Reforma educativa: la capitulación

El subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, ha hecho de la Reforma Educativa letra muerta porque, en realidad, no cree en ella y hace todo lo posible por minar sus efectos.

Luego de meses de espera, el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, se reunió con senadores de la Comisión de Educación. El propósito: dar cuenta de su desempeño como defensor de la Reforma Educativa emprendida por el gobierno de Enrique Peña Nieto ante sus disidentes. A juzgar por los argumentos esgrimidos ante los legisladores, sólo una conclusión puede llegarse del encuentro: si el gobierno en verdad quiere que la Reforma Educativa avance, Luis Miranda debe irse.

Un iracundo subsecretario espetó a los senadores: “No me arrepiento de cada uno de los temas que he firmado y he suscrito con mi nombre. A mí me confiaron esta tarea y sé la responsabilidad que implica cuando se firma y va de por medio el nombre de la República”. Pues bien, el representante de la “República” ha hecho de la Reforma Educativa letra muerta porque, en realidad, no cree en ella y hace todo lo posible por minar sus efectos.

Luego de meses de opacidad, secrecía e irresponsabilidad, el subsecretario informó a la Cámara Alta que se reunió en 177 ocasiones con grupos del magisterio, principalmente de la disidencia agrupada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Derivado de esas reuniones, por vez primera el subsecretario hizo públicas 17 minutas firmadas con estos grupos (muy pocas para tantas reuniones, por cierto).

Una minuta en particular es alarmante. El 5 de noviembre de 2013 Luis Miranda se comprometió con la Sección 22 del SNTE (controlada por la CNTE) a que “1. Ningún maestro que se encuentre en servicio podrá ser despedido como consecuencia de un mal resultado en las evaluaciones practicadas”, contraviniendo la ley y la promesa de que con esta reforma la niñez contará con docentes idóneos en las aulas.

El subsecretario ha convalidado una flagrante violación a la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) que promulgada el 11 de septiembre de 2013, meses antes de la firma de la minuta, dice a la letra en el artículo 53 que “En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del Nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda”.

Cabe señalar que la única salvedad a esta disposición es que no aplica para quienes estuvieran en servicio antes de la entrada en vigor de la Ley, ya que para ellos en la tercera evaluación reprobada se les asignará otra función que no sea ni docente ni educativa. No obstante, después de la entrada en vigor de la ley, aquellos docentes que se incorporen invariablemente deben acogerse a lo dispuesto en el artículo 53. A Miranda, esto le tiene sin cuidado.

A su vez, en la reunión de trabajo con los senadores (que no comparecencia porque el PRI y su Verde satélite lo impidieron), el subsecretario afirmó tajante que no puede despedirse a los docentes que falten injustificadamente tres días seguidos o discontinuos en un mes como marca la LGSPD en su artículo 76. La razón que dio es que no quiere hacer cumplir la ley “porque [antes] hay que definir con exactitud y precisión los métodos de sanción y de impugnación”. Mientras tanto, que los niños se queden sin clases. Esto le importa tan poco, que ante la insistencia de algunos senadores para que el subsecretario informara de los costos sociales de perder clases derivados de su “estrategia”, Miranda simplemente rehuyó la pregunta y puso la responsabilidad en los legisladores: “ustedes votaron esta ley”.

Según las minutas firmadas por Miranda, el 10 de febrero de 2015 se comprometió a que “El gobierno federal y el gobierno del estado de Oaxaca siendo respetuosos de los acuerdos suscritos, así como de los derechos laborales, económicos, administrativos, sociales, jurídicos y sindicales de los trabajadores de la Sección XII del CNTE-SNTE y reiteran su compromiso de mantenerlos vigentes garantizando la estabilidad laboral de sus agremiados” (sic).

Esto es relevante porque la cláusula Décima de la minuta firmada el 28 de octubre de 1992 entre la Sección 22 del SNTE y el gobierno de Oaxaca dice a la letra que “El gobierno del Estado, por conducto del IEEPO y conforme a la legislación aplicable otorgará un banco de plazas como patrimonio de la Sección XXII del SNTE”. En este sentido, en la sesión con los senadores el subsecretario, a pregunta expresa de Juan Carlos Romero Hicks, no desmintió la vigencia de esta minuta de 1992. Más aún, dio cuenta que derivado de esta minuta se crearon más de 81 mil plazas para la Sección 22. Se entiende, entonces, que la minuta firmada por Miranda en 2015 mantiene la vigencia de los acuerdos firmados con la CNTE en 1992. Ello burla el espíritu de la Reforma Educativa que busca poner el mérito profesional por delante del ingreso, la permanencia, la promoción, los estímulos y reconocimientos a los maestros. También contraviene la promesa de que el Estado recuperaría la rectoría de la educación con esta reforma.

En tanto, los argumentos esgrimidos por Miranda frente a los senadores respecto de su actuación dan cuenta de su desprecio por la Reforma Educativa, llamada así por su jefe (y compadre), el Presidente de la República. Según sus dichos, Miranda considera que esta reforma “no es educativa, es administrativa y laboral”. Es decir, el subsecretario prácticamente dijo a los senadores que el Presidente es, con todas sus letras, un mentiroso y un farsante pues hace pasar ante la opinión pública como Reforma Educativa algo que, desde la perspectiva de Luis Miranda, no lo es.

Por su parte ante los senadores, el subsecretario tuvo un destello de sinceridad cuando confesó que estaba equivocado cuando creyó que la reforma difícil era la energética y no la educativa. Esa declaración deja de manifiesto que la respuesta del gobierno ante las resistencias a la implementación de la Reforma Educativa es improvisada y reactiva. Dicho de otro modo, el subsecretario reconoció que no tiene estrategia.

Y Miranda no tiene estrategia porque en realidad no le interesa que la reforma salga adelante; no le importa su implementación. Él considera que debe “pasarse ya a la segunda etapa” y no detenerse en “un modelo administrativo sino un modelo pedagógico acorde a la realidad política, social, cultural y económica de cada entidad”.

En la reunión con los senadores, el subsecretario rehuyó de las responsabilidades. Por ejemplo se quejó en varias ocasiones de que los maestros no estuvieran informados de las implicaciones de la reforma, lo cual, por cierto, es encargo del gobierno que representa. En cuanto al boicot anunciado por la disidencia magisterial para las siguientes elecciones, el subsecretario se dio el lujo de señalar que el tema de las casillas es uno del Instituto Nacional Electoral (aunque, al darse cuenta de su desliz, atropelladamente corrigió diciendo que “garantizará” que las elecciones se llevarán a cabo).

Miranda en sentido estricto ocupa el puesto de defensor de la Reforma emprendida por el gobierno al que pertenece. Si él no entiende que esa es su función, debe irse. Si no entiende por qué esta reforma sí es educativa, debe irse. Si no entiende que está poniendo en riesgo el activo político más valioso de su gobierno (si no es que el único), debe irse. Si el gobierno entiende que su subordinado Miranda está dinamitando la reforma que impulsó, Luis Miranda debe irse. Si no se va, será la constatación de que el gobierno de Enrique Peña Nieto es únicamente una simulación.

 

@albertoserdan

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