¿Una oportunidad para mejorar la realidad de la cárcel en México?

El Anteproyecto de dictamen sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal socava la esperanza de cambio que inspiraba la iniciativa original para garantizar un sistema penitenciario más seguro y digno, que proteja los derechos de todas las personas privadas de la libertad.

Por: Roberto Cortés Ruiz y Miguel Sarre (@miguelsarre)

Aunque contar con prisiones dignas y seguras debería ser un motivo de consenso, desafortunadamente no lo es. Así lo demuestra el actual debate en torno a la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Después de meses de trabajo conjunto entre las comisiones de Justicia, de Gobernación y de Derechos Humanos del Senado de la República, los requisitos para garantizar un sistema penitenciario más seguro y digno se concretaron en una iniciativa de Ley Nacional de Ejecución Penal suscrita por una decena de legisladores en noviembre de 2013. La iniciativa se vio posteriormente enriquecida por aportaciones de un grupo de expertos y directivos de sistemas de prisiones en el país convocado por México SOS. Sin embargo, el Anteproyecto de dictamen relativo a la Ley Nacional de Ejecución Penal presentado hace unos meses por la propia Comisión de Justicia del Senado socava la esperanza de cambio que inspiraba la iniciativa original.

Veamos las principales regresiones del actual Anteproyecto con respecto a la Iniciativa de Ley original:

1. En la Iniciativa se protegían y garantizaban los derechos de todas las personas privadas de la libertad (PPL), independientemente de su calidad de personas procesadas o sentenciadas. El Anteproyecto, por el contrario, se limita a regular la situación jurídica de las personas sentenciadas.

Este cambio tiene su origen en un argumento que la Procuraduría General de la República (PGR) sostuvo ante el Senado, según el cual las personas en prisión preventiva están sujetas a una medida cautelar y no a una pena, por lo que no habría razón para considerarlas en la nueva legislación ni proteger sus derechos en reclusión por los nuevos jueces y juezas de ejecución penal. La prisión preventiva es en realidad una moneda con doble cara: desde el punto de vista del proceso penal, es una medida cautelar, pero desde el derecho de ejecución penal, equivale a una pena. Por lo tanto, los presos sin condena deben tener al menos los mismos derechos y las mismas garantías para su protección que quienes ya fueron sentenciados. Sería muy lamentable, en términos intelectuales, éticos y políticos, que el Senado coloque en el limbo jurídico a quienes enfrentan su proceso en prisión, simulando que no están ahí.

2. La Iniciativa establecía que habría jueces especializados en la ejecución penal. El Anteproyecto abre la puerta para que, mediante acuerdos administrativos, los jueces de control y los jueces de juicio oral puedan resolver conflictos carcelarios, con lo que se estaría violando la especialidad, independencia e imparcialidad que debe tener cada juzgador.

Esta modificación aparentemente inocua es de mucha trascendencia puesto que implica relegar la justicia de ejecución penal y colocarla como una carga extra a jueces dedicados a cuestiones distintas. El mismo juez que condena o que impone una medida cautelar no puede ser el que proteja a la persona a la que le impuso la prisión. Es necesario que este último sea un juez distinto, un juez a quien la persona privada de la libertad perciba como alguien imparcial en su caso. La justicia de ejecución penal también merece jueces de primera, de tiempo completo, así como con amplias facultades para hacer cumplir sus determinaciones.

3. En la Iniciativa se permitía a terceras personas acudir ante las y los jueces en materia de ejecución penal. En el Anteproyecto se cierra esta posibilidad.

El problema de las represalias hacia las PPL que hacen valer sus derechos es uno de los de mayor gravedad que enfrenta el sistema de prisiones. Por ello, es necesario legitimar a terceras personas, como por ejemplo organizaciones de la sociedad civil, para que reclamen un trato justo a nombre de quienes no lo pueden hacer, pero sin identificarlos, de manera que no se vean expuestos a alguna venganza.

Por otra parte, los defensores, visitantes y organizaciones civiles tienen derechos propios que hacer valer ante los nuevos jueces garantes de los derechos humanos en el sistema penitenciario. Hay que recordar que la publicidad de la justicia abarca también a la ejecución de la pena y de la prisión preventiva y, para ello, es necesario regular y garantizar la mirada pública sobre lo que ocurre en su interior.

4. En la Iniciativa se proponían procedimientos administrativos y recursos jurisdiccionales para garantizar los derechos de todas las PPL. En el Anteproyecto, simplemente desaparecen estos procedimientos y recursos.

No se puede lograr una prisión con ley si no se cuenta con un andamiaje jurídico básico que les permita a internas e internos contar con recursos jurídicos específicos si quieren reclamar la mala alimentación, el acoso de los grupos de autogobierno o su traslado arbitrario a otro centro. No basta con invocar en abstracto los derechos humanos, es necesario establecer recursos y procedimientos para su defensa.

5. En la Iniciativa se precisaron las condiciones de vida, así como los servicios y los suministros básicos a los que tienen derecho las PPL. De acuerdo con el Anteproyecto, estas regulaciones no deben establecerse en la ley, sino en el reglamento de cada centro.

Una legislación nacional debe regular las condiciones básicas en todas las cárceles del país, tal como se ha establecido en criterios de la ONU y del Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos. De lo contrario, dependerán de la buena o mala reglamentación que se adopte en cada prisión. Los derechos humanos no pueden tener una dimensión distinta en cada centro, ni depender de sus disponibilidades económicas.

6. La Iniciativa eliminaba los estudios de personalidad mientras que el Anteproyecto los reintroduce bajo el nombre de “informes técnicos”.

El cambio de paradigma constitucional en 2008, que pasó de un modelo de readaptación social a uno de reinserción social, implica dejar de considerar a la PPL como una persona objeto de tratamiento, para tratarlos como sujetos de derechos y obligaciones. Los estudios de personalidad han sido descalificados por la jurisprudencia de la Suprema Corte.

7. En el Anteproyecto, se elimina la propuesta de la Iniciativa para establecer un sistema transparente de mecanismos para reducir la pena y, en cambio, se mantiene el enjambre de beneficios que favorecen la corrupción, la arbitrariedad, la inseguridad jurídica y la impunidad.

En un sistema de debido proceso en la ejecución penal, las penas sólo deben ser modificadas de acuerdo con criterios objetivos que respondan al interés del bien común carcelario. Así, debe mantenerse la obligación prevista en la Iniciativa para que la autoridad penitenciaria presente anualmente ante el juez de ejecución, para su aprobación, un cómputo acumulado de cada PPL que comprenda el tiempo de la pena cumplido, el tiempo abonado por buen comportamiento y la estimación del tiempo pendiente de cumplirse. El Senado tiene la oportunidad así de eliminar la fuente de gastos, corrupción, inseguridad e inestabilidad que implica el enredado modelo de beneficios contenido en el Anteproyecto.

8. En la Iniciativa, no se admitía la medida de aislamiento por más de 36 horas. En el Anteproyecto, se abre esa posibilidad, incluso de forma permanente.

La privación de interacciones sociales en forma permanente o prolongada, como medida disciplinaria o de protección, es una forma de aniquilar a las personas.

9. En el Anteproyecto, se eliminan los procedimientos previstos en la Iniciativa para hacer valer las reparaciones por violaciones a los derechos de las PPL.

La medida de la intensidad de las penas está dada por su duración, la cual está impuesta por los órganos jurisdiccionales. Las autoridades penitenciarias no deben agravar las penas, ni mucho menos la prisión preventiva, por medio de medidas “más duras”. Así, todo exceso debe ser sancionado y reparado, tal como se establecía en la Iniciativa.

10. En la Iniciativa, se establecía el derecho a no ser molestado una vez cumplida la pena de prisión o decretada la libertad anticipada de la persona. En el Anteproyecto, se introduce la figura del “supervisor en libertad”, con lo cual se impide el restablecimiento pleno de sus derechos y libertades.

Las obligaciones de las personas liberadas de presentarse a firmar periódicamente o de tener a alguien encargado de vigilarlos obstaculizan severamente su vida familiar y laboral, tal y como lo muestra el documental “Iven” elaborado por Documenta, A. C. Además, contraviene el artículo 22 constitucional, que prohíbe las marcas o estigmas sobre las personas.

En conclusión, los problemas de las prisiones mexicanas afloran en la violencia carcelaria, en los malos tratos, la ingobernabilidad, la extorsión, los abusos sistemáticos, la indefensión, la reproducción de la violencia, las pésimas condiciones materiales en algunos centros y los regímenes deshumanizantes. Todo ello podemos constatarlo al abrir los reportes internacionales (SPT), el diagnóstico que al respecto publica anualmente la CNDH, el estudio presentado en 2013 por México Evalúa, o simplemente si platicamos diez minutos con quienes hacen fila para visitar a sus familiares presos.

En el contexto de la discusión de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los legisladores tienen la oportunidad de mejorar la realidad de nuestras prisiones por medio de la ley. Esperamos que el trabajo legislativo se reoriente para lograr hacer de nuestras prisiones lugares dignos y seguros.

 

* Roberto Cortés Ruiz es abogado/litigio estratégico de Documenta, A. C. y Miguel Sarre es profesor numerario del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

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