¿Traición a la Ley 3 de 3?

¿Qué fue realmente lo que aprobaron los senadores respecto a la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3?

La “Iniciativa ciudadana ‘Ley 3 de 3’ contra la corrupción” tiene como una de sus exigencias centrales que todo servidor público, aquel que maneje recursos públicos u ocupe un cargo de elección popular, presente y haga públicas sus declaraciones de interés, patrimonial y de impuestos. La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) recién avalada por los senadores –y en vísperas de ser refrendada también por los diputados– no cumple con esta exigencia.

De madrugada, la discusión en el Senado se centró en la publicidad de las tres declaraciones. Así, a través de una adenda de último minuto, el Artículo 29 de la LGRA establece:

“Artículo 29. Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”.

De esta manera, no solo quedó a la voluntad del sujeto obligado si se publican o no las declaraciones patrimoniales y de intereses sino que incluso dejaron fuera la publicidad de la declaración de impuestos.

A fin de modificar ese artículo, se presentó una propuesta alternativa que hacía obligatorias las declaraciones del sujeto obligado, su cónyuge y dependientes económicos en su caso, al tiempo de precisar la información que las versiones públicas de las mismas debían contener. Esta propuesta se rechazó con una votación de 59 votos en contra (del PRI y el PVEM), 51 a favor (del PAN y el PRD) y la ausencia de 18 senadores (6 del PT, 4 del PAN, 3 del PRD y el resto del PRI y el PVEM).

Las redes hirvieron. Con el rechazo a hacer públicas las tres declaraciones no pocos acusaron de haber traicionado a los 634 mil 143 ciudadanos que respaldaron la iniciativa con su firma.

En respuesta, quienes aprobaron este controvertido artículo señalan que todo se trata de una desinformación, que en realidad sí respetaron el espíritu de la iniciativa “Ley 3 de 3” y que ésta limitaba la información de los datos personales y no precisaba lo que debían contener las declaraciones. Más aún, señalaron que se trata de un avance, pues deja en manos de un Comité de Participación Ciudadana el diseño de los formatos en función de los cuales los servidores públicos deben entregar su información.

Pero, como siempre, el diablo está en los detalles.

En el artículo 10, fracción XIV de la iniciativa ciudadana “Ley 3 de 3” dice que los servidores públicos, integrantes de equipos de transición, candidatos y personas electas para el desempeño de un cargo público y que manejen recursos públicos tienen la obligación de:

“XIV. Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y de impuestos en los términos establecidos por las leyes. Las declaraciones a que se refiere esta fracción estarán disponibles al público, con excepción de los datos que sean estrictamente personales, así calificados por la ley de la materia […].

Así, en efecto, tanto la redacción de la LGRA avalada por los senadores como la propuesta ciudadana establecen límites a los datos personales que pueden publicarse. No todo es tan público.

Sin embargo, hay una diferencia fundamental: la minuta aprobada dice con frescura que los límites de la publicidad de la información aplican cuando ésta “pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”. Mientras que los límites de la iniciativa ciudadana son los datos personales “así calificados por la ley de la materia”. La diferencia, sutil, lo es todo. ¿Por qué?

De acuerdo con la minuta, basta con que un sujeto obligado manifieste que “afectan su vida privada” para que la información no sea pública. Si alguien se inconforma ante esto, generalmente la ciudadanía, debe atravesar todo un laberinto jurídico hasta que un juez interprete qué quiere decir en realidad con eso de “afectar su vida privada”. Así, la pretendida publicidad de la información sería, en realidad, letra muerta.

Por su parte, la iniciativa ciudadana establece que todo es público, excepto los datos personales que diga la ley en la materia. Esto significa que el inconformado sería el sujeto obligado, no el ciudadano como en el primer caso. Si hay una inconformidad, la resolución caería en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y usaría los criterios que la ley diga para definir si las declaraciones deben ser públicas o no. El margen de interpretación (y discrecionalidad) es mucho menor.

A todo esto, ¿qué dice la “ley en la materia”?

Por ahora, aún no se ha aprobado ni promulgado la “Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados” que daría claridad sobre qué son los datos personales y cómo deben manejarse. Sin embargo, podría usarse por analogía el Artículo 3 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares que dice:

“V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 

  1. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.”

Y también dice:

“Artículo 10.- No será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales cuando:

  1. Esté previsto en una Ley;
  2. Los datos figuren en fuentes de acceso público;

III. Los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación;

  1. Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable;

[…]

VII. Se dicte resolución de autoridad competente”.

De usarse estos criterios, la minuta de la LGRA aprobada por los senadores no garantizaría la máxima publicidad a diferencia de la iniciativa “Ley 3 de 3” o la propuesta del PAN y PRD que fue rechazada en el pleno, las cuales sí preveían que los datos pudieran ser públicos por ley y habrían convertido en información pública a las tres declaraciones con una discusión pertinente sobre los datos personales sensibles que habrían de preservarse.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas forma parte de un paquete de siete leyes que crean un andamiaje para el combate a la corrupción. Los detalles son los que pueden hacer la diferencia para su verdadera eficacia.

 

@albertoserdan

 

Pd. El autor agradece a la abogada Tere Aguilar de quien son las ideas centrales de este artículo.

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Comentarios
  • Flor

    Son los hechos. El Senado añadió una minuta distorcionando la iniciativa ciudadana original para Funcionarios Servidores de la nación Alto, medio rango los que ganan más de un millón al mes aquellos que dirigen nuestra nación. El Senado al añadir la minuta la aprobo a las 2 am la incluyó en la iniciativa sin autorización del pueblo para poder patear la iniciativa regresándola en ciudadanos pedirles que declaren esa misma ley para Todos los habitantes de todos los pueblos,bajos recursos,familias enteras tienen que declararla dejando huecos,lagunas legales entre ellas también para omitir esa declaración que a ellos les corresponde por ser los administradores, responsables a nivel nacional en donde ellos se omiten en declarar.

    Por otra parte, ese tipo de declaración ya está en habitantes ellos tienen toda nuestra información confidencial, hasta permiso tienen de espiarnos en telecomunicaciones el cual aprobó la supema corte de justicia de la nación.

    Sin embargo, ellos quieren mezclar las cosas nada que ver con protección de datos que es harina de otro costal con la declaración patrimonial,conflicto de intereses y los pagos al corriente en impuestos, se le mencionó que existe versión pública donde se debe mostrar cantidad, montos si se quiere investigar pues para eso tienen el órgano interno hasta lo hacen con habitantes.

    Después de haber destruido la primera iniciativa impulsada por ciudadanos que no son funcionarios federales de alto rango ahora quieren vetarla, pero se niegan a declarar.

  • Diego De La Mora

    Estimado, faltó un análisis del artículo 16 de la Constitución: “Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”.

    Me parece que la parte más importante, siguiendo con tu argumento, es la que dice: “en los términos que fije la ley”. Si la lógica no abogadil no me falla, los jueces tendrían que interpretar la Ley de Responsabilidades de los Administradores Públicos a la luz de la General de Transparencia…

    Tampoco entiendo dónde lees que la publicidad de las declaraciones quedará a la voluntad del/la sujeto/a aludido.

    Saludos,