Buenas prácticas municipales en comunidades indígenas

El Estado Mexicano tiene un gran pendiente en su responsabilidad de proteger, garantizar, respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas, especialmente de las mujeres indígenas quienes son más vulneradas en sus derechos.

Por: Elvira Pablo y Zenaida Pérez (@Nayiten)

Los pueblos indígenas siempre han sido creativos e innovadores para atender las diversas problemáticas de sus comunidades y para hacer frente a los constantes embates del exterior, como la imposición de proyectos extractivistas o la imposición de un modelo de desarrollo que no necesariamente garantiza su buen vivir.

México es un país pluricultural en el que conviven 68 pueblos indígenas. Sin embargo, fue hasta el año 2001 que se reconoció el derecho a la auto-determinación de los pueblos indígenas en la Constitución, especialmente en el artículo segundo, que confiere a los pueblos indígenas la decisión de sus formas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; así como la regulación y solución de sus conflictos internos.

Este reconocimiento, lo han aprovechado los pueblos para hacer vigentes sus derechos ante una sociedad clasista y racista que quiere invisibilizarlos y desaparecerlos. “Han querido imponer desde arriba un proyecto que no da vida, es un proyecto que da muerte, y lo hemos vivido, porque en las comunidades, todo lo que ha llegado de fuera es lo que ha dañado, es lo que está acabando con las aguas, los bosques, las plantas, los habitantes”, señala la hoy precandidata a la presidencia por el Congreso Nacional Indígena, María de Jesús Patricio Martínez.

Uno de los muchos desafíos que persisten es lograr que las leyes, políticas y programas diseñados a nivel federal, sean comprendidos, apropiados e implementados con eficacia en el ámbito estatal o municipal, puesto que muchas veces se piensan desde el centralismo, imaginando que todas las personas que habitan el país son idénticas y poseen las mismas oportunidades y sin involucrar la participación de la sociedad civil en general y de los pueblos indígenas en particular. Es decir no se ha logrado integrar una perspectiva verdaderamente intercultural, interseccional, de género y derechos humanos en las políticas públicas.

Cuando la política no alcanza, las mujeres se organizan

Dicen que una gran cualidad de los pueblos indígenas es su capacidad de adaptación al cambio, la flexibilidad para adaptarse a las demandas y requerimientos de los nuevos contextos, fue así que cuando se creó el gobierno municipal, las autoridades indígenas adaptaron parte de su organización interna a esa nueva figura, sin renunciar necesariamente a los modos de organización y cuidado interno.

Es reconocido por activistas, organizaciones y el mismo gobierno, que el trabajo municipal es complejo porque no es fácil entender el entramado comunitario, esa complejidad que sólo conocen, simbolizan y entienden quienes en ella conviven. Cada municipio tiene sus particularidades, porque en algunas dinámicas de organización comunitaria tienen más valor los acuerdos internos que las leyes del exterior, en otros algunas leyes se han ido apropiando y adecuando en la vida comunitaria, por ello el trabajo local es clave para transformar situaciones de desigualdad que afectan a sus habitantes.

Entendiendo este contexto y valorando los aportes que las propias comunidades y pueblos indígenas desde el nivel municipal pueden brindar al estado y a la federación, en el ILSB establecimos como una de nuestras metas que desde el Programa de Mujeres Indígenas lográramos identificar experiencias exitosas de buenas prácticas que coadyuvan a la garantía de los derechos de las mujeres indígenas, especialmente de su derecho de acceso a la salud materno-infantil.

Así, comenzamos nuestro camino para visitar Quechultenango-Guerrero, Calakmul-Campeche, Sitalá- Chiapas y Mérida-Yucatán. En estos municipios identificamos contrapartes, tanto lideresas locales y mujeres que ocupan o han ocupado cargos municipales y organizaciones que trabajan a nivel local. A través de las visitas pudimos documentar e incluso potenciar buenas prácticas municipales por la salud de las mujeres, entre ellas que habían logrado adaptar una camioneta para hacerla ambulancia y atender a mujeres de los territorios alejados del municipio, en otras hicieron una red de parteras para atender emergencias obstétricas, en otras más descentralizaron los servicios de atención a la salud de las mujeres, y en otras crearon enlaces para referencia de casos de mujeres víctimas de violencia o con emergencias de salud.

Quechultenango es un municipio de Guerrero con un grado muy alto de marginación ocupando el lugar 34º a nivel estatal.[i] Para combatir la muerte materna en el municipio, se adaptó una camioneta para convertirla en una ambulancia rural que brinda el servicio de traslado gratuito en casos de emergencias obstétricas y se asegura de que las mujeres sean recibidas para ser atendidas. Con esta acción brindan el traslado oportuno y han logrado evitar que las mujeres embarazadas mueran o tenfan complicaciones.

En el municipio de Calakmul en Campeche, partiendo de la necesidad de contar con un vínculo con las mujeres, la Instancia Municipal de la Mujer ha creado y capacitado con apoyo del ILSB, a un Comité de enlaces municipales que está conformado por mujeres provenientes de las localidad. Estas mujeres son quienes canalizan casos de violencia a la Instancia Municipal para que brinde acompañamiento y también son el vínculo de la Instancia con las mujeres de la localidad. Este municipio tiene un grado de marginación alto, ocupando el 1° lugar a nivel estatal.

En el municipio de Sitalá, Chiapas, que tiene un grado de marginación muy alto, ocupando el 1° lugar a nivel estatal y el 6° lugar a nivel nacional, la organización Global Pediatric Alliance con apoyo de la Alianza de organizaciones Crecer Juntos ha capacitado a más de 45 parteras para la detección de emergencias obstétricas, y en colaboración con el ILSB han involucrado a la autoridad municipal para que participe en la elaboración de un plan comunitario de atención a emergencias obstétricas, esto con el fin de evitar muertes maternas. En esta buena práctica resalta la importancia de la labor que realiza la sociedad civil organizada.

La Instancia de la Mujer del Ayuntamiento de Mérida, que se ubica en un contexto urbano y, que a diferencia de los demás municipios tiene un grado de marginación muy bajo, tiene un programa de servicios comunitarios para acercar los servicios de la Instancia de la Mujer a las mujeres mayas de las comisarías del Ayuntamiento. Con esto han buscado descentralizar los servicios y adaptarse a las necesidades de las mujeres, por lo que también han procurado que los talleres que brindan en las comisarías sean en lengua maya.

La doble discriminación

En estos recorridos constatamos que dada la condición de género y etnia, se vulnera más el derecho de acceso a los servicios básicos en salud, empleo bien remunerado y una vida libre de violencia. En materia de salud a mujeres indígenas, la atención médica es deficiente porque no se las atienden de forma puntual y las tratan con desprecio, faltan medicamentos en los centros de salud y en otros falta personal médico; en estos casos queda claro que el gobierno mexicano incumple totalmente con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que señala el derecho a la no discriminación, a la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad en la prestación de estos servicios.[ii]

Aunado a la salud, se menciona la violencia física como otro de los flagelos que afecta gravemente a las mujeres indígenas, en cuyos casos las autoridades ni comunitarias, ni estatales han dado buena atención, viviendo con ello también la violencia institucional. Otro factor es la pobreza económica, la falta de fuentes de empleo en sus comunidades, y la escasa posibilidad de comercio justo para sus creaciones como las artesanías y productos orgánicos de su comunidad.

En la investigación de campo fuimos observando y documentando el impacto de estas acciones municipales, que en lo inmediato se han reflejado en la salud y bienestar de las mujeres. Constatamos que con voluntad política, mujeres lideresas en puestos claves de decisión y sociedad civil o comunidad activa que defiende sus derechos, se pueden hacer cambios que contribuyen a transformar de manera importante las condiciones de vida de las mujeres.

Estos recorridos también nos dieron grandes aprendizajes, el ILSB es una organización feminista que busca que las mujeres cuyos derechos se ven violados expresen de primera voz sus necesidades y propuestas. Sin embargo, cada vez que trabajamos en comunidad, profundizamos nuestro entendimiento de los enormes desafíos estructurales que las mujeres indígenas enfrentan para poder participar de forma activa en los espacios de toma de decisiones.

Con estas evidencias queda claro que el Estado Mexicano tiene un gran pendiente en su responsabilidad de proteger, garantizar, respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas, especialmente de las mujeres indígenas quienes son más vulneradas en sus derechos. Por otro lado, las comunidades, a través de los gobiernos municipales, nos muestran que con el apoyo y participación de la comunidad se pueden acordar e implementar acciones locales que coadyuven a la atención y reducción de condiciones que afectan la salud materno-infantil.

Esta experiencia es un ejemplo de otras alternativas para atender la salud de las mujeres, con la esperanza de que estas buenas prácticas puedan ser replicadas, adaptadas e implementadas en otros municipios, sean indígenas o no, ante la crisis actual y en muchos casos cubriendo las ausencias del Estado. Asimismo, es una forma de reconocimiento y valoración a los aportes que desde sus orígenes, han hecho los pueblos indígenas a esta sociedad, en la construcción de estas soluciones han participado activamente las propias mujeres indígenas en sus diferentes roles dentro y fuera de la comunidad. Sirva entonces este 9 de agosto para reconocer a todas las mujeres indígenas este legado a la humanidad.

 

@ISBeauvoir

 

[i] Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Sistema nacional de Información Municipal, 2010. Disponible aquí.

[ii] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General número 14 “El derecho al disfrute del nivel más alto posible de salud”, 2000. Disponible aquí.

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