La torpeza de Lorenzo

Los dichos de Lorenzo Córdova, presidente consejero del INE, son torpes, pero no discriminatorios legalmente hablando. Pero hay una dimensión de este caso que debe escandalizar adicionalmente: la delicada vulneración de la autonomía de la máxima autoridad electoral del país y de sus consejeros, al revelarse con toda claridad que existen grupos con el poder suficiente para monitorear y espiar al Consejero Presidente del INE (sin importar su nombre).

Quizá a estas alturas ya lo sabe: se ha difundido una conversación telefónica en la que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, hizo gala de torpeza al mofarse de la petición de un líder indígena, quien supuestamente buscaba obtener diputaciones bajo la amenaza de no permitir la celebración de los comicios el próximo 7 de junio. Sin embargo, al burlarse de la forma de hablar de este líder, Córdova no hizo sino reproducir de manera deplorable estereotipos sobre grupos sociales históricamente vulnerados, al tiempo de estar al frente de un alto cargo de la vida política de México que exige de él un comportamiento ejemplar.

Los comentarios de Lorenzo son una torpeza. Al tiempo de ser insensibles ante la desigualdad estructural del país y la sistemática discriminación de los pueblos indígenas, Lorenzo no concibió, como señala el Conapred, que es obligación de los servidores públicos garantizar la protección de la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad, y de los grupos más vulnerados, con medidas especiales. No entendió que ello exige un comportamiento íntegro dado la investidura que ostenta, no obstante que nadie (ni el Estado) debe regular conversaciones privadas.

Es cierto, Lorenzo no cometió una ilegalidad. Primero porque tales declaraciones se obtuvieron mediante intervenciones telefónicas ilegales, violando el artículo 16 de la Constitución, y por ello no pueden presentarse como prueba ante un juez. Segundo, porque la ley es clara en entender como discriminación “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades” con motivos, entre otros, de origen étnico, la lengua o las opiniones (Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Art. 1). Bajo esta definición, los dichos de Córdova son torpes, pero no discriminatorios legalmente hablando, pues no negó derechos, no causó perjuicios o daños objetivos, ni menoscabó libertades.

Pero hay una dimensión de este caso que debe escandalizar adicionalmente: la delicada vulneración de la autonomía de la máxima autoridad electoral del país y de sus consejeros. Se ha revelado con toda claridad que existen grupos con el poder suficiente para monitorear y espiar al Consejero Presidente del INE (sin importar su nombre).

Esto es demasiado grave, en lo concreto, porque estos grupos tendrían acceso a datos relevantes cuyo uso interesado podría trastocar los resultados de la elección. Por ejemplo, dadas las facultades y atribuciones del Consejero Presidente, quien haya espiado podría tener acceso a la ubicación de las boletas electorales, la logística de su distribución, las rutas de los centros de acopio, la ubicación del lugar secreto donde existe un respaldo de la información electoral (incluyendo la seguridad informática del Programa de Resultados Electorales Preliminares y del Cómputo Distrital cuya manipulación puede ser determinante en una elección –recuérdese la “caída del sistema”).

Es grave porque quien sea que esté espiando puede tener acceso a datos confidenciales del padrón electoral, a los acuerdos que el Consejero Presidente llegue con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para la salvaguarda del proceso electoral, la identificación de puntos rojos y las estrategias para atenderlos.

Es grave porque quien espía tiene información privilegiada sobre los criterios para fijar multas a los partidos políticos, sobre las pruebas recabadas o las respectivas estrategias y acciones para fiscalizar y sancionar partidos. Es grave, porque quien está espiando puede tener acceso a las deliberaciones entre consejeros, información privilegiada sobre los sentidos de los votos previos a las sesiones, a las estrategias de tramitación de quejas en fases anteriores a la toma de decisiones. Incluso puede tener datos de reuniones preliminares con actores sensibles de las elecciones pudiendo influir en los resultados de los acuerdos tomados o por tomar cuando no convengan a los intereses de quienes espían.

Quien espía puede tener acceso a conversaciones de terceros que no son servidores públicos, con quienes se discuten temas que no son de interés público violando todo derecho a la privacidad y cuya difusión atiende más al chantaje que a la valoración de acciones y decisiones públicas del Consejero. Más alarmante, tendría acceso a información que podría poner en riesgo la integridad física del Consejero Presidente y su familia, lo cual puede dar pie una amplia gama de acciones indeseables que van desde la coacción hasta la eliminación física de quienes puedan ser obstáculo para la llegada del poder del grupo a quienes sirve este espionaje.

En efecto, lo sustantivo a discutir en la sociedad mexicana debería ser la desigualdad y no las elecciones, pero ocurre que mediante las elecciones pueden elegirse gobernantes cuyas decisiones, intereses e ideologías podrían perpetuar tales desigualdades. Por tanto, tener elecciones libres importa. Salvaguardar la autonomía de la autoridad electoral, también. Y para que una democracia funcione, los partidos políticos deben perder elecciones. La intervención ilegal en las elecciones, tergiversa la voluntad ciudadana impidiendo que partidos pierdan el poder mediante el voto o la legalidad y lo ganen mediante el fraude y la trampa.

En este contexto, no debe perderse de vista que la difusión de las conversaciones del Consejero Presidente se da un día antes de que en la sesión del Consejo General del INE se discuta una nueva sanción al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aliada al partido en el poder, el PRI. Esta vez por 110 millones de pesos que elevaría el total de multas a más de 620 millones (las segundas más altas de la historia para un proceso electoral), lo que equivaldría a 6.5 veces el gasto autorizado para las campañas federales de 2015 del PVEM. Tampoco pasa desapercibido que, dadas las violaciones graves y sistemáticas a la ley, también en esta sesión del Consejo se discutiría una resolución que podría iniciar la ruta para la cancelación del registro del Partido Verde.

En ese sentido, vale apuntar que al interior del Consejo General suelen enfrentarse bloques de consejeros, uno con cinco (y a veces seis) integrantes que sistemáticamente votan resoluciones favorables al PRI y al PVEM; el otro bloque conformado por consejeros (entre los que se encuentra Lorenzo Córdova) que suelen votar con libertad y en no pocas ocasiones de forma contraria a los intereses estos partidos. Así, no es descabellado imaginar que la difusión de las conversaciones podría forzar la renuncia del Consejero Presidente y así las votaciones hagan que el PVEM no enfrente las sanciones que por ley podrían corresponderle, inclusive, como la cancelación de un negocio que entre 1997 y 2015 recibió más de 6 mil 623 millones de pesos (a precios de 2014) de financiamiento público federal.

Por eso, si bien fueron torpes, censurables y deplorables los comentarios de Lorenzo Córdova, la abierta intromisión ilegal en el desarrollo de las elecciones debería prender los focos rojos. Es la puerta para la perpetuación de desigualdades de trato y de discriminación mucho más allá de lo que dichos torpes puedan revelar mediante el espionaje con fines políticos.

 

@albertoserdan

Close
Comentarios