La caminata de la discordia

La Caminata duró siete días, del 15 al 21 de enero. Las mamás buscaban entrevistarse con el gobernador y solicitar su apoyo en la búsqueda de desaparecidas en Chihuahua.

Por: Linda Flores

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“En medio de las luchas más encarnizadas, el hombre sintió

siempre una repugnancia involuntaria a destruir al enemigo

que le pedía clemencia en su propia lengua.”

Auguste Comte

Desgraciadamente en el ámbito de las ONGs y de las madres de víctimas de feminicidios y desapariciones en Chihuahua se dan divisiones, suspicacias e intrigas con intereses que truncan el acceso a la justicia, y el único beneficiado con tales divisiones es el gobierno, que no ha sido capaz de salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres. Esto se hizo evidente con los ataques de los que fue objeto la “Caminata por la Vida y la Justicia de las Mujeres de ciudad Juárez”. El episodio puso al estado en la mira internacional, y provocó cuestionamientos a la capacidad de los servidores públicos y al fallido sistema de justicia del estado de Chihuahua.

De lo ocurrido hay varios elementos a analizar. Primero, el intento del gobierno porque no se hiciera público que no hay una respuesta a las familias, que no hay interés por buscar a las jóvenes, que no hay líneas de investigación y que las desapariciones siguen ocurriendo con el mismo modus operandi. Segundo, el intercambio de declaraciones y descréditos entre Norma Ledezma y Karla Castañeda, ambas madres de hijas víctimas. Tercero, el papel clave de algunos medios de comunicación en los sucesos – especialmente, Los Angeles Press.

La Caminata duró siete días, del 15 al 21 de enero. Las mamás buscaban entrevistarse con el gobernador y solicitar su apoyo en la búsqueda de desaparecidas en Chihuahua. El detonante para que familiares del Comité de Madres salieran de Ciudad Juárez fue que la señora Alejandra Hernández recibió dos fragmentos de hueso como restos de su hija Beatriz Alejandra Hernández, quien tenía la categoría de desaparecida hasta ese momento. La indignación de las madres que apoyaban a la señora Beatriz Hernández las motivó a que, acompañadas por su abogada, la licenciada Francisca Galván, emprendieran la marcha.

En el trayecto, las madres recibieron a varias personas. Primero, desde la Fiscalía del Estado de Chihuahua se les pidió desistir de la caminata. Después, el jueves 17, la señora Norma Ledezma (fundadora de la organización Justicia Para Nuestras Hijas, y quien obtuvo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendaciones para el Estado Mexicano por el feminicidio de su hija Paloma Escobar), intentó negociar con ellas para que ya no caminaran ni se entrevistaran con el gobernador. Se ofreció a servir como enlace, a lo cual las mamás se negaron: dijeron que era el gobernador, o gente de su gabinete, quienes debían abrir ese canal de diálogo. Sin embargo, se invitó a la señora Ledezma a sumarse a la caminata, y ella caminó por un rato.

El viernes 18, durante un encuentro con otras familias de desaparecidos que propició el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, se presentó a la Caminata un enviado de la Secretaria General de Gobierno (SGG), quien preguntó a las familias en qué podían ayudar, y les afirmó que a su llegada se entrevistarían con el gobernador. Además, la SGG proporcionó un sanitario portátil para la Caminata. Al arribo de las madres a la capital de Chihuahua, el gobernador Duarte no estaba en la ciudad, por lo que se acordó una audiencia pública en Ciudad Juárez.

Después de la audiencia comenzaron las divisiones entre grupos de ONGs, activistas y acompañantes: Karla Castañeda – madre de Cinthia Alvarado Castañeda, desparecida desde el 2008 cuando tenía 13 años – declaró en una entrevista haber sido víctima de acoso por parte del gobierno del estado y de la señora Norma Ledezma. Una parte de las familias se solidarizó con la señora Castañeda: acusó a la señora Ledezma de contribuir con el gobierno en el hostigamiento a familias, y de no brindarles apoyo desde una visión del tercer sector. La contraparte acusó a la señora Castañeda de haber mentido en sus declaraciones. Ante esto, diversos grupos y medios nacionales e internacionales apoyaran a una u otra. Desde el gobierno se dio todo el respaldo a la señora Ledezma: el gobernador César Duarte, que en marzo de 2012 afirmaba que las organizaciones de la sociedad civil lucraban con los problemas de la entidad, ahora declaraba lo opuesto al salir a su defensa.

Por su parte, Los Angeles Press afirmó que Justicia para Nuestras Hijas (organización que preside Norma Ledezma) sería investigada por el Global Fund for Women, porque su manejo de fondos no ha sido el indicado. En respuesta a esta nota, el organismo que financia pidió no sólo a Justicia Para Nuestras Hijas, sino a varias organizaciones de Chihuahua, desmentir la nota que aseveraba la investigación. La periodista Guadalupe Lizarraga aclaró la situación en otra nota, que además puso sobre la mesa el hecho de que no ha habido un descenso en las tazas de feminicidio.

Más allá de las diferentes visiones, no se puede perder de vista el hecho de que los bloqueos en la Caminata fueron una constante, al igual que lo ha sido el hostigamiento a las familias que se manifiestan y exigen justicia, antes y después de la Caminata. Es necesario buscar la objetividad en los hechos y guardar la memoria respecto a lo ocurrido; no callar, y no ser cómplices de la simulación. Son tiempos de sumar, no de dividir; de acusar sin fundamento ni de restar. Ya lo dijo Ermelinda Ormaeche y Begoña: “Falta lo más difícil; la batalla última, que ha de ser la decisiva y de la cual han de salir triunfantes la razón, la verdad y la justicia”.

* Linda Flores es antropóloga social, profesora universitaria e investigadora de archivos históricos. Acompaña solidariamente a mujeres en situación de violencia. Fundó el grupo Diálogo y Acción Ciudadana

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