa al uso de la fuerza y armamento.

 

* Marcela Figueroa es investigadora de @causaencomun.

Close
Comentarios