Prevención del embarazo adolescente: todo un parto

A nueve meses de anunciada, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes carece de presupuesto asignado, no cuenta con reglas de evaluación y seguimiento, y no hay coordinación institucional para aplicarla.

Por: Brando Flores (@ciudadanobrando), Alejandra Tapia (@Nefertale), Ángel Ruiz (@ruizangelt) y Rubén López

El parto terminó: en octubre se cumplen nueve meses desde que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunciara con bombo y platillo la puesta en marcha de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA). En ese acto oficial el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, abrió el evento apuntando que “la obligación y el compromiso del gobierno con la infancia y adolescencia es traducir los derechos abstractos en realidades concretas”.

La ENAPEA quedó coordinada por la Secretaría de Gobernación a través del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), dependencias que establecieron las líneas de colaboración con otras instituciones para su diseño e implementación.

Enfocada en ámbitos entre los que destacan la intersectorialidad, la investigación y evidencia científica, la evaluación y rendición de cuentas, la ciudadanía y salud sexual y reproductiva, perspectiva de género, curso y proyecto de vida y la corresponsabilidad o participación juvenil, la estrategia se plantea reducir el número de embarazos en adolescentes en México en un periodo de 15 años.

Para un país donde la regla es el corto plazo y el cambio de proyectos se da con el cambio de siglas políticas, resulta interesante la propuesta aunque complicada de cumplirse ante tal panorama.

México a la cabeza

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), desde 2013 señala a México como el país integrante de dicho organismo con la Tasa de Fecundidad más alta entre jóvenes de 12 a 19 años de edad, hecho que probablemente detonó el establecimiento de la ENAPEA.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2014 (ENADID) 44.9% de las adolescentes de 15 a 19 años, sexualmente activas, declaró no haber usado un método anticonceptivo durante su primera relación sexual. Además, entre las adolescentes del mismo rango de edad, el número de nacimientos por cada mil mujeres es de 77.

Otras cifras nos revelan que de 1990 a 2012 se registraron 28,961 muertes maternas, de las cuales 3,757 fueron en adolescentes de 10 a 19 años.[1]

También es conocido que los riesgos de un embarazo en la adolescencia están fuertemente asociados con la perpetuación de condiciones de pobreza y desigualdad de género.[2]

¿Dónde quedó la bolita?

El discurso de Osorio Chong se volvió una invitación a revisar en qué medida la ENAPEA ha avanzado en esa traducción de derechos para el sector de la población a quienes está dirigida.

El Gobierno Federal instó a CONAPO y al INMUJERES para establecer las líneas de colaboración de lo cual resultó el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA), en el que también participan SEDESOL, SSA, SEP, IMSS, ISSSTE, CNEGSR, CENSIDA, IMJUVE, SNDIF, CDI[3], entre otras dependencias, además de invitados de la sociedad civil, organismos internacionales e integrantes de la academia.

A su vez las entidades federativas estaban llamadas a constituir Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), tomando como modelo de referencia el Nacional, que podría adecuarse respetando los arreglos institucionales en cada estado.

Desde el Programa de Investigación del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, realizamos preguntas a las dependencias involucradas a través del Sistema INFOMEX para conocer los avances de la ENAPEA, incluido el presupuesto asignado para la implementación.

Nos encontramos con las siguientes respuestas:

Poca claridad en los avances

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) respondió (No. de Folio 0416000008315) que no existe presupuesto destinado desde su jurisdicción, pero sí participa. Respecto a la conformación de los GEPEA informó que al 14 de septiembre de 2015 se habían instalado en 9 entidades (Veracruz, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Puebla, Colima, Campeche, Coahuila, Estado de México).

INMUJERES respondió (No. De Folio 0610400015715) que a la fecha de la solicitud no había destinado recursos a las entidades federativas para la operatividad y ejecución de la ENAPEA y respecto de la conformación de los GEPEA, elevó a 14 el número estados en los que se habían instalado (Oaxaca, Campeche, Puebla, San Luis Potosí, Chiapas, Jalisco, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, Colima, Durango, Veracruz).

Un caso que destaca es el de Querétaro, que según la información recabada declaró no tener capacidad técnica para instalarlo.

Con esta información, aún faltarían por instalar más de la mitad de los estados del país.

La Secretaría de Educación Pública señaló dos elementos importantes (No. de Folio 0001100464015): el primero, que no había presupuesto etiquetado para la implementación de la estrategia, y en segundo lugar que aunque coordina una serie de programas dirigidos a la prevención del embarazo adolescente, las actividades que se realizan dentro de los planteles federales a su cargo, no se encuentran ubicados en el marco de la ENAPEA, sin especificar si se integrarán posteriormente.

El Centro Nacional de Equidad de Género Y Salud Reproductiva (CNEGSR), (No. de Folio 0001200348715) respondió que no se destina presupuesto a dicha estrategia, aun cuando desde ahí se asigna el presupuesto para por lo menos dos programas específicos: el Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes y el Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción.

Dos instancias a las que de igual forma se consultó fueron el IMSS (No. De Folio 0064101850815) que respondió en los mismo términosno destina presupuesto”, aunque si participa; y el ISSSTE (No. De Folio 0063700448415) que señaló la existencia de componentes para la matriz que une el plan de acción con los objetivos y los indicadores para medir el avance, por parte del Grupo que coordina la ENAPEA. Sin embargo, indicó que no son de dominio púbico y que se presentarán a medios posteriormente.

Otras instancias como IMJUVE o SEDESOL respondieron en términos similares, donde no existe presupuesto ni la información sobre el avance de la estrategia.

Con dichos resultados queda la duda de cómo traducir derechos en realidades sin un presupuesto asignado: ¿será por la falta de recursos que este proyecto está planteado a 15 años? Otra pregunta que surge es ¿cómo afectará a la estrategia el presupuesto base cero…? Y entonces ¿a qué se refirió este fin de semana el presidente Peña Nieto ante la Asamblea General de la ONU, cuando anunció que se intensificarían las acciones para prevenir el embarazo adolescente… ¿con qué ojos? diría mi abuela.

¿A quién le toca entonces?

Las respuestas dejan al descubierto cadenas de responsabilidad contradictorias y se lee entre líneas que serán los grupos estatales (GEPEAs) quienes destinen –en la medida de sus posibilidades y de su voluntad política– lo necesario para que la estrategia nacional no quede en el anecdotario.

Aquí se vuelve relevante saber cómo van a monitorear CONAPO e INMUJERES los avances de la implementación en los estados, más allá del estatus de la instalación de los grupos.

Por otra parte, la respuesta del ISSSTE revela dos posibles cuestiones: a) los objetivos, líneas de acción e indicadores que conectan con la ENAPEA no están bien formulados por lo que no puede hacerlos públicos; ó b) se cuenta con información específica relativa a resultados y no quiere hacerse pública.

Los resultados de las solicitudes de acceso a la información revelan una suerte de descoordinación institucional actual para el funcionamiento de la ENAPEA tal como está planteada.

En este contexto hemos escuchado algunas voces, como la de Marta Lamas o Gabriela Rodríguez, quienes han apuntado una y otra vez la necesidad de presupuestos, políticas públicas e implementaciones intersectoriales coordinadas con los conocimientos y herramientas suficientes para obtener resultados positivos.

Hoy en día el presupuesto público es la evidencia más clara de la prioridad que le dan los gobiernos a un problema de interés público como las altas tasas de embarazo adolescente. Para que una iniciativa de este tamaño no quede sólo en buenas intenciones, es muy importante poner atención al tema de los recursos, justo ahora que se discute en distintos espacios de toma de decisiones.

Apuntes finales

El ejercicio de acceso a la información destapa algunos puntos para la reflexión:

  1. Se aprecia una descoordinación institucional en varios niveles, pero sobre todo una desconexión entre las dependencias de gobiernos estatales y la relación con sus homólogos federales.
  1. La existencia de escasos avances plantea dudas sobre cómo podrá llevarse a cabo la ENAPEA si no se cuenta con los recursos presupuestales, de evaluación y seguimiento a casi 9 meses de anunciarse.
  1. Esto puede sugerir que la estrategia está destinada al fracaso mea culpa de las entidades federativas, o bien, que tendrá éxito sin saber realmente cómo se logró. El papel de la asignación presupuestal del CNEGSR se vuelve relevante para la puesta en marcha en las entidades.
  1. Si las respuestas arrojadas por las Unidades de Enlace de Acceso a la Información de las Dependencias en cuestión no son ciertas o no han sido validadas, por la razón que sea, quiere decir entonces que nuestro derecho a la información le importa poco a los entes obligados y no pasa nada.
  1. Todo parece indicar que la estrategia recaerá principalmente en el ámbito estatal y si se tiene suerte en algunos municipios urbanos, con lo que se vuelve más importante que los mecanismos de vigilancia y de participación activa desde la Sociedad Civil se hagan presentes, sobre todo en lo que corresponde al monitoreo de los servicios.

Con todo lo anterior, es imperativo recalcar que, para que la ENAPEA pueda tener los resultados que se propone, la coordinación interinstitucional deberá ser efectiva, la asignación de presupuestos suficiente y los mecanismos de supervisión claros, para que no veamos en la siguiente generación a más niñas jugando a ser madres con bebés de carne y hueso.

 

 

 

[1]  Ipas México, a partir de datos oficiales de la DGS-SINAIS.

[2] UNFPA, Salud sexual y reproductiva en adolescentes y jóvenes, 2014

[3] Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); Secretaría de Salud (SSA); Secretaría de Educación Pública (SEP); Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR); Centro Nacional para el Control y la Prevención del VIH/SIDA (CONASIDA); Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE); Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF); Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

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