Alberto Serdán

El dato checado

Perfil Alberto Serdán tuitea, busca cifras y las usa para entender lo que le rodea. Con maestría en Políticas Sociales e interés en saber cómo le va a los Pumas cada fin de semana, es profesor del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas del CIDE.

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Petates fúnebres

 

La cúpula sindical comenzará el flamante 2013 con una férrea defensa de sus prebendas como es el control de las plazas de los maestros, la capacidad de endilgarle al erario público el costo de los comisionados a su servicio, el veto de reformas a la política educativa bajo el eufemismo de la “bilateralidad” de las relaciones entre el sindicato y las autoridades educativas, todo ello fundamentado en la complicidad del pacto político-corporativo con el gobierno. Para ello, de ser necesario, echará mano de su capacidad de movilización y con ello hacer manita de puerco a los legisladores y gobiernos estatales y federal para que descafeínen la reforma educativa.

No obstante, una de las armas más poderosas que tiene la cúpula sindical es la de manipular la información para azuzar a sus agremiados y a la sociedad con tres petates del muerto claramente definidos: la supuesta “privatización de la educación”; la supuesta “legalización de las cuotas de los padres de familia” y; la supuesta “violación a los derechos laborales”.

Los primeros dos petates se basan en una interpretación mañosa de la Fracción Tercera del Artículo Quinto Transitorio de la reforma educativa, la cual establece que se harán las adecuaciones al marco jurídico para:

“a) Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de [1] mejorar su infraestructura, [2] comprar materiales educativos, [3] resolver problemas de operación básicos y [4] propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta” (numerado propio).

Se dice que la reforma “privatiza la educación” porque fortalece la autonomía de las escuelas. Falso. En primer lugar no existe evidencia de que una educación privatizada mejore la calidad educativa, pues sistemáticamente tanto los alumnos de escuelas privadas como públicas tienen los mismos resultados deficientes en cuanto a logro de aprendizaje; pero, más importante, no es un modelo que genere una sociedad más igualitaria y solidaria. De hecho, ningún país europeo (ni los más neoliberales siquiera) tiene un sistema de educación básico privatizado pues al menos 80% de sus escuelas son públicas o dependientes del gobierno. En segundo lugar, la autonomía de gestión no significa que a un niño se le “prive” del acceso a una escuela, sino que es un paso fundamental para que la organización escolar responda de mejor manera a los retos de las comunidades sin perder su carácter público. Países con un sistema público fuerte y reconocido como Finlandia, tiene un exitoso modelo basado en la autonomía de sus escuelas.

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La fuente aquí (página 33).

Son demasiadas las referencias académicas que han encontrado una mejora sustantiva en el logro de aprendizaje cuando los maestros tienen mayor libertad para decidir textos, contenidos, métodos pedagógicos, materiales didácticos siempre siguiendo un lineamiento nacional (que en el caso mexicano es fundamental para garantizar la educación laica y científica). Lo mismo ocurre en escuelas que tienen una vibrante participación de los padres de familia y un liderazgo de los directores fortalecida por su capacidad de toma de decisiones en forma colegiada y, sobre todo, con sólidos mecanismos de rendición de cuentas.

Por el contrario, salvo honrosas excepciones como el Programa de Escuelas de Calidad (que ha probado su éxito), hoy se tiene en México un sistema rígido que dicta con una exagerada precisión lo que debe ocurrir en las aulas, lo que los maestros deben enseñar y cómo. Así, los docentes están más preocupados en acabar el programa y el libro de texto que primordialmente en asegurarse de que sus niñas y niños aprendan. No es gratuito que se crea que una reforma educativa solo se considere válida cuando se cambian los contenidos, en lugar de habilitar a los maestros para que tengan control de su materia de trabajo. No es gratuito que los directores estén más preocupados en el papeleo que en dirigir académicamente sus escuelas más que en ser meros administradores de las mismas, ni que los padres estén enfocados en formar parte de comités de recaudación de cuotas y organización de festivales.

A su vez, los directores de las escuelas no las dirigen en la realidad. Aunque formalmente tienen las atribuciones, no tienen poder real de decisión sobre el destino del raquítico gasto de sus escuelas (ni siquiera sabe cuál es su presupuesto real –incluyendo sus recursos humanos); ni tienen poder de decisión sobre a quién contratar, a quién despedir; ni sobre las orientaciones pedagógicas de su escuela (por cierto, querida lectora, ¿cuántas escuelas públicas Montessori conoce?). Un alto funcionario de la SEP alguna vez confió que las escuelas con mejores resultados son las que tienen directores que menos caso le hacen a la SEP.

Sobre la supuesta legalización de las cuotas, la Fracción IV del Artículo Tercero de la Constitución no puede ser más claro: “IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”. Este fundamento de la educación pública no fue tocado con la Reforma y permanece inalterado, de manera que a ningún niño o niña puede negársele el acceso a una escuela por razones económicas. Hacerlo es violatorio de la Constitución, es discriminatorio, y debe castigarse. En cualquier caso, un reto futuro será que el gasto en la educación sea cada vez más progresivo de modo tal que para iniciar un salto hacia la disminución de las desigualdades sociales en el país, las mejores instalaciones, los mejores maestros y el mayor gasto debe destinarse a las zonas más marginadas, sin que ello signifique un detrimento o abandono en la calidad del resto de las escuelas. Por otro lado, debe disminuir la carga del gasto en servicios personales: en México más del 90 por ciento del gasto educativo va a sueldos y salarios mientras que en Chile y Brasil se le destina el 69 y 66 por ciento respectivamente.

Finalmente, sobre la supuesta violación de los derechos laborales, una reflexión: ¿en verdad la cúpula sindical va a anteponer los privilegios de los adultos por encima del derecho humano a la educación de las niñas, niños y jóvenes? Al parecer esto les tiene sin cuidado. No debe perderse de vista que el derecho a la educación requiere de personal idóneo que lo garantice. Como lo señala David Calderón, el derecho a la salud requiere que el doctor que abrirá un corazón tenga las capacidades para hacerlo y el Estado certifique que así sea, pues de otro modo pondrá en riesgo a los pacientes. Lo mismo ocurre con la educación. No puede ponerse en riesgo a generaciones de niñas y niños solo porque la persona que compró o heredó su plaza tiene “derecho” a no perderla. ¿Usted dejaría que un “doctor” que no sepa de cirugías le abra el corazón? En cualquier caso, la propia Reforma establece que “la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional [será] con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”.

En los próximos meses la cúpula sindical estará dando vueltas circulares alrededor de estos tres petates del muerto. Será bienvenida la deliberación, pero no debe perderse de vista lo que está de fondo: el temor a perder el control de las plazas magisteriales que es la base del poder de la cúpula del SNTE y de sus líderes y lideresas pasados y presentes. De la contundencia de las razones de la sociedad en su conjunto y, en particular, de quienes tomen decisiones, depende que el arreglo político-corporativo que tanto ha dañado a la educación no sea nuestro futuro.

 

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