Alberto Serdán

El dato checado

Perfil Alberto Serdán tuitea, busca cifras y las usa para entender lo que le rodea. Con maestría en Políticas Sociales e interés en saber cómo le va a los Pumas cada fin de semana, es profesor del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas del CIDE.

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Clientela educativa

La relación clientelar en el sistema educativo tiene larga data. El intercambio de votos por apoyos sociales es una maquinaria bien aceitada en nuestra cultura política que persiste hasta nuestros días. Existen muchos mecanismos de operación que llevan a un círculo vicioso con víctimas claramente identificables, como son la calidad de la educación y las generaciones de niñas, niños y jóvenes que viven la promesa de un mejor futuro. El derecho a la educación no se garantizará de persistir los arreglos clientelares alimentados por la voracidad de políticos y líderes sin escrúpulos que lucran con la necesidad de la gente.

En el origen, ni los salarios que se ofrecen en el mercado laboral ni los mecanismos de bienestar del Estado permiten a las familias que subsisten en precariedad tener una vivienda. En su penuria, se encuentran con organizaciones sociales que invaden terrenos para construir viviendas, mismas que ofrecen a las familias necesitadas. A cambio, las familias deben participar en una estructura en el que van ganando puntos para mantener sus nuevos hogares e incluso para acceder a otras más grandes, con baño, con mejores materiales. Hacer faenas de limpieza, participar en patrullas de seguridad comunitaria, hacer lo que los líderes digan (como asistir a marchas y plantones), entre otras actividades, son el precio. Votar por el partido que les indiquen, también.

El legítimo reclamo a una vivienda digna e incluso la buena voluntad de organizaciones que ofrecen lo que ni el Estado o el mercado pueden, conviven con prácticas políticas clientelares y antidemocráticas. Para obtener los votos cautivos, candidatos y partidos pactan con los líderes de estos grupos a cambio de certeza jurídica para los terrenos invadidos, promesas de servicios para las colonias (agua, luz teléfono, pavimentación), puestos públicos para quienes designen los líderes de las organizaciones, entre otras demandas. Una de ellas, la instalación y formalización de centros educativos.

Estas colonias al no estar planificadas requieren de servicios. Uno muy importante es el que ofrecen las escuelas. Como lo han ensayado, hay organizaciones como Antorcha Campesina, MORSE o las alentadas por las “bases magisteriales”, que invaden terrenos que suelen estar en zonas de difícil acceso o no aptas para otorgar el servicio a pesar de lo que indica la normatividad, presionan a sus dueños para que los vendan a precios irrisorios y delimitan el espacio de lo que será la escuela. Otro camino es la obtención de un terreno de manera legal con donaciones, “palancas” o complicidad del gobierno local. En cualquier caso, con el apoyo de la comunidad, se construyen salones con lonas, se ponen letrinas y se hacen mejoras para echar a andar la escuela.

Luego de funcionar por algún tiempo, a través de relaciones clientelares con el candidato o partido, así como acciones de presión social como plantones y marchas, se obtiene el reconocimiento de la secretaría de educación local para que la escuela opere, aunque no tenga lo mínimo necesario para ello. En aras de incrementar la cobertura educativa, estas prácticas son permitidas para fortalecer la fábrica de diplomas. El trofeo es la “Clave de Centro de Trabajo”. Con esta clave, la escuela puede tener presupuesto público y, sobre todo, personal a su servicio que permite pagar favores e incluso desviar las plazas al auxilio de las propias organizaciones o del sindicato. Este proceso lo encabezan los propios líderes de las organizaciones sociales o incluso maestros, tanto aquellos sensibles a las carencias de las comunidades como viejos lobos expertos en relaciones clientelares.

La comunidad agradece el gesto pues ahora tiene una vivienda y una escuela al alcance de la mano, fortaleciendo los lazos de lealtad con los líderes quienes, a su vez, mejoran su posición para negociar votos a cambio de conquistas sociales. Incluso, se llega a prometer que en esas escuelas no se cobrarán ni inscripciones o cuotas. A cambio, les invitan a marchas, plantones, actos de campaña y ceremonias cívicas (aniversarios de próceres encabezados por el presidente municipal o gobernador en turno) a los que deben asistir niñas, niños y padres de familia quienes tienen que pagar por el transporte al lugar indicado, con cuotas que sumadas superan las que supuestamente se ahorrarían al no contribuir con la inscripción. En otras escuelas, las ilegales cuotas son regla y fuente también de feroces disputas para su control.

Gracias al convenio con el SNTE de 1944, los maestros son afiliados de forma automática al sindicato al obtener su plaza y éste decide su destino gracias al control que tienen del escalafón con base en los reglamentos que datan de 1946 y 1973. A su vez, la organización social genera acuerdos con el sindicato para colocar a “su gente” en las plazas magisteriales. Se trata de maestros que ilegalmente daban clases en la escuela mientras ésta aún no obtenía su registro. Donde no hay acuerdo, algún grupo se sobrepone a la fuerza. En el caso de una escuela con difícil acceso, ahí también llegan los maestros “castigados” por su disidencia con el sindicato o recién ingresados al sistema que aún no acumularon los puntos suficientes para acceder a las escuelas con mejores instalaciones, accesibilidad o presupuesto.

Una de las consecuencias de este arreglo es el castigo que recibe la calidad educativa. Como las plazas no se concursaron por décadas, muchos de los maestros en estas escuelas compraron o heredaron las plazas, o simplemente recibieron el favor en pago por sus servicios prestados a la maquinaria clientelar. Así, al frente de las aulas llegaron personas con preparación y vocación muy desiguales. Por otro lado, al no ser escuelas debidamente planificadas, éstas no cuentan con las instalaciones adecuadas para su función. Han llegado a pasar décadas antes de que adquieran lo mínimo para operar. Todo ello ha tenido un impacto en el aprendizaje de los niños.

Otra consecuencia es que se distribuyen mal los recursos. En cada entidad federativa se requiere un mínimo de alumnos para que la escuela pueda operar. Existen visitas de supervisión para detectar la factibilidad de las escuelas según el número de niños a su alrededor. De acuerdo con testimonios, en no pocas ocasiones “acarrean” a niños de colonias lejanas para que jueguen en los alrededores de la futura escuela y el supervisor “verifique” que se justifica la demanda. Sin embargo, hay casos en los que gracias a la presión de los maestros apoyados por el sindicato u organizaciones sociales, éstas se mantienen abiertas para poder seguir pagando al personal a pesar de no cumplir con la norma.

Por ejemplo, en la primaria “Tata Vasco” en el Distrito Federal (clave 09DPR1463C) se tiene una capacidad de 20 aulas, aunque sólo se usa el 25 por ciento y se tienen registrados oficialmente grupos con 13 alumnos en promedio (aunque una profesora confió que eran en realidad ocho), con once trabajadores entre profesores y personal de servicio. Cabe señalar que de acuerdo con los lineamientos de la SEP, cada grupo debe tener como mínimo 25 alumnos. En tanto, hay profesores en otros estados de la república que se quejan, con razón, que tienen grupos de más de 60 alumnos. La presión de los maestros impide clausurar la escuela y reasignar los recursos de forma óptima.

La reforma educativa establece las bases para superar estas relaciones clientelares al plantear, en primer lugar, la creación de un servicio profesional docente que premie las capacidades de los maestros y no sus lealtades; al consolidar, en segundo lugar, un sistema de información y gestión educativa veraz que facilite la planeación, que mejore de forma sustantiva las instalaciones escolares así como el manejo de sus recursos y; en tercer lugar, al anteponer la calidad de la educación de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Estas bases pueden modificar dinámicas bajo las cuales ha operado el sistema educativo en México.

Ahora bien, la reforma por sí sola no terminará con los mecanismos clientelares en la educación ni garantizará el derecho a aprender si la legislación y normatividad secundarias protegen dinámicas viciadas, si no se atienden las causas que las provocan como son la pobreza, la falta de oportunidades y el entendimiento de la educación como una dádiva y no como un derecho cuya calidad debe garantizar el Estado. Tampoco avanzará si políticos, partidos y candidatos siguen lucrando con la precariedad de la gente y obtienen votos y poder con base en arreglos clientelares y antidemocráticos. Si no se modifica este comportamiento, difícilmente cambiarán los incentivos que al final del día lastiman el ejercicio del derecho humano a la educación de las niñas, niños y jóvenes.

 

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