Fideicomisos y elecciones de Estado

La puerta para usar políticamente los recursos públicos sigue abierta y no sorprendería que en el Estado de México se confirmen las acusaciones de que habrá una "elección de Estado".

Por: Mariana Campos (@mariana_c_v) y Esther Ongay (@Eongay)

Durante las últimas semanas diversas figuras políticas han acusado al PRI de querer llevar a cabo una “elección de Estado” en la contienda para gobernador del Estado de México. Aseguran que el gobierno de la República está destinando recursos públicos en apoyo al candidato tricolor.

¿Pero qué han hecho estos actores, desde su trinchera, para cambiar esta situación?

La puerta para usar políticamente los recursos públicos sigue abierta y no sorprendería que se confirmen las acusaciones.

En 2012, último año de gobierno de Felipe Calderón, el Estado de México recibió la menor transferencia per cápita del Gobierno Federal de todas las entidades federativas del país (2 mil 43 millones de pesos). Tres años después, a la mitad del término de la administración de Enrique Peña Nieto, el Estado de México recibió una transferencia per cápita mucho mayor que la de 2012 (3 mil 987 millones de pesos), que le permitió escalar su posición 13 lugares. Fue el estado que recibió el mayor aumento en el periodo. Se encontró que este aumento se debía en gran medida a una asignación de 23 mil millones de pesos a través del concepto “Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos”. En 2015, el Estado de México se benefició del 14% del total de las transferencias a fideicomisos.

Es importante señalar que en 2015 se destinaron 166 mil millones de pesos del erario a fideicomisos públicos, 60 mil millones (57 por ciento) más que en 2012. Este aumento en la cantidad transferida nos dice también cómo crece la popularidad de este instrumento financiero.

En su “Informe general de revisión de la Cuenta Pública 2014”, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que la normatividad de los fideicomisos tiene carencias y omisiones que generan “una falta de conocimiento del impacto que tienen desde el punto de vista financiero para el Estado mexicano, lo que da lugar a vulnerabilidades y opacidad en su operación”.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en mayo de 2015, se estableció la obligación de publicar información de los contratos de fideicomisos (artículo 77).[1] Sin embargo, la información publicada sobre los mismos todavía es muy limitada. Ni en los Informes Trimestrales de la SHCP, ni en la Cuenta Pública se incluye información suficiente sobre el destino geográfico de los fideicomisos, entre otros aspectos.

Además, parece que gran parte de los recursos transferidos a fideicomisos en 2015 no se clasificaron correctamente, lo que no permite rastrear la ubicación geográfica de los beneficiarios de estos recursos e impide una rendición de cuentas adecuada en momentos electorales. De acuerdo con los datos de la Cuenta Pública de ese año, 85% de los recursos destinados a fideicomisos se destinaron al Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Presumiblemente, este resultado se explica porque muchos programas públicos se dirigen desde la capital, aunque no necesariamente estos recursos se otorguen en beneficio de la Ciudad.

Al intentar investigar la ubicación de los recursos transferidos a los fideicomisos en 2016, encontramos que hoy no es posible consultar la clasificación geográfica de los mismos. En agosto de 2016, la clasificación del gasto para dar seguimiento a este aspecto cambió de “concepto” de gasto a “partida de gasto”.[2] Esto es de gran relevancia porque los informes trimestrales permiten consultar la información relativa a los conceptos de gasto y no a las partidas. Éstas últimas desagregan la información en un nivel mayor, pero sólo se rinde cuentas de ellas cuatro meses después del cierre fiscal, en el informe de la Cuenta Pública, una vez erogado el gasto y no durante el ejercicio del mismo. En pocas palabras, se postergó la rendición de cuentas de este aspecto tan fundamental del gasto. Este movimiento no parece conveniente al interés público.

Transparentar oportunamente el destino geográfico de los recursos federales que se aprueban y se erogan para beneficiar a gobiernos locales mediante fideicomisos aún es un pendiente en la agenda de rendición de cuentas, lo cual claramente eleva el riesgo del uso político de estos recursos en momentos electorales.

¿Qué hacen los inconformes para atender estos riesgos que se repiten elección tras elección? Lamentablemente, los reclamos no parecen haber trascendido para lograr revertir esta situación.

 

* Mariana Campos es Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Licenciada en Economía por el ITAM y graduada con honores como Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Carnegie Mellon. Esther Ongay es investigadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Es Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el CIDE.

 

 

[1] “I. El nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al fideicomitente, al fiduciario y al fideicomisario;

II. La unidad administrativa responsable del fideicomiso;

III. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportaciones públicas y fuente de los recursos, los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversiones realizadas y aportaciones o subvenciones que reciban;

IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes que deban presentarse en los términos de las disposiciones aplicables;

V. Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de constitución del fideicomiso o del fondo público;

VI. El padrón de beneficiarios, en su caso;

VII. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción del fideicomiso o fondo público, especificando, de manera detallada, los recursos financieros destinados para tal efecto, y

VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del fideicomiso, así como los honorarios derivados de los servicios y operaciones que realice la institución de crédito o la fiduciaria”.

[2] La información del anterior “concepto” de gasto 4600 llamado “transferencias a fideicomisos y mandatos” que se destina a entidades federativas y municipios no está disponible ahora. Es decir que aún no podemos conocer la entrega de estos recursos para 2016 y tendremos que esperar abril de 2018 para conocer lo que suceda durante este 2017.

Además, se reincorporó el “concepto” 4200, que ahora se llama “transferencias al resto del sector público” y en una de sus partidas se colocaron las “transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios”.

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