Rodrigo Díez

El abogado del diablo

Perfil Abogado constitucionalista y profesor de la Libre. Maestro por Harvard. Escritor, aficionado al box, videojugador empedernido. De niño quería ser lo mismo que quiere ser hoy: futbolista. Al analizar resoluciones de jueces y tribunales le gusta, como en casi todo en su vida, armarla de tos. Síguelo en: @Rodrigo_Diez_10

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¿Qué le preguntamos a los ministros?

El día de hoy inician las comparecencias de los candidatos a ministros ante la Comisión de Justicia del Senado. ¿Qué debemos esperar? Es difícil aventurar una respuesta pero parece que tendremos algo diferente a lo visto los últimos años. Estas comparecencias solían ser un evento más bien gris en el que los candidatos hacían pronunciamientos efusivos a favor de la democracia, del Estado Constitucional de Derecho y de los derechos humanos. A estas alturas, asumo que cualquier abogado apoya los derechos humanos. Declaraciones como éstas salen sobrando pues no brindan elementos suficientes para hacernos una idea del tipo de abogado que tenemos enfrente.

Por eso me parece acertada la decisión de la Comisión de Justicia de elaborar un acuerdo para regular el procedimiento de las comparecencias y ponerle una pizca de rigor al proceso. Entre otras cosas, el acuerdo señala que se solicitará al Consejo de la Judicatura información sobre las visitas y las evaluaciones de desempeño durante los últimos 5 años y que los candidatos discutirán sentencias en las que hayan participado. Además, dispone que los integrantes de la Comisión procurarán abordar temas como “el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Estado democrático de derecho”, “los límites al ejercicio de la función del juez constitucional” o “las relaciones entre la Constitución, los tratados internacionales y el derecho nacional y sub-nacional en los procesos aplicativos e interpretativos de las normas…”. Aunque se trata de un buen comienzo, no es suficiente. Ya se sabe que el diablo están en los detalles así que para obtener información útil es necesario profundizar algo más.

  • Los límites al ejercicio de la función del juez constitucional

Así es como lo plantea la Comisión de Justicia. Sin embargo, para evitar que los candidatos nos distraigan con lugares comunes necesitamos algo de pimienta. Sugiero unos pocos ejemplos: ¿Cree que haya casos de naturaleza política frente a los cuales la Corte se deba mantener al margen?¿Cuáles serían?¿Cree que la Corte deba desarrollar una práctica de deferencia al legislador o al ejecutivo?¿Debe preocuparse un ministro de las implicaciones económicas o de política pública de sus decisiones o basta con resolver “jurídicamente”?

Estos cuestionamientos merecen toda nuestra atención porque en México aún no tenemos reglas acerca de hasta dónde puede asomarse la Corte en el terreno de los legisladores o del presidente. En Estados Unidos, por ejemplo, la Corte ha desarrollado un límite conocido como las political questions. Así, cuando la Corte se enfrenta a casos con ecos políticos, da un paso atrás por considerar que el asunto está más allá de la frontera judicial. Ciertamente no es un criterio completamente objetivo (¿qué es, al fin y al cabo, una political question?) pero algo es algo. ¿Qué opinarán los candidatos sobre dónde se debe poner el límite? Si el único límite será el de los derechos humanos podemos asegurar que éste será muy débil, casi inexistente: con suficiente tiempo y ganas, cualquier conflicto se puede convertir en un problema de derechos humanos.

  • Las relaciones entre la Constitución y los tratados internacionales

Para muchos abogados, especialmente para los que se formaron bajo el auge de los derechos humanos, esta pregunta sólo admite una respuesta: los derechos humanos previstos en los tratados internacionales están por encima de la Constitución. Esto se suele sostener con la misma euforia con la que se apoya al equipo de futbol. Por desgracia, también se hace con la misma ingenuidad. La duda excede la curiosidad académica pues no se trata nada más de saber si la Constitución está arriba o abajo de los tratados sino de determinar quién tiene el poder.

Si decimos que la Constitución está por encima de los tratados nos arriesgamos a que la banda más furibunda de los neoconstitucionalistas nos acuse de conservadores, de retrógradas y, lo peor, de falta de compromiso neoconstitucionalista. Pero en realidad, ¿qué decimos cuando colocamos a la Constitución en la cúspide? En pocas palabras, que el poder lo tiene el Congreso y las legislaturas estatales, combinación de órganos autorizados para realizar reformas constitucionales. Si la Constitución ocupa la posición más alta, el poder lo tiene quien controla la Constitución. Bajo esta óptica, la corte no puede declarar la inconstitucionalidad (o inconvencionalidad para sonar más a la moda) de una reforma constitucional tomando como parámetro un derecho humano previsto en un tratado.

Por otro lado, si decimos que los tratados están por encima de la Constitución recibiremos los aplausos de neoconstitucionalistas y demás movimientos de vanguardia bien comprometidos. Pero lo importante es que en este escenario la corte manda. Imaginemos que los ministros consideran que una reforma constitucional es incompatible con un derecho humano previsto en un tratado. ¿Qué podría hacer? En este escenario la corte tiene la última palabra y podría declararla inconstitucional o inconvencional.

  • Estudios adicionales a la licenciatura en derecho

La Comisión no plantea esta pregunta pero me parece indispensable. No me refiero a los diplomados, especialidades, cursos o talleres jurídicos que seguro habrán tomado por decenas. Más bien estoy hablando de estudios no jurídicos. El papel de un juez constitucional requiere una perspectiva mucho más amplia que la de un abogado común y corriente debido a las implicaciones políticas, sociales y económicas de los casos a los que se enfrenta. No pretendo que sean especialistas en todo, eso es imposible. Sin embargo, no estaría de más saber algo de políticas públicas, ciencia política o economía, es decir, de tener un horizonte un poco más amplio.

En el fondo de la pregunta está el tema de qué tipo de abogado necesitamos en un tribunal constitucional. ¿Estarán de acuerdo con la necesidad de un nuevo perfil para nuestros jueces constitucionales? ¿Cumplirán ellos con ese nuevo perfil? Como ya lo dije en este mismo blog, no estoy en contra de que los jueces de carrera lleguen a la Corte; sin embargo, me interesa saber cómo justifican ellos mismos que haya dos ternas de puros magistrados. ¿Qué puede ofrecer un juez de carrera en comparación con un académico o con un litigante? Seguramente mucho, pero será interesante saber qué opina el gremio sobre sí mismo y cómo creen diferenciarse otro tipo de abogados. ¿Qué opinan ustedes?

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