Doce largos meses más de absoluta impunidad

Han transcurrido dos administraciones federales, dos estatales y tres municipales y sigue sin haber justicia para los 49 niños que murieron en el incendio de la guardería ABC.

Mientras uno se debate entre la efervescencia (un lodazal con el sello de la añeja casa priísta, que lleva casi nueve décadas de dominio en la vecina entidad mexiquense) de las elecciones estatales que, en estos momentos, no termina de resolverse, y las más recientes estupideces de Donald Trump (a quien un respetable comentarista político, con conocimiento de causa y fuentes confiables desde la Casa Blanca, atribuye su última rabieta apocalíptica –a saber, el abandono de los Estados Unidos de los Acuerdos de París- a comentarios ofensivos hechos por Emmanuel Macron respecto al prolongado cuento del apretón de manos que protagonizaron los dos jefes de Estado durante la gira del Ducelet a Europa) -cuatro meses y medio de mandato que desafían la credulidad- se impone acá la epidemia de olvido cultivado en partes iguales por gobierno y sociedad, que abarca fechas que marcaron un parteaguas en nuestra historia y de las que nos acordamos cada vez menos.

Una de ellas es singularmente dolorosa. Hoy lunes debería conmemorarse la muerte evitable de cuarenta y nueve niños a raíz del incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, y la criminal negligencia de todos sus causantes, con miles de personas copando las calles del antiguo DF y otras ciudades, unidas por la exigencia de que se acabe la corrupción nacional -pública y privada- y se castigue a los culpables de esta atrocidad.

No será así porque la desinformación y la amnesia sentaron sus reales desde que Felipe Calderón era presidente. Han transcurrido dos administraciones federales, dos estatales y tres municipales; la consigna, en todos los casos, es una sola, y sus derivaciones lógicas: aparentar que no pasó nada de consideración. Simular premiando a los responsables principales del suceso. Humillar a las víctimas. Negar consistentemente el acceso a la justicia. Prefigurar muertes y lesiones futuras, en circunstancias similares. Prometer a los cuatro vientos, como lo hace en el ocaso de su sexenio Peña Nieto con sus decagálogos y buenas intenciones, que ahora sí se atenderán los problemas sin ninguna dilación.

La mamá de uno de las víctimas, Julio César o Yeyé, uno de los niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo es Estela Báez. Acompañada de su esposo Julio César, y por Abraham Fraijo (ambos dos cofundadores del Movimiento por la Justicia Cinco de Junio, AC), ella compartió un testimonio sobrecogedor en la Cámara de Diputados el 14 de septiembre de 2011.

La Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara baja, a la que el Senado (que había aprobado por unanimidad, a su favor) turnó la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, iba a votar para que el pleno de la misma hiciera lo propio y la también llamada Ley Cinco de Junio se hiciera realidad. El único problema consistía en que el gobierno federal se oponía terminantemente a este desenlace, y mandó a Margarita Zavala Gómez del Campo (actual precandidata panista a la presidencia, en una suerte de apuesta hacia el maximato azul para el sexenio 2018-24) a cabildear, entre las huestes priístas que eran -como lo siguen siendo ahora, en el peñato- la primera minoría legislativa en San Lázaro, un rechazo al proyecto que impulsaron (con la ayuda de especialistas nacionales y extranjeros, y una franja de la sociedad civil activa que se solidarizó con su caso) los papás y mamás hermosillenes, quienes viajaron exprofeso a la capital para plantear las ventajas de una legislación de avanzada, a efecto de evitar fallecimientos adicionales en estancias infantiles de México.

 

Foto: Proceso

Gracias a la intervención directa de estas familias, Calderón, Zavala y compañía toparon con pared. A regañadientes, el jefe del Ejecutivo tuvo que publicar la Ley.

Pero siguen muriendo bebés en estancias.

A la promesa solemne, tras las elecciones sonorenses de 2009, de contar con un Memorial ABC, emitida a los familiares de niños muertos y heridos por el entonces gobernador en funciones (y principal beneficiario electoral de la tragedia en Hermosillo) Guillermo Padrés, se la ha llevado el viento. En el lugar de los hechos, una nave industrial que abarca toda la manzana de la cual la Guardería y la bodega de la Secretaría de Hacienda forman una parte, se avanza en la transformación del espacio disponible para ‘recuperar’ la vocación comercial que dio origen al incendio.

Dos de los dueños, Sandra Téllez y Antonio Salido, que no han sido todavía absueltos por la torcida justicia mexicana (ya los otros dos, Marcia Gómez del Campo, esposa de alias Tony, y Gildardo Urquides –amigo de la actual gobernadora Claudia Pavlovich; recomendado por ella junto con Téllez ante el juez de la causa– obtuvieron los beneficios de una completa exoneración) se encuentran en vías de ser liberados de cualquier responsabilidad en la comisión de este crimen sin castigo.

Funcionarios de escasa talla moral (pienso de nuevo en Claudia Artemiza Pavlovich Arellano), desde el momento mismo del siniestro han sido premiados con puestos mayores y prebendas adicionales. El exprocurador federal Eduardo Medina Mora fue embajador en el Reino Unido y los Estados Unidos; hoy es Ministro de la Suprema Corte. Abel Murrieta Gutiérrez, su contraparte en el estado de Sonora, fue diputado local (hoy es federal, y procónsul del PRI en Baja California), y ‘pinta’ mucho para convertirse en próximo candidato a la presidencia municipal de Cajeme. Quien fuera alcalde de Hermosillo, y por consiguiente responsable de protección civil ese aciago viernes cinco de junio, se llama Ernesto Gándara. Es senador y secretario técnico del Consejo del PRI. El entrecomillado ‘doctor’ Marcelo Castillero Manzano, que sometió a niños lesionados a una pésima atención en la clínica del IMSS en Guadalajara a la que, mediante engaños de representantes de los tres niveles de gobierno, éstos fueron llevados, cobra como delegado del Instituto en el estado de Jalisco.

Hoy, a las cuatro de la tarde y como todos los años, se recordará a los cuarenta y nueve bebés: veinticinco niñas y veinticuatro niños que no debieron morir. También a todos aquellos que siguen falleciendo en estancias infantiles de toda la República Mexicana (un conteo aproximado coloca la cifra en niveles de escándalo, que se han vuelto fatalística normalidad: sesenta decesos, desde el 5 de junio de 2009).

Estarán en el Ángel de la Independencia Estela, Julio y Abraham, Martha Lemas y su marido Roberto Zavala, acompañados por otros padres y madres que vienen a esta ciudad capital a exigir justicia al gobierno y un alto a la desmemoria generalizada que categoriza a nuestra actual sociedad.

Como siempre, apoyarán a estos padres y madres ejemplares un puñado de activistas y [email protected] solidarios, quienes se niegan a bajar la guardia.

Ojalá que si Ustedes alcanzan a leer esto, los acompañen.

 

@alconsumidor

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