La Tlacuila

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Perfil Margarita Warnholtz Locht (la tlacuila) es etnóloga egresada de la ENAH. Trabajó muchos años con organizaciones indígenas en cuestiones de comunicación, entre otras, coordinó un proyecto de incorporación de organizaciones indígenas a internet a finales de los 90, proyecto con el cual se convirtió en fellow de Ashoka (red internacional de emprendedores sociales). En los últimos años se ha dedicado a difundir información de los pueblos indígenas en la prensa escrita, colaborando con diarios como Excélsior en 2006 y Milenio de 2007 a 2010.

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Justicia injusta para Patishtán

El viernes pasado (19 de abril), en Chiapas, mientras decenas de indígenas esperaban por horas la llegada del presidente Peña Nieto al acto de inicio de la cruzada contra el hambre en Zinacantán, en Tuxtla Gutiérrez se llevaba a cabo una peregrinación- manifestación exigiendo la liberación del maestro tzotzil Alberto Patishtán, preso desde hace 13 años, acusado de haber participado en el asesinato de siete policías estatales en junio de 2000 y condenado a 60 años de prisión.

La protesta no se dio solamente en la capital chiapaneca, sino que se extendió al DF y a diversas ciudades del mundo, respaldada por casi 300 organizaciones no gubernamentales de México y otros países, e incluyó una campaña en Twitter y otra solicitando firmas de apoyo vía Internet.  Organizaciones como Amnistía Internacional se han sumado a la demanda de liberación de Patishtán debido a la detección de serias fallas en el proceso (por ejemplo, no se tomó en cuenta a los testigos que lo vieron dando clases en el momento de los hechos); a que es considerado preso político por su enemistad con el entonces alcalde del municipio de El Bosque, lugar a donde se dirigían los policías emboscados, y debido a su simpatía por el EZLN, movimiento del cual no era integrante (para los que no conozcan el asunto, aquí y aquí  hay más información). La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el caso, que volvió al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en Tuxtla Gutiérrez, el cual debe presentar su fallo en estos días, que esperemos sea favorable. Muchos nos preguntamos por qué la SCJN no tomó el caso, ¿tendrá algo que ver con que sea tzotzil y no francés?

En nuestro país hay más de ocho mil presos indígenas. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (aquí está su último comunicado sobre el tema), la mayoría de ellos desconoce por qué se encuentran privados de su libertad y en muchas ocasiones se viola su derecho al debido proceso pues “no reciben asesoría jurídica inmediata, carecen de intérpretes, traductores o defensores públicos especializados” y en muchas ocasiones son además víctimas de detenciones arbitrarias y malos tratos. Ni los agentes del Ministerio Público, ni los jueces ni los defensores (salvo muy raras excepciones) conocen los idiomas indígenas que se hablan en su región y menos aún los usos y costumbres de los pueblos. Por otra parte, hay muy pocos intérpretes certificados, menos del 20% de los indígenas detenidos puede acceder a alguno y si les permiten tener un intérprete no certificado generalmente no les sirve de mucho, pues no están familiarizados con los términos legales.

El 18 de abril, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se Modifican los Lineamientos Generales y Específicos para el Proyecto Excarcelación de Presos Indígenas” (aquí está). Es la nueva versión del que se había publicado el 14 de julio de 2011 y que queda sin efecto a partir de que entra en vigor el actual. Revisándolo, veo que hay pocos cambios y que si bien es importante que exista el mencionado proyecto y que la CDI brinde apoyo a los indígenas presos o con problemas legales, dista mucho de cubrir realmente las necesidades que hay en ese sentido.

Para empezar, cualquier apoyo que se dé depende de la “disponibilidad presupuestal”. Busqué en el Portal de Transparencia el monto anual asignado al proyecto y aparece así: $3¿089,167.26, supongo que serán 30 millones y pico, pero no me consta. Y quién sabe cuánto sea para salarios, gastos de operación, y cuánto directamente para los afectados. El caso es que si un indígena es detenido en diciembre y ya no hay presupuesto, ya no le paga su intérprete la CDI ni accede a ningún otro de los beneficios del programa. En cuanto a los traductores, dice el documento que “de preferencia” deberán hablar la lengua de la localidad del indiciado, esperemos que no pase como con los maestros bilingües que mandan mixtecos a la región mixe, por ejemplo…

Por otro lado, para acceder al apoyo del proyecto el posible beneficiario debe presentar una solicitud por escrito a la CDI, que puede hacer él u otra persona, pero si no sabe hablar español tampoco sabe escribirlo, entonces, ¿si no tiene quien se la haga? Más bien debería ser obligación del Ministerio Público avisar a la CDI cuando hay una persona indígena detenida, creo yo. Y más bien debería haber jueces y defensores que hablaran el idioma de la región. Otra cosa que me llamó la atención es que en el cuestionario que les aplican para ver si son elegibles para el apoyo les preguntan si tienen tatuajes y qué significan éstos, pregunta a la que no le encuentro sentido alguno.

El caso es que, si de por sí nuestro sistema de justicia tiene muchas fallas, es más injusto todavía con los indígenas.

Y hablando de justicia y de leyes, me da gusto que los senadores hayan incluido a los pueblos indígenas en la nueva Ley de Telecomunicaciones y, según acabo de ver, ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en lo general. Esperemos que se cumpla…

 

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