Drogas, política y cultura en México y Brasil: diálogo y declaratoria

Antropólogos, sociólogos, historiadores, politólogos, funcionarios y activistas de México y Brasil reunidos en Guadalajara exhortaron a los gobiernos de América Latina para que adopten nuevas aproximaciones al fenómeno de las drogas y tomen distancia de los enfoques represivos que han caracterizado a las políticas de drogas durante ya varias décadas.

Por: Aldo Contró (@AldoContro)

Los pasados cinco y seis de octubre se celebró en la ciudad de Guadalajara el congreso “Drogas, política y cultura: perspectivas Brasil-México, en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), sede occidente. La idea y organización de este congreso corrieron a cargo de la antropóloga brasileña e investigadora del CIESAS, Beatriz Caiuby Labate, Bia, quien ha enfocado sus estudios a los usos tradicionales de sustancias psicoactivas, así como a las políticas de drogas, áreas en las que cuenta con una amplia trayectoria. Uno de los muchos motivos de Bia para realizar este congreso fue la publicación de un libro por parte del CIDE, que coeditó con el internacionalista Thiago Rodrigues, sobre políticas de drogas en América Latina y el Caribe y que fue presentado tanto en Guadalajara como en un evento satélite realizado el ocho de octubre en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Durante los dos días se expusieron presentaciones de voces autorizadas en el estudio y activismo de las políticas de drogas. La principales organizaciones mexicanas y brasileñas enfocadas en este tema estuvieron representadas en el congreso del CIESAS: el Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Psicoactivos, la Plataforma Brasileña de Políticas de Drogas, México Unido Contra la Delincuencia, el Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas, el Programa de Política de Drogas del CIDE, entre otras. Incluso hubo participación de académicos y colaboradores de organizaciones civiles de Estados Unidos, tal fue el caso de Clifford Griffin, investigador de la North Carolina State University, Hannah Hetzer de la Drug Policy Alliance y Brad Burge de la Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. Al finalizar el congreso se dio lectura de la Declaratoria Guadalajara, documento elaborado por Bia junto con el comité científico y con aportaciones de los participantes, mismos que firman la declaratoria junto con otros actores públicos y de la academia. La declaratoria es una excelente síntesis de los enfoques y los posicionamientos que se dieron durante el congreso.

La relevancia del congreso radica en la coyuntura actual en la que nos encontramos en el tema de las políticas de drogas, a nivel mundial, regional y nacional. El próximo año se realizará una Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS por sus siglas en inglés) sobre drogas en la sede de la ONU en Nueva York, solicitada por México, Colombia y Guatemala (la última sobre este tema fue en 1998), esto en un contexto de creciente crítica al sistema de fiscalización de drogas de la ONU, en el que la región latinoamericana ha alzado la mano para liderar el debate a favor de la postura reformista, tanto en el discurso como en la práctica política: tenemos el caso de Uruguay -la primera nación en regular legalmente toda la cadena del mercado de cannabis-, los tres estados miembros que solicitaron la discusión sobre drogas en la asamblea general de la ONU, entre otras manifestaciones en la región, en el sentido de reformar las políticas hegemónicas.

En el contexto nacional, los temas sobre políticas de drogas han sido álgidos los últimos meses. Tenemos el primer caso de un paciente legal de cannabis medicinal, la pequeña Grace. Hoy se está discutiendo en la suprema corte la posibilidad de permitir el cultivo asociado sin fines de lucro. Este proyecto del ministro Arturo Zaldívar se posiciona a favor de permitir legalmente el cultivo, transporte y consumo de cannabis. Zaldívar argumenta que las afectaciones a la salud asociadas al consumo de esta planta son menores o similares a las producidas por el consumo de sustancias legales, como el alcohol y el tabaco. El señalamiento del ministro es incluso conservador, ya que mientras el alcohol y el tabaco son responsables de millones de muertes al año[1], la cannabis no ha causado una sola muerte registrada en la historia. También señala que las leyes que prohíben estos actos son inconstitucionales y van en contra del libre desarrollo de la personalidad[2]. Lo anterior sin mencionar el evidente fracaso de la versión mexicana de la guerra contra las drogas.

En Brasil el ejercicio punitivo del Estado en contra de los mercados de drogas ilegales ha desatado una dura guerra que ha repercutido principalmente para las comunidades más pobres, que son las que han puesto a los muertos, heridos y encarcelados. En este sentido cabe señalar el caso de la “pacificación” de las favelas en Rio de Janeiro, un ejercicio militarizado de la policía que durante años ha dejado un alto número de muertes violentas. Por otro lado, Brasil es uno de los países con mayor población carcelaria en el mundo y gran parte de estos presos son por delitos de drogas, lo que ha llevado a que el debate sobre modelos regulatorios para el mercado de la cannabis esté cada vez más presente entre la sociedad brasileña; de hecho actualmente hay un proyecto en el congreso que discute este tema[3].

México y Brasil son los dos países más grandes y poblados de América Latina; también son dos países cuyas sociedades han sufrido agudamente los estragos de la guerra internacional contra las drogas. En este sentido sobra señalar la relevancia que tienen las voces especializadas en el tema en ambos países en el contexto actual. El congreso “Drogas, política y cultura: perspectivas Brasil-México” fue una valiosa oportunidad para conocer la opinión de los académicos sobre el estado de las políticas de drogas en nuestra región, discutir nuevos enfoques e incluso generar un diálogo con tomadores de decisiones. La última mesa estuvo conformada por dos especialistas de la academia y activistas con un ex diputado federal y consejero nacional del PRD, Fernando Belaunzarán, y un diputado local, Enrique Velázquez, también del PRD.

Podemos señalar que con claridad hubo unanimidad de los participantes en el sentido de que el actual régimen internacional de fiscalización de drogas, así como las distintas adaptaciones nacionales, han fracasado e incluso han ocasionado más daños a las sociedades que las drogas en sí. Antropólogos, sociólogos, historiadores, politólogos, funcionarios y activistas expusieron desde distintas trincheras y con distintas perspectivas, una realidad: nuestros gobiernos tienen que adoptar nuevas aproximaciones al fenómeno de las drogas, tomar distancia de los enfoques represivos que han caracterizado a las políticas de drogas durante ya varias décadas y transitar hacia nuevos modelos que apunten a una perspectiva de salud, de respeto a los derechos humanos, a las evidencias científicas, la soberanía de las naciones y los pueblos, los uso tradicionales, entre otros importantes puntos que se desarrollan en la Declaratoria Guadalajara.

 

 

[1] Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el tabaco mata a 6 millones de personas al año en el mundo y el alcohol, en 2012, produjo la muerte de 3.3 millones.

[2] VELA, David Saúl. [19 de octubre de 2015]. Ministro Zaldívar propone. El Excélsior legalizar marihuana. Disponible aquí.

[3] BOITEUX, Luciana. Brasil: Reflexiones críticas sobre una política de drogas represiva. Revista internacional de derechos humanos [en línea]. Junio de 2015 [fecha de consulta: 19 de octubre de 2015]. Disponible aquí.

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