Por: Leticia Ramírez de Alba Leal, Coordinadora del Programa de Seguridad Pública de México Evalúa.
Si revisamos las cifras de denuncias de extorsión publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en su portal de internet, podríamos pensar que este delito está disminuyendo. Después de mostrar una tendencia ascendente desde 1997 hasta principios de 2010, observamos un descenso que se mantuvo durante 2011. La pregunta entonces es: ¿La baja en las denuncias es un reflejo de la reducción de la extorsión? La respuesta es no.
La información sobre denuncias de extorsión es insuficiente en virtud de que el número de delitos no denunciados (la llamada cifra negra) es considerable y ha venido creciendo. Según el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A.C. (ICESI), la no denuncia de extorsión fue de 78 por ciento en 2008 y, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), de 94.8 por ciento en 2010.
Por si esto fuera poco, hay entidades federativas que no reportan regularmente las cifras de denuncias de extorsión al SESNSP. Este es el caso de Campeche, Colima, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Yucatán. Y son las víctimas de estas entidades las que se encuentran en el peor de los escenarios porque, evidentemente, la ausencia de reportes no significa que no haya habido extorsiones. En el ranking de 2010, de acuerdo con la ENVIPE, Yucatán fue el estado con más extorsiones por cada 100 mil habitantes en 2010 con 17 mil 364; Campeche ocupó el lugar 14 con 6 mil 884; Tlaxcala el lugar 17 con 6 mil 611; el Estado de México el lugar 22 con 5 mil 811; Colima el lugar 26 con 5 mil 404 y Puebla el lugar 29 con 5 mil 1. Esto demuestra que las cifras de denuncias distan mucho de reflejar la incidencia real de extorsiones.
La extorsión es un delito cada vez más frecuente que ha evolucionado para adquirir nuevas caras y, para empezar, habría que distinguir las diferentes formas en la que se presenta. De acuerdo con un documento del ICESI, el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, A.C. detectó 16 modalidades, entre las que se encuentran: extorsión mediante amenazas de secuestro, muerte y destrucción de bienes, así como el derecho de piso, de peaje o de gobierno.
El poco conocimiento que tenemos sobre la extorsión proviene, en su mayor parte, de los relatos de algunas víctimas. Existen pocos datos duros que nos ayuden a generar un diagnóstico adecuado. No sólo no disponemos de estadísticas para cada modalidad de extorsión, sino que la poca información oficial con la que contamos no refleja la realidad y no es consistente en el tiempo.
Las Estadísticas Judiciales en Materia Penal que publica el INEGI, relativas a etapas del proceso penal posteriores a la denuncia, tienen el mismo problema de cifra negra que los datos de denuncia del SESNSP y son inconsistentes. Antes de 2009 contemplaban el delito de extorsión dentro de su clasificación. Pero, a partir de dicho año, la clasificación cambió y este delito se reporta, junto con los delitos de amenazas, chantaje, coacción e intimidación, bajo el nombre de “presión en contra de las personas”.
En lo que se refiere a la información que podemos obtener de las encuestas a víctimas, las primeras que levantó en México el ICESI no contemplaban el delito de extorsión. Éste fue incluido hasta la Sexta Encuesta Nacional Sobre Inseguridad (ENSI), levantada en 2009. Por tanto, sólo dos ediciones de la ENSI, la 6 y la 7, recogieron información sobre este delito. En 2011, la ENSI fue sustituida por la ENVIPE, que levanta el INEGI. Desafortunadamente, los datos de estos dos tipos de encuestas no son coincidentes del todo debido a las divergencias en las metodologías de levantamiento. Y, lo que es peor: no se pueden distinguir las diferentes modalidades en las que se presenta la extorsión.
A pesar de estas limitaciones, la ENVIPE nos ofrece información que muestra un panorama preocupante: en 2010 la extorsión ocupó el segundo lugar en número de delitos, con 7 mil 226 extorsiones por cada cien mil habitantes y el tercer lugar en número de víctimas, con 4 mil 957 víctimas por cada 100 mil habitantes. Por entidad federativa, este delito fue el más frecuente en 22 y el segundo delito más frecuente en 9. Las entidades federativas con mayor número de delitos de extorsión por cada cien mil habitantes fueron Yucatán (17 mil 364), Guerrero (15 mil 231), Nayarit (13 mil 274), Nuevo León (12 mil 844) y Zacatecas (12 mil 679).
Estos datos prueban que la extorsión es un problema creciente. El gran reto ahora es distinguir y dimensionar las distintas formas en las que se presenta. Sólo así podremos definir estrategias más efectivas para reducir la incidencia de este delito.
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