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El controvertido caso de Florence Cassez


Por: Leticia Ramírez de Alba, Coordinadora del Programa de Seguridad Pública de México Evalúa.

 

Florence Cassez se instaló en México sin imaginarse que sería el personaje principal de una historia que traería a la superficie las debilidades del Sistema de Seguridad y Justicia Penal de nuestro país. Parece que el clímax de esta historia está por llegar. A pesar de ello, hoy por hoy, para muchos de nosotros, no es tan clara la inocencia o culpabilidad de Cassez. Lo que es cierto es que la Agencia Federal de Investigación cometió muchos errores entre el momento de su detención y su puesta a disposición al Ministerio Público, y también se presentaron muchas irregularidades en la integración de la averiguación previa. En otras palabras, no se cumplió con el debido proceso en este caso, lo que provocó que éste llegara hasta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los errores cometidos por las autoridades se convirtieron en el gatillo que disparó una ola de reacciones en torno al caso Cassez. Por un lado, tenemos a las personas que se sienten sumamente agraviadas porque están firmemente convencidas de que es culpable y la posibilidad de que una secuestradora sea liberada les genera un profundo sentimiento de impotencia. Por otro lado están los que, sin importar el hecho de que sea culpable o no, están interesados en que se cumpla con el debido proceso.

El problema lo generó la propia autoridad. Al no seguir el debido proceso, no solamente violó los derechos humanos de una imputada, sino que también puso en riesgo la posibilidad de resarcir el daño a las víctimas. A todos nos duele mucho que alguien que puede ser culpable de secuestro quede libre. Pero si queremos vivir en una sociedad civilizada, no podemos echar mano de métodos no civilizados para lograrlo.

Los mexicanos hemos permitido que este tipo de prácticas se recreen una y otra vez. El de Cassez es uno más de entre los cientos de casos que presentan irregularidades y violaciones a los derechos humanos. La diferencia es que en éste, la acusada tiene el respaldo no sólo de su familia y amigos, sino del gobierno de su país.

¿Era necesario que se presentara una situación como ésta para que nos diéramos cuenta que es necesario revisar el funcionamiento de nuestro Sistema de Seguridad y Justicia Penal? Tal vez. Lo que es cierto es que debemos aprovechar la luz que el caso Cassez ha arrojado sobre el funcionamiento del sistema para revisarlo y poner en marcha acciones tendientes a mejorarlo.

Es muy importante tener en cuenta que, además de la suma de voluntades, necesitamos contar con las capacidades institucionales que nos permitan atender de manera más eficaz y eficiente el problema de la delincuencia. Esto a través de mecanismos con los que se pueda sancionar adecuadamente a los criminales, pero que también contemplen algún tipo de consecuencia para las autoridades que fallan en su labor. Las prácticas delictivas y los abusos de autoridad constituyen violaciones a los derechos humanos y como tales, ambos son igualmente reprobables.

La generación  de capacidades institucionales toma tiempo. El camino puede ser largo, pero es necesario recorrerlo. Entre las primeras cosas que podemos hacer como ciudadanos es conocer la forma en que funciona el Sistema de Justicia Penal en los estados (donde se resuelve el 93 por ciento de los delitos denunciados en el país) y proponer soluciones.

En los próximos días, México Evalúa presentará un documento que nos puede ayudar en esta tarea, ya que incluye diversos indicadores relacionados con los Sistemas de Seguridad y Justicia Penal estatales. Las mediciones contemplan la capacidad y desempeño de las policías preventivas estatales y municipales, los ministerios públicos y sistemas penitenciarios estatales, así como indicadores sobre las prácticas de respeto a los derechos humanos de estas instituciones. En suma, nos brinda un acercamiento integral al funcionamiento de las instituciones encargadas de la seguridad pública y la justicia en el ámbito estatal.

Aprovechemos la coyuntura del caso Cassez para darle un nuevo impulso a las reformas institucionales que nuestro país necesita.

 

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