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Gafas “antidelincuencia”

Por: Leonel Fernández Novelo (@leoxnv)

Una de las principales estrategias del Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia del gobierno de Enrique Peña Nieto es el “Programa de Intervención Temprana de Problemas de Aprendizaje y Conductuales (Entrega de Lentes)”.

De acuerdo con las bases del programa, el objetivo de esta estrategia es “evitar la deserción escolar causada por problemas de discapacidad visual, auditiva y de atención, reduciendo riesgos de deserción. Esto porque los niños con problemas de aprendizaje no detectados a tiempo tienen mayor riesgo de asumir problemas conductuales y en el futuro abandonar el sistema educativo. La exposición temprana a la violencia y la ausencia de referentes adultos para procesarla, deriva en su naturalización y en un posterior desarrollo de conductas de riesgo”.

Además, según la descripción del proyecto, el programa se enfocará en los 4.5 millones de alumnos de primaria de las 57 demarcaciones prioritarias, se realizará un examen optométrico al 30% de ellos y el 12.7% será beneficiado. La meta es que 576,675 niños cuenten con lentes nuevos graduados y adecuados a su necesidad y a su gusto. El documento menciona que el costo del programa es de $98 millones 23 mil 362 pesos y será cubierto, en partes iguales, por la iniciativa privada, fondos federales de la Secretarías de Gobernación, Educación y Salud y por los fondos estatales y municipales asignados como parte del programa. Cada uno de los actores aportará alrededor de $32.6 millones de pesos.

La decisión de implementar esta estrategia está basada en dos estimaciones de la Secretaría de Gobernación:

1)   El 28% de las deserciones escolares tienen como causa problemas visuales, auditivos o cognitivos leves no detectados oportunamente.

2)   El 12.7% de los alumnos de primaria tienen problemas visuales que pueden corregirse con lentes.

Hasta aquí la información existente sobre la estrategia. A pesar de que parece ser un buen programa social con beneficios educativos importantes, no tenemos evidencia empírica que sustente su propósito de prevención de la violencia y en última instancia, de reducción del delito. Con la información que contamos al día, parece ser que la estrategia de entrega de lentes confunde una política social con una política de prevención.

A la falta de sustento empírico del programa, se debe añadir que no existe evidencia del porqué la estrategia sería efectiva en las demarcaciones seleccionadas. En la selección de éstas no hay un diagnóstico base de cuáles de ellas necesitan ser atendidas de forma prioritaria, ni cuáles son otras variables que, en cuya presencia, el fenómeno se desarrolla con mayor rapidez, tales como porcentaje de hogares monoparentales o falta de espacios deportivos. Tampoco sabemos qué delitos en particular son los que están relacionados con la deserción escolar, o si los niños que desertaron por problemas visuales tienen mayor probabilidad de convertirse en delincuentes que aquellos que desertaron por otras razones, tales como la falta de recursos económicos y problemas en el hogar.

Resulta llamativo que no haya un estudio complementario que diagnostique de forma completa la deserción escolar y sus consecuencias sobre el fenómeno de la violencia (probabilidad de que los desertores se unan a las filas del crimen organizado y con ello, que las comunidades con altos niveles de deserción tienen mayores niveles de violencia asociada al crimen). No es suficiente justificar el programa tan sólo con el porcentaje de deserciones escolares por problemas visuales y el porcentaje de alumnos con estos problemas, sin que estos datos estén relacionados con la delincuencia o la violencia.

La posible eficacia del programa se ve mermada aún más cuando no hay información desagregada a nivel local donde se destinarán los recursos. Por ejemplo, el programa debe incluir en su diagnóstico el porcentaje de delincuentes conocidos que salieron de la escuela en la primaria, porcentaje de delincuentes cuya principal razón para salir de la escuela fue algún problema visual o cognitivo, características socioeconómicas —composición escolar, nivel de ingreso, consumo de alcohol de los padres— de los alumnos que desertaron de la escuela por problemas visuales y su actividad posterior a la deserción del total de niños y de aquellos con problemas sociales.

No hay referente comparado que sirva de posible guía para el diseño e implementación del programa. Es importante preguntarse si existe algún caso en otros países con contextos similares de violencia o de crimen organizado en el que las autoridades hayan podido diagnosticar que la deserción escolar –causada principalmente por las consecuencias negativas de deficiencias visuales de los educandos- esté ligada a incrementos en los niveles de violencia  Si esto es así, sería muy conveniente que se incluyeran dentro del diagnóstico en cuestión, y así guiar con mayor eficacia las acciones de la autoridad en la materia.

En resumen, el programa carece del diagnóstico necesario para la implementación de cualquier política pública, y en materia de prevención, no existe información de cómo los fenómenos de deserción escolar por problemas visuales y de violencia y delincuencia están relacionados entre sí, ni cuáles son los delitos en específico que se buscan prevenir. Tampoco sabemos cuáles serán los indicadores para evaluar el programa, ni en cuánto tiempo podremos ver resultados claros en disminución del delito.

Por lo tanto, el Programa de Intervención Temprana de Problemas de Aprendizaje y Conductuales (Entrega de Lentes) no tiene las características de una estrategia de prevención del delito. Más bien, tiene características de una política social para reducir problemas educativos y en ese sentido, es cuestionable su propósito en materia de seguridad.

Lo que hace diferente a una política de prevención del delito de las demás políticas sociales es que en la primera existe un diagnóstico claro sobre cuál es el fenómeno delictivo que se busca prevenir y sobre su relación con otros problemas sociales. Este diagnóstico permite identificar y reducir los factores de riesgo del delito y las oportunidades para que las personas —principalmente  los jóvenes— se conviertan en delincuentes. El objetivo último de estas políticas es disminuir la comisión del delito y evitar que aparezcan nuevos delincuentes.

Aunque muchas de las políticas sociales pueden tener como efecto secundario la diminución de la delincuencia,  es muy importante no confundirlas con estrategias de prevención del delito. Si esto sucede, es muy posible que no se obtengan los resultados esperados ni que se cuente con la información suficiente para poder evaluar las estrategias y saber qué funciona y qué no en materia de prevención. Lamentablemente, el panorama de la estrategia principal del Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia no es muy alentador y no existe evidencia suficiente para creer que dará resultados y contribuirá a la creación de un México en Paz.

Es loable que se busque atender el desafío que muchos niños y jóvenes enfrentan al acudir al salón de clases cuando no pueden leer adecuadamente el pizarrón por falta de lentes. Pero de ahí a afirmar que esto es un factor contundente de la deserción escolar y que ésta a su vez tiene un efecto causal sobre la participación de los niños y jóvenes en la delincuencia o en mayores niveles de violencia, hay un salto mayúsculo que hasta hoy la autoridad no ha podido sustentar empíricamente.

Sin este piso mínimo, la búsqueda de la prevención del delito se estará sentando en una base preocupantemente frágil. Ocurrencias con propósitos loables en términos sociales pueden ser políticamente atractivos, pero poco eficaces para el combate y la prevención de la delincuencia del país.

 

* Leonel Fernández Novelo es investigador de México Evalúa.

 

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