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Debate anticorrupción, olvidado por el Congreso

Por: Eréndira Avendaño

 

A unas horas de la toma de posesión del nuevo gobierno y de la presentación formal del gabinete que lo acompañará, se retrasó el intento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por aprovechar estratégicamente el periodo legislativo para modificar la estructura vigente de la administración pública federal.

Los temas de disenso: la ratificación de altos mandos de la Secretaría de Gobernación por parte del Legislativo y, en menor medida, la previsión para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) desaparezca hasta que se cree el nuevo órgano a cargo de las funciones anticorrupción. Las modificaciones realizadas por el Senado a la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) obligan a regresar a la Cámara de Diputados la minuta para su discusión, por lo que el nuevo gobierno deberá nombrar a los titulares de dos Secretarías que se pretende desaparezcan.

La reconfiguración del control gubernamental y la desaparición de la SFP, contenida en la reforma, ha captado poco interés en los espacios públicos y en la deliberación legislativa. De hecho, según los resultados de una encuesta de Parametría, 70% de los encuestados no han escuchado de la propuesta de desaparecer la SFP y la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción del PRI.

Sin embargo, la discusión sobre el rediseño del sistema de control interno de la administración pública federal que propone la reforma a la LOAPF no es un asunto menor. Se trata de la modificación de las herramientas internas que tiene el gobierno para definir el marco de actuación de la gestión pública y de uno de los principales mecanismos para  restringir la corrupción.

Hasta ahora, este control interno ha sido operado por la SFP y los Órganos Internos de Control (OIC), los cuales son nombrados por el titular de dicha secretaría y dependen presupuestalmente de la dependencia que controlan. Se supone que esta configuración permitiría reforzar los medios para evitar el abuso de los recursos y las prácticas corruptas.

No obstante, la efectividad de este esquema se ha puesto en entredicho y la reforma del PRI considera que el sistema de control interno gubernamental “mejoraría” al desaparecer a la SFP, trasladando sus funciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y convirtiendo a los OIC en Unidades de Auditoría Preventiva (UAP). De acuerdo con esta reforma, el nombramiento de los titulares de las UAP estaría en manos de cada Secretario de Estado y dependerían  presupuestalmente del ente auditado, creando un problema de conflicto de interés potencial.

Este tipo de esquemas de control, donde el agente controlador es nombrado y depende del ente que busca controlar, genera un sistema de incentivos que no necesariamente garantiza que no se cometan abusos de los recursos públicos. Este tipo de sistema de control parte del supuesto de que la conducta tanto de las UAP, así como de los titulares de cada despacho de Estado perseguirán “siempre” el interés público y “nunca” se corromperán.

Sin embargo, como plantea el clásico libro El Federalista: “Si los hombres fueran ángeles, no sería necesario ningún gobierno. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no sería necesario ningún control externo ni interno sobre el gobierno”.

Para resolver este dilema, el PRI envío una iniciativa para la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción. Esta Comisión sería el órgano encargado de recibir las denuncias e investigaciones sobre posibles casos de corrupción de las UAP. Pero ¿cuál sería el incentivo para que las unidades de auditoría preventiva informen de este tipo de casos sin autorización de cada Secretario de Estado?

El tema es complejo y el diseño del sistema anticorrupción requiere de una discusión conjunta y amplia de ambas iniciativas, tanto los cambios de la LOAPF así como de la creación de la Comisión Anticorrupción. Sin embargo, el debate de ambos temas permanece disociada y aislada. Hoy la pelota está en el terreno del Legislativo y en la medida en que en el tema de combate a la corrupción se tenga una visión segmentada del problema y las soluciones, los resultados serán desfavorables en esta asignatura.

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*Eréndira Avendaño, investigadora de México Evalúa

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