Los cuentos colombianos de Joaquín Villalobos

Por: Alejandro Hope. Director del Proyecto Menos Crimen, Menos Castigo; iniciativa conjunta de México Evalúa y el IMCO

 

El reciente artículo de Joaquín Villalobos, publicado en la revista Nexos, ha generado muchos comentarios y amplia controversia. Es una defensa larga y elocuente de la política de seguridad del gobierno federal  que cubre mucho terreno y que ya ha generado múltiples respuestas (yo publicaré una el mes próximo).

Por mientras, sólo quiero tratar un tema específico: la descripción que hace Joaquín del caso colombiano. Puesto que Colombia es presentada como el ejemplo a seguir, resulta crucial determinar con precisión lo que sucedió en ese país sudamericano. Y lo que sucedió no se parece del todo a la narrativa de Joaquín. El texto está plagado de imprecisiones, omisiones y hasta falsedades. Aquí va una lista de las principales (se presentan las citas del artículo entre comillas).

•    “En Colombia consideraron que el cártel más peligroso no era el más violento de Pablo Escobar en Medellín, sino el de Cali porque era el que había penetrado más a las instituciones de seguridad.”
¿Quiénes en Colombia consideraron eso? Claramente no los responsables políticos y de seguridad de la época (salvo que fueran esquizofrénicos). Durante casi una década, de 1984 a 1993, la tarea principal del Estado colombiano fue el combate en contra de Pablo Escobar y el cártel de Medellín. En ese empeño, estuvieron incluso dispuestos a colaborar con los mafiosos de Cali. El desmantelamiento del cártel de Cali no vino sino hasta 1995, dos años después de la muerte de Escobar, y fue resultado del llamado proceso 8000 (el escándalo por el presunto financiamiento de los hermanos Rodríguez Orejuela a la campaña del entonces presidente Ernesto Samper) y de la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos. Suponer que esa secuencia –primero Medellín y luego Cali– no reflejaba las prioridades de los funcionarios colombianos y su percepción de la peligrosidad relativa de los cárteles es absurdo. Y esas prioridades y esas percepciones estaban determinadas por la intensidad en el uso de la violencia de cada organización criminal. Fueron primero y con más vigor en contra del cártel de Medellin, porque Escobar ponía bombas en aviones y mataba a candidatos presidenciales, y los Rodríguez Orejuela, no.

•     “Las fuerzas militares y policiales de Colombia crecieron exponencialmente en la última década hasta convertirse en el Ejército más numeroso del continente, con 431 mil 253 efectivos, que incluye una policía nacional de 145 mil 871 miembros.”

Colombia no tiene el ejército más numeroso del continente. Brasil se lleva ese lugar, con 327 mil elementos en activo. Los 431 mil 253 elementos colombianos incluyen a la Policía Nacional, la cual está sectorizada en el Ministerio de Defensa, pero de ninguna manera puede considerarse parte del Ejército (siguiendo esa lógica, México tendría un “ejército” de 670 mil elementos, sumando a todas las policías con las fuerzas armadas). Las fuerzas armadas colombianas propiamente definidas tienen 285 mil elementos en activo. El crecimiento, tanto de la policía como de las fuerzas armadas, ha sido importante, pero se requieren matices. En 2010, la Policía Nacional y las fuerzas armadas tenían 49% y 35% más elementos que en 2002, respectivamente. En total, el incremento durante el periodo de lo que los colombianos llaman “el pie de fuerza” fue de 39% (incluyendo civiles): significativo, pero no espectacular (considerando, por ejemplo, que la Policía Federal en México se ha cuadruplicado desde 2007).

•    “La violencia en Colombia no se redujo, ni con paramilitarismo, ni con guerra sucia, ni con disuasiones, ni con negociaciones, ni dejando de perseguir capos. Los colombianos ensayaron de todo, desde una cárcel especial para Pablo Escobar, hasta concederle una zona de distensión a las FARC de 44 mil kilómetros cuadrados en 1998. La violencia sólo comenzó a reducirse cuando el Estado se decidió a recuperar, por la fuerza, los territorios que estaban en manos de cárteles, paramilitares y narcoguerrilleros.”

Esa narrativa tiene una omisión increíble: la desmovilización negociada de las llamadas autodefensas (los paramilitares) entre 2003 y 2006. El Estado colombiano no “recuperó por la fuerza” los territorios dominados por los paramilitares, sino que se sentó en una mesa de negociación con ellos, firmó un acuerdo formal (el Acuerdo de Santa Fe de Ralito) y aprobó una ley a modo (la Ley de Justicia y Paz) que confería amplios beneficios jurídicos para los desmovilizados. De hecho, la iniciativa de ley enviada por Álvaro Uribe al Congreso colombiano era tan escandalosamente favorable a los paramilitares que generó protestas de diversos grupos de derechos humanos, las cuales obligaron a endurecer un poco los términos.

Hay un debate en Colombia sobre el legado del proceso de desmovilización, pero nadie tieneduda de que fue un factor importantísimo en la reducción de violencia. De hecho, como se observa en las siguientes gráficas, la mayor parte de la caída tanto de los homicidios como de los secuestros, se registra precisamente entre 2003 y 2006, durante el proceso de desmovilización.

Fuente: Instituto de Medicina Legal (Colombia)

Fuente: Policía Nacional

•    “Tan sólo entre 2003 y 2006 se desmovilizaron un total de 31 mil 664 efectivos armados pertenecientes a grupos guerrilleros y paramilitares, a la fecha esta cifra debe haber sobrepasado los 60 mil.”

Efectivamente, entre 2003 y 2006, se desmovilizaron 31 mil efectivos de los grupos paramilitares como resultado del proceso de negociación descrito arriba (aunque hay versiones que sostienen que se trata de una cifra inflada). Los 60 mil que refiere Joaquín son un número impreciso. El Ministerio de Defensa reporta la existencia de 23,683 “desmovilizados individuales” entre 2002 y 2010, previsiblemente desconectados de la desmovilización colectiva de las autodefensas.

•    No hay mención alguna al Plan Colombia. Joaquín no hace referencia a los casi ocho mil millones de dólares de asistencia militar y económica de Estados Unidos desde 2000, ni a la presencia de asesores militares estadounidenses, ni al involucramiento abiertísimo del aparato de inteligencia de Estados Unidos en Colombia, ni a la transformación del programa de una estrategia antinarcóticos, a una estrategia contrainsurgente (básicamente dirigida en contra de las FARC). A pesar de la importancia que todos los observadores le confieren a la asistencia estadounidense en la evolución de Colombia en la última década, no hay ninguna discusión ni de los beneficios ni de los costos que pudo haber acarreado.

•    No hay tampoco ninguna discusión de las llamadas BACRIM (bandas criminales emergentes). De todas las fases del conflicto colombiano, la actual es la que más se asemeja a la situación en México: hay una multiplicidad de bandas delictivas (los Urabeños, los Rastrojos, la Oficina de Envigado, las Águilas Negras, etc.) con actividades diversificadas (lo mismo se dedican al narcotráfico que a la extorsión), alta disposición a la violencia, estructuras jerárquicas flexibles y capacidad para operar, tanto en el medio urbano, como en el rural. Se atribuye a las BACRIM, por ejemplo, el disparo de la violencia en Medellín en 2010, cuando la ciudad fue escenario de 2000 homicidios (lo cual equivale a una tasa de 86 por 100 mil habitantes, el doble de la sufrida por Monterrey el año pasado y no muy lejana de la de Ciudad Juárez).  La proliferación de estas bandas ha generado un debate, tanto en Colombia como en el extranjero, sobre los contornos de la estrategia de seguridad: la llamada política de seguridad democrática, enfocada en la recuperación de espacios geográficos, pudo haber sido útil para combatir a organizaciones armadas (ya sea guerrilleras o paramilitares) con clara lógica territorial, pero no necesariamente para contener a organizaciones más flexibles, más pequeñas, menos jerárquicas y más orientadas a la captura de rentas que a la conquista de territorios. Pero ese tipo de matices no aparecen en el texto de Joaquín.

En resumen, hay mucho que aprender del caso colombiano. Pero las lecciones correctas no se pueden extraer de una caricatura como la que presentó el artículo de Joaquín Villalobos.

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