Lo que debemos observar de las finanzas públicas

El próximo lunes 1 de agosto se publica el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al segundo trimestre del año. A través de él, se puede evaluar qué tan serio es el compromiso del gobierno para mejorar el balance y reducir el ritmo de endeudamiento, puesto que en las últimas tres administraciones han gastado por encima de lo que es posible financiar con los ingresos públicos y se ha recurrido al endeudamiento de manera consistente.

Por: Mariana Campos (@mariana_c_v) y Esther Ongay (@Eongay)

Desde hace 10 años el déficit público se ha incrementado de manera sistemática. Las últimas tres administraciones han gastado por encima de lo que es posible financiar con los ingresos públicos, por lo que se ha recurrido al endeudamiento de manera consistente. Así, la deuda se ha acumulado año con año. Tan sólo el déficit del gobierno federal pasó de 152 miles de millones en 2005 a 549 miles de millones en 2015.

La deuda tiene un costo y no es menor. Durante 2015 el erario desembolsó 311 miles de millones de pesos para pagar los intereses asociados a la deuda, 56 mil millones más que en 2012. Esa cantidad de dinero representó 95 % del gasto de la Secretaría de Educación Pública para financiar todos sus programas presupuestarios.

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En la presente administración la situación parece aún más delicada, muy posiblemente por dos factores que entraron en juego. En primer lugar, hay un mayor ánimo de gastar. Mientras que durante el sexenio de Felipe Calderón el gasto público del gobierno federal se incrementó en 19%, en tan sólo los primeros años de Enrique Peña ya aumentó el gasto en el mismo porcentaje. Esto significa que actualmente se gasta al doble del ritmo del sexenio anterior.[1]

En segundo lugar se encuentra el desplome de los ingresos petroleros. En 2015, el gobierno federal dejó de recibir casi 600 mil millones de pesos de ingresos petroleros con respecto a 2012, esto sucedió a pesar de las ingresos asegurados por las “coberturas petroleras”.

Para hacer frente a esta situación, en 2015, el gobierno federal prometió un recorte de 124 mil 300 millones de pesos (2.6 % del presupuesto aprobado), que no se llevó a cabo.[2] Por el contrario, al cierre del año fiscal éste reportó un aumento de 4.2% del gasto público con respecto al monto aprobado para ese año; 5.2% con respecto al gasto ejercido en 2014, en términos reales. Ya en 2016, el gobierno federal de nuevo anunció un programa de recortes; el último anuncio sucedió apenas al cierre de junio.

Esto nos demuestra que, al menos en su discurso, el gobierno está comprometido con la sanación de las finanzas públicas. ¿Pero cómo podemos nosotros como ciudadanos verificar que sean en realidad una prioridad de nuestro gobierno? Haciendo uso de los mecanismos de rendición de cuentas a nuestro alcance.

Precisamente, el próximo lunes 1 de agosto se publica el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al segundo trimestre del año. A través de él, se puede evaluar qué tan serio es el compromiso del gobierno para mejorar el balance y reducir el ritmo de endeudamiento. En especial, debemos poner atención a 4 aspectos del presupuesto:

  1. Verificar el monto de ingresos petroleros efectivamente obtenidos contra los aprobados

La expectativa de cuántos ingresos petroleros captará el gobierno federal para el año 2016 fue, desde un inicio, demasiado “alegre”. Según los datos del presupuesto aprobado por el Congreso, el Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) ingresará 485 mil 536 millones de pesos al cierre del año en curso. Sin embargo, esto parece alejado de la realidad, ya que en el año 2015 se observaron mejores condiciones de mercado y coberturas en comparación con el presente año, y así sólo se pudieron recaudar 411 mil 128 millones de pesos. Aparentemente, en un contexto de mayor adversidad se espera tener mejores resultados, lo cuál no es consistente.

La información financiera del gobierno federal publicada a mayo de este año confirmó que ya se han obtenido 60 mil millones menos en ingresos petroleros de lo que se había alcanzado a estas alturas del año pasado.

Con estos resultados parece que los ingresos del FMP sólo podrán alcanzar entre 270 mil millones y 395 mil millones, con lo que se espera un boquete en los ingresos obtenidos vs. los aprobados que podría ubicarse entre 89 mil 940 millones y 215 mil 855 millones de pesos.  Esto puede resultar si se asume que el mejor escenario es uno en donde el gobierno ya no pierde más ingresos petroleros el resto del año. El peor escenario sería observar una tendencia similar a la registrada en la primera mitad del año.

Revisar las cifras de los ingresos petroleros obtenidos permitirá entender el tamaño de las restricciones presupuestales que enfrenta el gobierno.

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  1. Revisar el crecimiento de los ingresos tributarios

Durante la primera parte de la actual administración, los ciudadanos le entregamos al gobierno federal alrededor de 700 mil millones de pesos adicionales de impuestos, a través del pago de más ISR, IVA, así como más IEPS por gasolinas y diesel, entre otros. Esto representa un aumento de 43% con respecto a lo recaudado en 2012.

En un contexto en el que se desplomaron los ingresos petroleros, el aumento en la recaudación no ha sido suficiente para mantener el ritmo creciente de gasto. Menos lo será cuando este aumento se estabilice. 

  1. Confirmar que los remanentes que Banco de México entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su mayoría paguen deuda pública

El Banco de México (Banxico) obtuvo un remanente histórico al cierre de 2015, como resultado de su intervención en las subastas de dólares. Debido a la apreciación del dólar frente al peso mexicano, la institución pudo vender dólares más caros, lo que le redituó en una ganancia de más de 300 mil millones de pesos.

Con base en la Ley Orgánica de Banxico, en abril de 2016, éste le entregó al gobierno federal 239 mil millones de pesos. De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que regula cómo deben gastarse esos recursos públicos, 30% del remanente de Banxico se debe transferir al Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) que radica en el Ramo 23.

Lamentablemente la rendición de cuentas de este fondo es deficiente por lo que, a pesar de que parece que el dinero ya está en ese fondo, será difícil saber en qué se utilizó. No se publican estados financieros completos de este fondo, ni la lista de proyectos de infraestructura que se financian con recursos provenientes del mismo.

El restante 70% ó 167 mil millones de pesos debe gastarlos en prepago de deuda pública. Esto se debe reflejar en un aumento proporcional en el gasto no programable, donde, hasta donde sabemos, se registran los recursos efectivamente erogados para el pago de deuda. [3]

Con la información financiera del gobierno federal publicada a mayo de 2016 se observó que el gasto no programable sólo aumentó 29 mil millones con respecto al mismo periodo del año anterior.

Los remanentes de Banco de México, no son una ganancia, son resultado de liquidar capital, es decir, de usar patrimonio de todos los mexicanos. Por ese motivo esos recursos no pueden usarse para financiar cualquier tipo de gasto. Es necesario verificar que en su mayoría se hayan usado para el pago de deuda e inversión de alto impacto.

  1. Revisar los avances de los recortes al gasto anunciados

En febrero de este año, el Secretario de Hacienda anunció un recorte por 100 mil millones de pesos para Pemex, 500 millones para el ISSSTE, 2.5 mil millones para CFE y 29.3 mil millones para el gobierno federal.

En junio, anunció un recorte adicional por 31.7 mil millones de pesos. Así, en total, se proyecta un recorte por 61 mil millones de pesos para el gobierno federal en 2016. Ello afectará al presupuesto del Seguro Popular con 6,500 mdp menos, Proyectos de construcción de carreteras (5,243 mdp), al Programa de infraestructura indígena (4,000 mdp) y Prospera (1 mil mdp), entre otros.

Dado el panorama de los ingresos, será importante que los recortes efectivamente se lleven a cabo. Asimismo, las decisiones de recortes, como cualquier cambio presupuestario, deben responder a la rendición de cuentas y justificarse adecuadamente. Por ello, sería deseable que se publicara un informe especial que justifique los recortes con: diagnóstico en términos de desempeño y costo-efectividad de los programas recortados, impactos esperados y afectación esperada a la población.

El manejo financiero del gobierno federal ya preocupa a actores relevantes, es decir, a más de un puñado de think tanks que venimos exigiendo una mejor gobernanza del presupuesto público desde hace tiempo. La calificadora de valores Moody’s en un comunicado muy cuidado anunció que cambió a “negativa” la perspectiva de la calificación a la deuda soberana de México. Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su más reciente informe sobre la política fiscal de México, recomienda elevar la calidad de la discusión fiscal y enmendar la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria para hacer más estrictas las causales de déficit.

Volvemos a hacer un llamado a los legisladores para que funjan como un contrapeso efectivo al ejercicio del presupuesto y revisen el citado informe trimestral sobre finanzas públicas. Sin su labor, se debilita la exigencia por un presupuesto a la altura de la circunstancias.

 

* Mariana Campos es Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, colaboradora del Programa de Eduardo Ruiz-Healy en Radiofórmula. Es licenciada en Economía por el ITAM y graduada con honores como Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Carnegie Mellon.  Esther Ongay es investigadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Es Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el CIDE.

 

 

[1] Durante la administración de Calderón, el gasto de gobierno federal aumentó en 636 mil 437 millones. En lo que va de la administración de Peña Nieto, el aumento ha sido de 596 mil 892 millones de pesos.

[2] El Sabueso: Luis Videgaray prometió un recorte al gasto público, ¿cumplió?

[3] El gasto no programable son recursos que no financian un sector en particular, sino que se destinan al pago de los múltiples pasivos (o deuda) del gobierno. En esta clasificación se encuentran, por ejemplo, el Ramo 24 (Deuda Pública) y el Ramo 30 (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores).

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