¿Libertad religiosa o desprotección de derechos?

Si lo que realmente se quiere conseguir es la protección de la conciencia e intereses de TODAS las partes involucradas, entonces los hospitales tienen que garantizar que haya suficientes médicos que estén en la posibilidad de brindar este tipo de servicios y que no sean, a la vez, potenciales objetores de conciencia.

Por: Itzel Mayans Hermida

En días pasados recibimos la noticia de que una iniciativa legislativa interpuesta por el Partido de Encuentro Social (PES), que pretende reformar la ley general de salud para introducir el derecho a la objeción de conciencia, fue aprobada en la Cámara de diputados con una amplia mayoría. La Iglesia católica y otros círculos conservadores recibieron esta noticia con beneplácito expresando que, por fin, nadie podrá obligar al personal hospitalario y a los médicos católicos a participar en la provisión de ciertos servicios médicos que, como en el caso del aborto, atenten contra su conciencia religiosa.

Para quienes no estén familiarizados con los debates acerca de lo que ha implicado la protección de los derechos sexuales y reproductivos, la conquista del derecho a la objeción de conciencia puede representar un importantísimo logro en la garantía de preservar la libertad religiosa de los médicos y del personal de salud en general. Después de todo, podría pensarse, una sociedad democrática y liberal no debe obligar a ninguno de sus ciudadanxs (a los médicos, en este caso) a llevar a cabo actividades que pongan en riesgo la salvación de su alma y el correcto ejercicio de su religión.

A pesar de que, como mujer liberal, preocupada por la protección de todas las libertades y derechos humanos fundamentales, considero que la libertad de conciencia sí merece la pena protegerse debida y suficientemente. Hay tres aspectos de la iniciativa que me gustaría comentar para descartar su deseabilidad.

En primer lugar, la retórica oficial -detrás de esta iniciativa – afirma que lo que se busca proteger es la conciencia y el libre ejercicio de la religión de los médicos católicos. Sin embargo, el obispo de San Cristóbal de las casas, Felipe Arizmendi Esquivel, señala, justo después de felicitar a los diputados que votaron a favor de ella, que: “así como hay que defender los derechos de las mujeres con la misma determinación habría que defender el derecho a la vida de los concebidos y que aún están en el seno materno. Son personas a partir de la concepción (…).”. Esta declaración, que refleja la posición general tanto de la Iglesia católica como de grupos provida, revela que detrás de la retórica oficial existe otra agenda. Con esta iniciativa, los grupos provida, como vemos, NO tienen como prioridad proteger la conciencia de sus feligreses sino evitar que las mujeres interrumpamos nuestro embarazo porque, según la convicción católica, los fetos son personas a partir del momento de la concepción.

Con ello, queda de manifiesto la falta de sinceridad de los objetivos que se dicen perseguir con la presunta protección del derecho a la objeción de conciencia cuando, lo que realmente se quiere conseguir, es evitar que las mujeres ejerzamos nuestros derechos reproductivos. Por el contrario, si realmente se quisiera proteger la libertad de conciencia, entonces se invitaría a canalizar a las mujeres que pretendan interrumpir sus embarazos con otros médicos no objetores. Sin embargo, y como ya vimos, lo que se pretende es desincentivar, por todos los medios posibles, que las mujeres accedamos a dichos servicios a los que tenemos derecho.

Ahora bien, ¿por qué es mala idea que se busque desincentivar la posibilidad de acceder al servicio de aborto legal y seguro? Hay que recordar que en México persiste todavía un porcentaje alto de muertes maternas cuyas causas son consideradas evitables, entre ellas, las causadas por abortos inseguros. Según cifras del INEGI, presentadas en el documento: Muerte materna y muertes evitables en exceso. Una propuesta metodológica para evaluar la política pública en salud, el porcentaje de estas muertes en el periodo de 2007 al 2011 fue de 35.3 % nacional, incrementándose considerablemente dependiendo de la región del país de que se trate. Los estados de la república que cuentan con mayores índices de muertes evitables son los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lo anterior nos da una idea de que la calidad de los servicios médicos continúa siendo mala en términos generales y de que existe, además, una persistente inequidad entre las regiones del país en lo referente al acceso a los servicios médicos de calidad. En esta medida, el derecho a la objeción de conciencia puede contribuir a incrementar el número de muertes maternas por causa de abortos inseguros al reducir el número de médicos por hospital que deberían prestar, de forma legal y de acuerdo a las reglamentaciones de cada entidad, el servicio de interrupción del embarazo.

En segundo lugar, la iniciativa tendría la consecuencia de que la conciencia de las mujeres mexicanas que desean, sin contradecir sus propias conciencias, interrumpir sus embarazos, no sea igualmente protegida. Es decir, de prosperar, dicha iniciativa de reforma generaría el efecto inequitativo de proteger la conciencia de unos ciudadanxs (los médicos) dejando desprotegida la conciencia de las mujeres que solicitan estos servicios.

En una democracia liberal ninguna ley o política pública debería proteger asimétricamente los derechos y las libertades de ciertos ciudadanxs en perjuicio de los de otrxs. Como señala Bernar M. Dickens en El derecho a la conciencia, “el derecho humano de actuar legalmente y de acuerdo con su conciencia no es monopolio de quienes se oponen al aborto”. Y, la conciencia de las ciudadanas, aunque no esté necesariamente guiada bajo máximas religiosas, debe ser igualmente protegida.

Si lo que realmente se quiere conseguir es la protección de la conciencia e intereses de TODAS las partes involucradas, entonces los hospitales tienen que garantizar que haya suficientes médicos que estén en la posibilidad de brindar este tipo de servicios y que no sean, a la vez, potenciales objetores de conciencia.

En tercer y último lugar, esta iniciativa tiene la consecuencia de degradar la laicidad de las instituciones del Estado, especialmente cuando los objetores de conciencia son funcionarios de hospitales públicos. En un Estado laico, los funcionarios del Estado (jueces, gobernadores, legisladores, los directores de hospitales del IMSS O ISSSTE) no pueden dejar de prestar un servicio al que están obligados por ley debido a que las funciones propias de su cargo estén en tensión con las máximas de su religión, ya que, si lo hacen, violan el carácter laico de las instituciones del Estado mexicano. De este modo, la objeción de conciencia puede aplicar a los médicos individuales, pero NO a los directores de los hospitales ni al personal (camilleros, cajeras, personal de limpieza, entre otros) que no participe directamente del servicio al cual se objeta. Que el Estado mexicano sea laico significa que los derechos de todas las personas deben ser protegidos y promovidos con independencia de que, para algunas religiones, el ejercicio de los derechos reproductivos sea mala idea.

 

@LNDiversidades

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