Por: Mariana García, Investigadora de México Evalúa.
Todos los días leemos noticias sobre actividades ilícitas que involucran a funcionarios públicos: un gobernador deja a un Estado endeudado por miles de millones de pesos, otro envía 25 millones de pesos en un avión privado sin declarar la procedencia y destino de esos recursos, un funcionario público opera a favor de una empresa particular en alguna compra o contratación pública, autoridades ministeriales o policías están coludidos con el crimen organizado. Lamentablemente, pocas veces leemos sobre el castigo o la pena impuesta.
Con la transición electoral del año 2000, los mexicanos albergaban la esperanza de un sistema que limitara con mayor eficacia el soborno, la extorsión, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, entre otras prácticas ilegales. Sin embargo, la corrupción sigue siendo uno de los grandes pendientes de la agenda nacional, tal es el caso que para los mexicanos el segundo fracaso más notable de México en sus 200 años de vida independiente – después de la violencia – es la corrupción.
La explicación a la persistencia de la corrupción en México y otros países se ha relacionado principalmente con el desarrollo económico como potenciador o inhibidor de la corrupción. No obstante, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ha documentado algunas excepciones a esta hipótesis: existen países ricos con mucha corrupción o bien, países pobres menos corruptos. Esto evidencia que no existe una explicación única ni una relación unidireccional para abordar el fenómeno, por ello se han considerado otras perspectivas que toman en cuenta aspectos normativos e institucionales en la ecuación.
Desde el punto de vista normativo, la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado (IFE-IIJ, UNAM, 2011) recoge algunas actitudes de los mexicanos en torno a las reglamentaciones jurídicas y a la cultura de la legalidad:
Casi 6 de cada 10 mexicanos considera que la Constitución actual ya no responde a las necesidades del país (en 2003 sólo 4 de cada 10 mexicanos opinaba así).
Los ciudadanos consideran que quien más falta al respeto a la ley son los políticos (23.2%), los policías (21.9%), la gente (15.5%) y los funcionarios (15.1%).
En una escala del 0 al 10 (donde 10 es Respeto mucho), los mexicanos encuestados dicen respetar la ley 7.84, pero opinan que el resto de la gente sólo la respeta 5.65.
Si un grupo de personas vende comida o productos en la calle sin licencia, casi 6 de cada 10 mexicanos cree que el gobierno debería darles permiso para que sigan vendiendo.
Interesante contraste: los mexicanos quieren reformar la norma constitucional para hacerla más acorde a la realidad. Sin embargo, no respetan la ley y, al mismo tiempo, están dispuestos a tolerar la ilegalidad. ¿Cómo podría operar la institucionalidad anticorrupción en un país donde no existe cultura de la legalidad?
Aún más, hace un par de días Pedro Salazar Ugarte, investigador del IIJ-UNAM, argumentó en un artículo la necesidad de dejar en paz a la Constitución mexicana para crear mejor las leyes reglamentarias, las instituciones y las políticas públicas para que sea un documento que funcione y opere de manera eficaz. Puso como ejemplo la reforma del 2008 al sistema de procuración y administración de justicia en México, la cual no cuenta con la normatividad correspondiente para operar.
En el tema de la corrupción existen un sinnúmero de reglas y normas para combatirla (las cuales tienen importantes espacios de mejora), pero necesitamos instituciones y políticas públicas para hacerlas operativas y que frente a la comisión de actos ilícitos generen una amenaza creíble. Estos mecanismos permitirían accionar los controles institucionales anticorrupción con que cuenta el país. Si la corrupción ha logrado persistir en el régimen democrático mexicano es gracias a la enorme impunidad que impera en el país.
En la edición de Enero de la Revista Conocimiento, dedicada a la “Ética y la Corrupción”, celebré la proliferación de organizaciones de la sociedad civil con vocación de monitorear el quehacer gubernamental y su capacidad para actuar como antídotos para prevenir y combatir la corrupción. Con esa visión de evaluar y monitorear al poder público, en México Evalúa queremos aportar propuestas al debate sobre la corrupción. En las próximas semanas estaremos presentando un estudio que rebase el ámbito de las percepciones para aterrizar en las instituciones. ¡Estén alertas, queridos lectores!