Cómo recuperar la confianza en las Fuerzas Armadas

Se puede empezar aceptando la recomendación de la CNDH para que las fuerzas armadas usen en sus operativos cámaras de foto, video y grabación de audio.

Por: Alejandro Juárez Ascencio (@AleJuarezA)

El pasado 9 de marzo, en su cuenta de Twitter, la CNDH  sugirió a la Secretaría de la Defensa y al Consejo de Seguridad Nacional que “empleen en sus operativos, cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio” (sic).

 

La propuesta surge a raíz de la Recomendación 4/2017 a la SEDENA y el CNS por torturar a una mujer y violar derechos humanos de otras seis personas.

Parece que el objetivo de tal sugerencia es tener un registro que dé certeza sobre las acciones de las fuerzas de seguridad federales y estatales en las operaciones contra el crimen organizado que, en los últimos 10 años, han dado un terrible espectáculo de violaciones a los derechos humanos.

La idea de emplear esas herramientas tecnológicas es sencilla en sí. Sin embargo, su aplicación no lo es. Acostumbrados a la inmediatez de las cámaras que tienen los teléfonos celulares, suele pensarse que manejar una cámara de video o de fotografía profesional es fácil y que cualquiera podría hacerlo. Esto es un error. Capacitar a una persona para que se vuelva fotógrafo lleva tiempo. Capacitarlo para que sea fotógrafo de combate, lleva aún más tiempo. No quiero decir que la idea sea mala. Al contrario, es una idea buena que contribuiría a despejar dudas sobre el actuar de los involucrados, tanto autoridades, como supuestos delincuentes o infractores de la Ley y civiles no implicados. Pero habrá que implementarla con seriedad. En los presupuestos federales y estatales se deben destinar recursos a la capacitación de este personal y la consecuente adquisición de equipos.

¿De qué modo aportaría el empleo de cámaras de fotografía y video en el respeto a los derechos humanos?

La falta de elementos probatorios que demuestran o justifican las actuaciones de las fuerzas de seguridad genera vacíos de información, confusión, dudas sobre la legalidad de las acciones. Ello ha generado descrédito de las instituciones del Estado mexicano. Esto último es demasiado peligroso para no atenderlo. En febrero pasado, Parametría publicó un estudio donde se informa sobre el nivel de confianza que tiene el Ejército mexicano. Al principio de este sexenio, el Ejército gozaba del 70 % de confianza de la población. Este nivel ha bajado al 60 % y no se ha recuperado. Aunque el 60 % es un número aún alto, es alarmante que siga en descenso ya que las Fuerzas Armadas han sido y deben de seguir siendo un pilar de estabilidad en la vida nacional.

Ante esta situación, lo óptimo es adoptar medidas que apuntalen y fortalezcan el nivel de confianza que la población debe tener en sus fuerzas armadas. Bajo esta premisa, la propuesta de la CNDH es adecuada para todas las partes, ya que actuaría de forma inmediata sobre diversas líneas: la aportación de pruebas, mejorar y profesionalizar las unidades operativas en sus procedimientos y en el urgente respeto a los Derechos Humanos así como garantizar que todas las partes (fuerzas de seguridad, supuestos delincuentes y civiles inocentes que por circunstancias diversas se vean afectados) gocen de elementos para demostrar su inocencia (o culpabilidad, según sea el caso) en tan lamentables situaciones y la certeza de las acciones ante la opinión pública.

Con todo lo anterior, se daría un paso importante en la exigida regulación de acciones operativas, ya que la presentación de pruebas gráficas será difícil de refutar. Por ejemplo, se podría demostrar que a un supuesto delincuente se le exhortó a rendirse y entregarse, si accedió o si abrió fuego contra las fuerzas de seguridad y la respuesta de estas (ante un caso así, se esperaría un institucional reconocimiento de la CNDH que, dicho sea de paso, en sus declaraciones fomenta prejuicios contra las Fuerzas Armadas).

Estas evidentes oportunidades deben trabajarse pero sus resultados no serán inmediatos. Como mencioné más arriba, capacitar a una persona para que se convierta en fotógrafo lleva tiempo y si es fotógrafo de combate aún más. Y esto es sólo hablando del personal. Habrá que responder otras preguntas: ¿qué se va a hacer con el material generado? ¿Cuáles serán sus destinos y usos legales? ¿Dónde se almacenará citadas imágenes? ¿Quiénes tendrán acceso a ellas y bajo qué circunstancias? Aquí algunas ideas para dar rumbo a la propuesta.

  • Todo el material gráfico generado es propiedad de la Nación.
  • Lo anterior NO implica que sea de dominio público (salvo los casos estipulados por el INAI).
  • Se deberá observar el resguardo de las identidades de los menores de edad.
  • Quien lo solicite podrá ser difuminado para efectos de mantener su anonimato y salvaguardar su identidad.
  • Lo anterior por supuesto no lo excluye de responsabilidades administrativas o penales si fuera el caso.
  • Se deberá guardar un original SIN ALTERACIÓN o EDICIÓN alguna (tal y como el equipo fotográfico o de video lo generó).
  • Si el material generado deriva en una investigación judicial será utilizado por las fiscalías o las defensas en los juzgados.
  • Las cadenas de custodia y los peritajes estarán a cargo de los Ministerios Públicos.
  • Esta medida NO deberá ser transitoria sino permanente en las fuerzas de seguridad a nivel Federal y Estatal.
  • El Estado deberá proveer un sistema de almacenamiento óptimo para todo el material generado, el cual recibirá un alto tratamiento de seguridad de la información.
  • La depuración del material (entiéndase por fotografías y videos que por su calidad gráfica y auditiva no aporte elementos para las investigaciones) deberá de hacerse en presencia de todos los interesados, defensas, fiscalías y comisiones de derechos humanos.
  • Si un material gráfico no ha sido requerido durante 5 años para ninguna actividad (consultas ciudadanas, INAI, investigaciones, derechos humanos, periodismo, etc.), será borrado del sistema de almacenamiento, debiendo publicarse un mes antes y notificándose por escrito a las partes que se dará de baja citado material.

Como se ve, la propuesta no es tan fácil de implementar, pero debemos esforzarnos en que nuestras Fuerzas Armadas sigan manteniendo la confianza de la población civil. Esto lo conseguiremos mejorando sus procedimientos en lo que son relevadas por policías civiles profesionales y capacitadas. De este modo podremos reducir al mínimo la posibilidad de que incurran en delitos que se persigan en tribunales internacionales.

 

* Alejandro Juárez Ascencio es egresado de la ENAP-UNAM con un posgrado en La Salle. Freelance (98-2007). Oficial de Comunicaciones de la Armada de México (2007-2015).

Close
Comentarios
  • Joaquín Ramírez

    Señor Alejandro Juárez, ¿qué opina sobre el fuero de los militares? ¿Deben ser juzgados por sus propios tribunales o deberían someterse a las instituciones como cualquier ciudadano? Saludos.