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Cuatro preguntas sobre el Plan Nacional de Prevención

 

Por: Lilian Chapa Koloffon @cklilian

Antes que cualquier otra cosa, sí nos dimos cuenta: la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) –la primera del gobierno de Enrique Peña Nieto–, se llevó a cabo sin que se hayan dado a conocer aún los 5 representantes de la sociedad civil que se integrarán con voz pero sin voto a este órgano de manera “honorífica y rotativa”. Esto, pese a que la convocatoria se publicó desde mediados de octubre. El anuncio queda pendiente, ahora en un máximo de 30 días según los acuerdos de la sesión.

Entrando en materia, el Presidente anunció en dicha sesión que la prevención del delito conformará una de las 6 líneas de acción de la Política de Estado por la Seguridad y Justicia a la que aspira. Hasta este punto, no es algo que Felipe Calderón no haya mencionado como parte de su estrategia de seguridad. Incluso, afirmó en varias ocasiones que era uno de los ejes más importantes de la misma, por lo que el nuevo gobierno federal deberá aspirar a que la principal diferencia radique en la efectividad, o en términos simples: en hacerlo mejor.

De aquí se desprende la primera de cuatro preguntas dirigidas a las autoridades que se encargarán de diseñar las acciones para contrarrestar los factores de riesgo cuya interacción lleva a algunos individuos a delinquir:

1. ¿Cómo se asegurarán de que las intervenciones que contempla el Programa Nacional para la Prevención del Delito esten bien focalizadas? ¿Cuáles serán los criterios?

Si no se define correctamente a la población objetivo, la efectividad se verá mermada. Es cierto que programas que forman parte de la estrategia transversal denominada “Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos” cuentan con reglas de operación debido a que nacieron en administraciones pasadas (Hábitat, por ejemplo), habrá otras para los que se necesitará definir criterios basados en evidencia. La bibliografía disponible en cuanto a los factores de riesgo a nivel individual, familiar y comunitario es vasta e incluso referida a las particularidades de la región Latinoamericana. Va un ejemplo que puede ser útil como punto de partida para la generación de indicadores que respondan a la interrogante de ¿dónde intervenir?

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2. ¿Está considerándose algún mecanismo para aprovechar información generada a nivel local (municipal y estatal), como diagnósticos psicosociales, socioeconómicos y delictivos existentes?  

El salto a esta pregunta es casi natural. Independientemente de que se trate de un programa nacional y que algunas entidades tengan sus propios programas, las autoridades a este nivel cuentan con un conocimiento privilegiado de su territorio y realidad porque es justo en sus ciudades, delegaciones o barrios donde tiene lugar la violencia y el delito. A nivel internacional, por ejemplo en Colombia, las experiencias más destacadas en prevención se llaman Bogotá y Medellín. Lo anterior cobra aún más relevancia si se tiene la intención de implementar acciones de prevención comunitaria. Obviar esta comunicación sería empezar con el pie izquierdo.

3. Para la estrategia gubernamental de prevención, ¿qué tan importante será contar con programas públicos con impacto real en esta materia?

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 contempla un total de 115 mil 625.8 millones de pesos para las ya mencionadas “Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos”, entre las que se encuentran programas con historial como Escuela Segura, Hábitat, Oportunidades y Escuelas de Tiempo Completo. Sin embargo, no queda claro que se hayan consultado las evaluaciones de consistencia y resultados a las que éstos se han sometido para constatar su impacto en este fin: por citar un ejemplo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social determinó que Escuela Segura carece de “indicadores que permitan avanzar hacia ejercicios de evaluación más sofisticados, para medir el impacto del programa sobre los niveles de seguridad de las escuelas atendidas”, las cuales se encuentran prioritariamente en los municipios de mayor incidencia delictiva.

Con lo anterior no afirmo que no tengan efectos, pero en el mejor de los casos, los desconocemos. También existe la posibilidad de que los tengan en otros rubros para los que fueron diseñados, pero no en los relacionados con la prevención del delito. Si éste fuera el caso, el error consistiría en englobar en la bolsa de la prevención cuya relación con ésta no esté sustentada en la evidencia.

4. ¿Cómo coexistirán la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, ambos dependientes de la Secretaría de Gobernación?

Aunque habrá que esperar que el nuevo reglamento interno de la Segob (al Ejecutivo Federal le quedan poco más de 80 días para su publicación) dé paso a la creación de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana que encabezará Roberto Campa, las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establecen que corresponde a la dependencia encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong “proponer en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional; y efectuar, en coordinación con la Procuraduría General de la República, estudios sobre los actos delictivos no denunciados e incorporar esta variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del delito”.

Asimismo, le corresponde “proponer al CNSP el desarrollo de políticas orientadas a prevenir el delito y reconstituir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes federales, estatales y municipales”, así como “establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la prevención de delitos, mediante métodos que garanticen el estricto respeto a los derechos humanos”.

En cuanto al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) señala entre sus principales atribuciones, la de “proponer al CNSP lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención”; promover ante las instituciones públicas el establecimiento de políticas que aseguren la prevención del delito, atención y protección de grupos vulnerables; así como emitir opiniones y recomendaciones en materia de prevención y participación ciudadana.

El riesgo de que las funciones de la nueva Subsecretaría dupliquen las del Centro Nacional está latente, así como las consiguientes disputas por el presupuesto con consecuencias en la efectividad de la política de prevención.

 

Una política de seguridad pública no está completa sin un componente de prevención no penal del delito, y aun cuando los resultados de éste último se harán visibles (y medibles) sólo en el mediano y largo plazos, es importante que quienes toman las decisiones en nuestro país tengan en cuenta que el buen diseño de los programas públicos son fundamentales para que sean efectivos. La intención de privilegiar la prevención se quedará en ese nivel si no se cuenta con metas claras y medibles desde el inicio.

Una gran cantidad de homicidios siguen perpetrándose en el país; la mayoría concentrada en menos de seis entidades. Si para Calderón la prevención era también un eje de su estrategia, la Administración de Peña tiene todavía la oportunidad de distinguirse de su antecesora en este rubro por algo: efectividad. Nada más y nada menos.

 

* Lilian Chapa Koloffon es investigadora de México Evalúa

 

 

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