A la espera del sofá para dialogar

Excelente noticia que se intente reanudar el diálogo con los zapatistas y que se retome la iniciativa de ley en cuestión con todo y elementos nuevos. El único problema es que, hasta donde se sabe, el EZLN no tiene por el momento ninguna intención de dialogar con el gobierno federal y menos con la COCOPA (así sea restablecida), en tanto no se cumplan los acuerdos de San Andrés.

El comisionado del Gobierno federal para el diálogo con los pueblos indígenas, Jaime Martínez Veloz, anunció esta semana una nueva estrategia para reactivar el diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Ésta incluye sacar de la cárcel a Alberto Patishtán Gómez (a quien realizó el lunes pasado una visita, después de la cual declaró que “su inocencia es totalmente clara”), restablecer la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), nombrar un comisionado para el diálogo y reactivar la iniciativa de ley que contiene los Acuerdos de San Andrés, agregándole nuevos elementos de la legislación internacional. En este sentido, se refirió particularmente a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También comentó que se agregarían a la iniciativa elementos del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual, según dijo, “se define que las comunidades indígenas serán reconocidas como entidades de derecho público”.

Me parece excelente que se intente reanudar el diálogo con los zapatistas y que se retome la iniciativa de ley en cuestión con todo y elementos nuevos, pues después de tantos años definitivamente requiere de una actualización. Aunque revisando el Plan Nacional de Desarrollo, no encontré en ningún lado eso de que las comunidades indígenas serán reconocidas como entidades de derecho público, punto que me parece fundamental, pero ojalá se agregue, esté o no en el mencionado plan.

Habrá que esperar una respuesta de los zapatistas, quienes, hasta donde yo sé, no tienen por el momento ninguna intención de dialogar con el gobierno federal y menos con la COCOPA (así sea restablecida), a la cual han criticado en varios comunicados. Según lo que han planteado (aquí, por ejemplo), entiendo que si acaso iniciaran un diálogo, sería una vez que se cumplan los acuerdos de San Andrés, es decir, ya que por lo menos se aprobara la iniciativa de ley en cuestión.

Creo que la liberación de Patishtán es sin duda también un elemento indispensable para cualquier intento de acercamiento con el EZLN, pero ¿qué pasará con los demás presos políticos indígenas? En el Pronunciamiento de la cátedra “Tata Juan Chávez Alonso”del Congreso Nacional Indígena, fechado el 18 de agosto pasado, después de la reunión realizada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se exige la liberación de otras 16 personas indígenas presas en varios estados del país. Me pregunto si, de darse algún diálogo con los zapatistas, serán incluidas en la agenda.

Los que seguramente seguirán sin ser tomados en cuenta son el resto de los cerca de 8 mil presos indígenas que hay en México, de los cuales muchos, muchísimos, están detenidos porque no contaron con intérprete, ni con asesoría jurídica oportuna, es decir, se violó su derecho al debido proceso. Muchos, también, son detenidos de manera arbitraria.

Sobre este tema tuve hace poco una conversación con Antonio Victoriano Hernández, mixteco de Cochoapa el Grande, que ejerce como intérprete desde hace varios años en Guerrero. Inició contratado por la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) estatal, pero con el cambio de gobierno lo despidieron y entonces continuó haciéndola de traductor y asesor de presos mixtecos a petición directa de ellos o sus familiares, porque se corrió la voz de que era muy eficiente, y le tienen más confianza que a los actuales intérpretes de la SAI.

Victoriano me contaba que la mayoría de los detenidos que atiende no son culpables, que los detienen, por ejemplo, cuando están cerca de los sembradíos de amapola que hay en la zona, aunque solamente “pasaban por ahí para ir a su milpa”. Con los años que tiene de experiencia, Antonio no solamente sirve de intérprete, sino que los apoya de otras formas. Como ya conoce a los defensores de oficio de la zona, les consigue a los mejores, me contaba que hay dos que de verdad se preocupan por ellos, a diferencia de otros que “no hacen nada, nomás se presentan pero ni estudian el caso”. Cuando es necesario, acude a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y presenta la denuncia por ellos, incluso en algunos casos ha acudido a la nacional, haciendo el viaje hasta el DF. También, cuando procede, les ayuda a conseguir la fianza, en la SAI o la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y si allí no la obtiene, se va a buscar apoyo entre los diputados locales o federales o “con quien consiga”. Y le da seguimiento a cada caso hasta el final, “hasta que queden libres si son inocentes, o con sentencia si se demuestra que son culpables”.

Sin ser abogado ni mucho menos (terminó la primaria y está estudiando secundaria abierta), Victoriano Hernández conoce ya mucho sobre derecho penal, se sabe casi de memoria el artículo segundo constitucional (referente a los derechos de los pueblos indígenas) y se sabe mover en los juzgados, por lo que realmente ha ayudado a muchos mixtecos acusados injustamente a obtener su libertad. Además, cuando los detenidos no tienen para pagarle, no les cobra, solamente pide que le cubran sus gastos, pues con su otro trabajo (atiende un puesto de dulces en Chilpancingo), no le alcanza para solventarlos.

Desafortunadamente en el país hay muy pocos traductores para la cantidad de indígenas que son detenidos arbitrariamente con frecuencia. Y no creo que haya más (o serán muuuy pocos) como Antonio Victoriano.

En la única reunión que tuvo como presidente electo Enrique Peña Nieto con pueblos indígenas, en San Felipe del Progreso, Estado de México, se comprometió a que no habría ningún preso indígena más por falta de defensores de oficio bilingües, y afirmó que promovería defensorías bilingües. A unos días de su primer informe de gobierno, no he visto que se haya implementado ningún programa o proyecto para formar este tipo de defensores, y si bien hay un poco más de intérpretes de los que había al inicio de su gobierno, siguen siendo, por muchísimo, insuficientes.

Me pregunto si el presidente Peña Nieto tocará el tema en el informe y qué más dirá sobre los pueblos indígenas. Obviamente no se van a resolver todos los problemas en un año, pero no se ven muchos avances. No solamente sigue habiendo presos sin defensores bilingües, sino que continúa el abuso hacia los pueblos indígenas, el despojo de sus territorios, los asesinatos de líderes (el más reciente el de Arturo Pimentel en Oaxaca), la discriminación, y la marginación. Probablemente lo que mencione sea lo de la estrategia para reiniciar el diálogo con los zapatistas, que casualmente se acaba de anunciar, pero no hay que olvidar que no todos los indígenas son el EZLN. Además, eso no va a resolver la marginación en la que se encuentran, y ya vimos que la cruzada contra el hambre tampoco ha prosperado mucho.

Mientras tanto, por ejemplo, los gobernadores tradicionales guarijíos siguen esperando una respuesta de la directora de la CDI, Nuvia Mayorga, a la carta que le enviaron el 29 de julio solicitando su intervención en el asunto de la construcción de una presa en su territorio (tema del que hay información aquí y aquí). Tal vez esté esperando a que le llegue su sofá de 60 mil pesos para atenderlos “dignamente”.

 

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