Andrés Lajous

Espacio en disputa

Perfil Politólogo y urbanista. Es editor en línea de la revista Nexos y comentarista político en diversos medios electrónicos.

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“Ayatolas” contra Walmart

Hace unos ocho años, cuando se construyó el Walmart de Teotihuacan, Sergio Sarmiento acusó que los “ayatolas” -enemigos de la modernidad y el progreso- andaban sueltos en México. Estos “ayatolas” no sólo se oponían al Walmart en Teotihuacan, sino que de manera recurrente, como especie resistiendo a extinguirse, enloquecían con la destrucción del Casino de la Selva en Cuernavaca, la construcción de un McDonalds en la plaza central de Oaxaca, el desarrollo de un campo de golf en Tepoztlán, y las consecuencias de la plaza comercial de Cuicuilco sobre las ruinas prehispánicas del lugar. Para saber que los llamados “ayatolas” no podían tener ni un argumento atendible, no había que poner atención en la acción de la autoridad y de la empresa: había simplemente que describirlos como unos fanáticos cuya oposición a la construcción del Walmart era evidencia misma de su incapacidad para razonar.

El problema de argumentar como lo hizo Sarmiento en aquel momento (y como por ejemplo también lo hizo Paco Calderón) es que, al hacer una gran descalificación abstracta, se perdió de los detalles. Al narrar una batalla global entre “el mercado” y sus opositores, al no dudar ni un ápice de su propia posición, de la de las autoridades ni de la empresa, perdió la capacidad de escuchar cualquier argumento (por ejemplo las acusaciones de corrupción). Todos somos susceptibles a generalizaciones que opacan las causas y consecuencias de lo pequeño y lo cotidiano, pero uno esperaría que personas que se jactan recurrentemente de ser liberales—por su desconfianza en el poder centralizado y el Estado—tuvieran el hábito de generalizar su sospecha de las autoridades y de la grandes empresas antes que descalificar de cajón a quienes protestan desde una posición de relativa debilidad. Este hábito no sólo sería consecuente con el liberalismo militante del que presumen (ser talibán del mercado no es suficiente), sino que los obligaría a dar el beneficio de la duda a quienes sufren cotidianamente las arbitrariedades producto de las torcedura de leyes y reglas desde el poder. (Y no nos sorprendamos si ahora salen con que el problema es la existencia misma de las reglas).

El actual, y entonces director del INAH, Raúl Arroyo, en días pasados descalificó con el mismo tipo de argumentos los indicios de corrupción mostrados por la prensa y congresistas estadounidenses. Ante pregunta expresa sobre las acusaciones en su contra contestó: “todo esto se trata de una campaña ideológica en contra de lo que significa Walmart a nivel mundial”. Su respuesta es mucho más dura que la de la propia empresa, la cual reconoce que está haciendo una investigación de la forma de operar de sus representantes en México a través de redes de corrupción. Los detalles, para el director del INAH, no tienen relevancia. Qué importa si se cambió ilegalmente el uso de suelo del terreno donde se construyó la tienda, si de último momento el INAH y el gobierno del Estado de México dieron la autorización sin el debido proceso. Lo importante, para que Arroyo pueda evadir su responsabilidad, es que los “ayatolas” han hecho una gran campaña ideológica en contra del “significado” de Walmart y que se lo están llevando entre las patas (dirá lo mismo Graco Ramírez). Incluso, suponiendo sin conceder, que Arroyo no tenga ninguna responsabilidad en el asunto, ¿investigar el comportamiento del resto de las autoridades sería sumarse a la campaña “ayatola” contra Walmart?

A la historia de la corrupción de Walmart en México hay mucho más que sacarle. Por desgracia la prensa mexicana no ha (hemos) tenido la capacidad, interés o independencia para rastrear otros casos como el de Teotihuacan, pese a las pistas presentadas por el New York Times desde abril de año pasado. Sospecho que de hacerlo, nos toparíamos con que las consecuencias de la corrupción en los permisos de construcción, licencias y uso de suelo no sólo son graves en términos de la honestidad de nuestros funcionarios públicos, sino en términos de las consecuencias en el entorno urbano, que termina por construirse con la pedacería de caprichos de quienes tienen más dinero.

 

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