Justicia cotidiana en la educación

Niños que son obligados a vender chocolates cuyas ganancias son para el sindicato. Padres que deben pagar sobreprecios por uniformes escolares a proveedores obligatoriamente predeterminados. Maestros que son víctimas de abusos por parte de padres de familia que reclaman calificaciones. Estos son apenas algunos ejemplos de problemas cotidianos en las escuelas cuyos protagonistas no tienen claros los mecanismos de solución y para lo cual se han elaborado una serie de propuestas resultado de los foros de consulta organizados por el CIDE.

Se han presentado los resultados de los diversos foros de Justicia Cotidiana organizados por el CIDE a petición de la Presidencia de la República. Uno de los temas abordados fue el de la justicia cotidiana en la educación. Ahí se detectó que no funcionan los mecanismos que tienen las madres, padres de familia, docentes, directores y alumnos para dirimir conflictos, resolver problemas, interponer quejas, sugerencias, pedir explicaciones, informaciones, justificaciones sobre lo que ocurre en las escuelas en particular y el servicio público educativo en general. No existe claridad sobre cuáles son estos mecanismos y, cuando existen, no siempre son eficaces.

Niños que son obligados a vender chocolates cuyas ganancias son para el sindicato. Padres que deben pagar sobreprecios por uniformes escolares a proveedores obligatoriamente predeterminados. Maestros que son víctimas de abusos por parte de padres de familia que reclaman calificaciones. Directores que tienen años pidiendo una barda para su escuela pues la que existe pone en riesgo a los niños ya que tiene cuarteaduras de consideración. Son apenas algunos ejemplos de problemas cotidianos en las escuelas.

Hay diversas instancias a las cuales acudir para resolver conflictos. La primera es la propia escuela (hablar con el maestro o director) o el Consejo de Participación Social. Una siguiente son los supervisores. El acceso a estos, sin embargo, presenta dificultades derivadas de la ausencia de oficinas para atender a padres, alumnos o maestros; hay sobrecarga de trabajo (al nivel Primaria hay 464 zonas escolares donde cada supervisor debe atender a más de 20 escuelas) o de plano desvío de tareas de supervisión hacia ámbitos político-sindicales.

El siguiente nivel es el Órgano Interno de Control (OIC) encargado de atender, tramitar y resolver las quejas o denuncias presentadas por la ciudadanía contra presuntas irregularidades administrativas cometidas por los servidores públicos, imponiendo las sanciones establecidas en la Ley. No obstante, esta instancia es poco usada y con pobres resultados. Otras dos instancias son el ministerio público o los tribunales de justicia fiscal y administrativa sobre los cuales no existen cifras públicas respecto del número de casos atendidos relacionados con las escuelas y cuyo trámite requiere de acompañamiento especializado del cual no siempre gozan los ciudadanos.

La Reforma Educativa incluso planteó que debe instrumentarse “un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo”, mismo que no tiene una fecha límite para su plena implementación y aún no se ha activado, lo cual es una omisión delicada.

En los foros se identificaron problemáticas que superan los mecanismos institucionales existentes para resolverlos. Tales son los casos de las carencias físicas en las escuelas; la inequidad en el acceso a los servicios educativos y al ejercicio del derecho a aprender; la poca participación de padres; los ambientes escolares inadecuados marcados por las violencias; la corrupción, la venta o herencia de plazas, los asensos por palancas, los comisionados, el desvío de recursos, las licitaciones irregulares, las cuotas obligatorias, el uso electoral de las escuelas, los malos manejos de la cooperativa o de los recursos de la sociedad de padres; hay problemas con las frecuencias de clases y ausentismo; la formación docente es poco pertinente o de plano es inútil, entre otros.

Por su parte, los padres, madres y docentes no conocen todas las opciones jurisdiccionales y administrativas a las que tienen derecho para solucionar conflictos que al interior de las escuelas no pudieron resolverse. Por ello, una de las medidas propuestas por los foros es activar el sistema previsto en la Reforma Educativa e informar a padres de familia, docentes y directivos de todas las instancias jurisdiccionales y administrativas a las que tienen derecho. El objetivo es abatir la asimetría de información para el ejercicio de derechos.

Se detectó que uno de los grandes déficits para el involucramiento de los niños en la resolución de problemas es la inexistencia de espacios propicios para conocer sus inquietudes, quejas o sugerencias. Por ello se propuso fomentar la creación de Asambleas de Niñas y Niños para que los alumnos deliberen y generen una agenda de propuestas y peticiones sin la presencia de adultos en las reuniones. Esta agenda debe ser contestada por escrito por el Consejo Escolar de Participación Social y el Consejo Técnico Escolar. La SEP debe difundir con materiales sencillos las metodologías sugeridas para la celebración de dichas asambleas. El objetivo es hacer corresponsables a los alumnos en la solución de los conflictos cotidianos de las escuelas así como fomentar la participación constructiva y propositiva.

A su vez, se identificó que los docentes son víctimas de arreglos institucionales que les impiden ejercer su función en la resolución de conflictos; pero también en ocasiones forman parte mismo del conflicto y en otros casos se autovictimizan y paralizan su capacidad de acción. Además, en los foros se halló que los maestros necesitan ser motivados con un fortalecimiento en su inteligencia emocional para resolver conflictos de forma asertiva. Si bien algunas entidades federativas cuentan con orientadores y espacios de mediación y justicia restaurativa, no necesariamente cuentan con la capacitación adecuada para realizar eficazmente su labor. También existen redes de canalización aunque en no pocas ocasiones están saturadas. Por ello se propone generar programas para establecer mecanismos alternativos de resolución de conflictos en las escuelas a través de mediación escolar, justicia restaurativa, inteligencia emocional y educación para la paz. El objetivo es que en contextos de proximidad, la norma de la resolución de conflictos en las escuelas sean los mecanismos internos constructivos y no los mecanismos punitivos o jurisdiccionales.

En cuanto a los directores, una de las problemáticas más notables es que no cuentan con protocolos claros para la resolución de conflictos y herramientas que permitan orientar o incluso sancionar estudiantes y maestros con pleno cuidado de sus seguridades física, afectiva y social y pleno respeto a sus derechos humanos. No se les vislumbra como gestores de problemas escolares, pues tal labor la dejan en otras instancias del gobierno o del sindicato. Por ello se propone crear y distribuir un manual orientador y flexible dirigido a los directores de las escuelas con protocolos de actuación sugeridos ante los diferentes conflictos que se suscitan en las escuelas. Se trata de un “libro rojo” con el propósito de dotar a los directores de las escuelas de una herramienta para consulta en el ejercicio de su liderazgo en las escuelas y en la resolución de los conflictos cotidianos.

Finalmente, los migrantes mexicanos cuando regresan al país sufren de condiciones muy precarias y de carencia absoluta de medios idóneos para reinsertarse en el sistema educativo. La falta de procedimientos especiales y expeditos para reincorporarlos a la vida cotidiana genera situaciones extremas de revictimización. La medida propuesta es que exista un programa coordinado por el Instituto Nacional de Migración, la SEP y supervisado por organizaciones de migrantes que permita obtener rápidamente documentos de identidad; reincorporar al sistema escolar mediante trámites diseñados para este propósito; contar con apoyo consular para eliminar apostillamiento, recuperación de documentos y ayuda en procedimientos administrativos y jurisdiccionales, así como establecer programas de enseñanza de lectoescritura del español para estudiantes que provienen de escuelas de EUA. El objetivo es insertar a los hijos de los migrantes mexicanos que regresan al país y aprovechar su potencial y talento.

En suma, a la luz de la gran cantidad de problemas y conflictos que se suscitan en el ámbito educativo, se identificaron dos grandes rutas para su atención. Por un lado, se encuentran los mecanismos alternativos de justicia que buscan ser un referente para que la resolución de los conflictos se dé al interior de la propia escuela con el propósito de que las relaciones dentro de las comunidades educativas no se rompan. No obstante, es indispensable que los canales institucionales existentes para la atención de los conflictos sean eficaces y resuelvan con oportunidad las inquietudes de la comunidad educativa. Este camino jurisdiccional es fundamental para el ejercicio del derecho humano a la educación. Ojalá estas propuestas encuentren eco entre los tomadores de decisión.

 

@albertoserdan

 

 

Nota: El autor participó en el grupo coordinador de los foros de justicia cotidiana en la educación. El presente texto retoma las conclusiones más relevantes de este proceso.

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