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Marzo y la violencia a las mujeres

 

Por: Linda Flores* (@Magnolisima)

 

El 8 de marzo se conmemora el día Internacional de la Mujer, y a lo largo del mes, en Chihuahua – posiblemente el estado con la tasa de homicidios de mujeres más alta en el mundo: tan sólo en lo que va del 2012, hasta el 20 de marzo, se contabilizan en total 65 mujeres asesinadas – hemos visto eventos dirigidos a las mujeres para conmemorar este día. La Presidencia Municipal invitó a un desayuno a mujeres de las organizaciones de la sociedad civil, y el Instituto Municipal de las Mujeres invitó a participar en una carrera en tacones. Imagino que el Instituto no tomó en cuenta el daño físico que puede causar la actividad, y tampoco considero que sea lo más apropiado fomentar estereotipos – lo cual, por cierto, va en contra del espíritu histórico del 8 de marzo.

Empezando el mes, fue nota mundial el hallazgo de nueve cuerpos de mujeres en un predio de Práxedis Guerrero, tres de ellos pertenecientes a jóvenes que desaparecieron en 2009 y 2010. Lizbeth Avilés García, de 17 años, estaba desaparecida desde el 22 de abril del 2009. Jessica Leticia Peña García, de 17 años, fue declarada desaparecida el 16 de junio del 2010. Andrea Guerrero Venzor, de 15 años, fue reportada como desaparecida el 19 de agosto del 2010.

También en este mes se abrió la controversia en torno a la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en ciudad Juárez. El gobierno declaró que el EAAF no había entregado reporte de su investigación y que habían dejado el trabajo incompleto. A esto respondió Mercedes Doretti, encargada de la investigación, que su equipo entregó un reporte donde señalaban que habían recuperado los restos de 83 mujeres no identificadas, y no de 35 como declaró el gobierno. Los restos que el equipo encontró estaban almacenados y sin clasificar en el SEMEFO de Ciudad Juárez, en el Centro de Control Comando, Cómputo y Comunicaciones de la ciudad de Chihuahua (C4), y en fosas comunes de donde fueron recuperados. A la salida del EAAF, en el 2010, se habían identificado 33 osamentas, de las cuales, 26 pertenecían a mujeres de Ciudad Juárez, y las demás eran de mujeres que habían desaparecido en la capital y lugares aledaños. Desde la administración de la entonces Procuradora de Justica, Patricia González, el EAAF había declarado que había más cuerpos de mujeres asesinadas que familias que reportaban a desaparecidas. De los 83 restos óseos estudiados por el EAAF, 50 no coincidieron con ninguna de las 75 familias que forman parte de la base de datos que las antropólogas crearon con muestras genéticas de 195 familiares. Este fue el dato clave para reforzar la teoría de que las mujeres asesinadas en el Estado no sólo son de Chihuahua – incluso podrían ser de otros lugares de Latinoamérica en un intento por cruzar a los Estados Unidos.

Recordemos que el EAAF entra a nuestro país en el 2003, invitado por el gobierno del entonces presidente Vicente Fox, quien en su campaña para presidente se comprometió a abrir los expedientes de personas desaparecidas durante el conflicto de 1968 y la Guerra Sucia en México. A la ciudad de Chihuahua el EAAF es invitado por un grupo de activistas y académicas que trabajan por los derechos humanos de las mujeres; ellas logran que en mayo del 2005 el EAAF firme un contrato con la entonces procuradora de justicia del Estado de Chihuahua, Patricia González. Después de los primeros meses de trabajo del EAAF en Chihuahua, se propuso que se hiciera una base de datos genéticos incluyendo a familias de otros Estados con mujeres desaparecidas que muy probablemente hubieran pasado por Chihuahua. Esto implicaría hacer una campaña de denuncia en todo México y otros países. Recuerdo con mucha indignación la respuesta de la procuradora: un tajante ‘no’, argumentando los costos que este proyecto tendría. En cambio, ese año el Festival Internacional Chihuahua se institucionalizó, y sus encargados viajaron a Nueva York y otros lugares del mundo para buscar artistas y espectáculos para el festival.

 

A unos días de terminar el mes de las mujeres, encuentro una nota periodística que me indigna más que la carrera en tacones y la difamación que se hizo al EAAF. El gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte Jácquez, declaró que las organizaciones civiles están empezando una campaña de desprestigio para el Estado, que están mintiendo al declarar que tenemos el primer lugar de feminicidios en el mundo, y que son falsas las declaraciones en torno a la tortura y desaparición. El gobernador afirma incisivamente que las organizaciones lucran con la condición de dolor que resulta de la violencia. Esto deja claro que no se valora el trabajo que las organizaciones, específicamente las mujeres de las organizaciones, hacen por las familias de las víctimas. No se dice que las organizaciones trabajan casi con recursos propios, y que la gente que trabaja en ellas está como voluntaria en la mayoría de los casos, sin recibir compensación alguna. Días antes de esta declaración se había invitado a las mujeres de las organizaciones a un desayuno en el cual el gobernador estaría.  Finalmente salió del país y canceló la reunión, en la que, estoy segura, al menos se le habría entregado un documento que visibilizara las problemáticas de las mujeres de la entidad. ¿Qué diagnóstico podemos derivar cuando un gobernador descalifica de esta manera a quienes, en lugar de formar parte de la simulación y omisión de la realidad actual (patente en eventos y comunicados oficiales), cumplen con lo que Tzvetan Todorov dice es una obligación ciudadana: “Cuando un individuo o un grupo ha vivido experiencias extremas o eventos trágicos, su derecho es también un deber: el deber de recordar y dar testimonio.”?

 

*Linda Flores es Feminista, profesora universitaria, miembro del Círculo de Estudios de Género AC. Fundadora del grupo Por un Chihuahua Sin Temor.

 

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