Andrés Lajous

Espacio en disputa

Perfil Politólogo y urbanista. Es editor en línea de la revista Nexos y comentarista político en diversos medios electrónicos.

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Un dilema moral para el periodismo

Hace unas semanas, en un informe del Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia (OPCPV), se publicaron datos contrastando el espacio dedicado en prensa y medios de comunicación a temas relacionados con “la violencia” -el narcotráfico, crimen organizado, homicidios- al final del gobierno de Felipe Calderón y al inicio del de Enrique Peña Nieto. Lo que el documento revela no es una sorpresa para quien sigue cotidianamente a la prensa: en medios impresos, en el Distrito Federal, la reducción de la cobertura de “la violencia” es de poco más de 50% frente al trimestre anterior al 1 de diciembre del 2012 (cuadro 1), y en medios electrónicos la reducción fue menor en algunos temas, pero mayor (70%) en los que mencionan narcotráfico o crimen organizado (cuadro 2).

Es decir, no sólo cambió el gobierno federal en diciembre del 2012, y con ello la agenda de comunicación desde el gobierno, sino que los medios de comunicación reflejaron esos cambios sin que ello implique un cambio en la frecuencia o gravedad de hechos violentos (al menos hay tantos homicidios en el par de meses antes de diciembre, como en el par de meses después de diciembre, como ha señalado Alejandro Hope).

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Desde los primeros días de la toma de protesta de Peña Nieto circula una explicación que sale desde el gobierno y que funciona en muchos medios de manera autocomplaciente: hay un cambio en la estrategia de comunicación de la Presidencia, y a diferencia de Calderón, Peña Nieto no va a hablar sólo de la guerra contra el narcotráfico. Esto implica no sólo que la información más relevante para el periodismo la genera el gobierno de manera proactiva, sino que muchos medios renuncian cómodamente a pretender tener o mantener una agenda propia. La imagen que viene a la mente es la de un grupo de ratones, sin importar el pedazo de queso que nos avienten, todos corremos detrás de él al mismo tiempo.

En las explicaciones sobre el cambio de cobertura de la violencia en los medios de comunicación hay matices y diferencias. No todos los medios se comportan igual, y no todos lo hacen por las mismas razones. Pero el informe del OPCPV sí nos dice que hay un patrón de cobertura que cambió drásticamente en poco tiempo. Entre las anécdotas de periodistas para explicar los cambios en la cobertura hay variedad: 1) el gobierno está usando el viejo truco de la zanahoria y el garrote con las compras de publicidad;  2) las distintas instancias de gobierno ahora hacen mejor “control de daños” frente a una nota que nos les gusta: llaman por teléfono al autor, le corrigen la plana en distintos grados de amabilidad/regaño, ofrecen/amenazan con dar más/menos información; 3) en términos generales, entre cuadros editoriales hay una “simpatía natural” o “cercanía cultural” con el nuevo gobierno que no había con el anterior; y 4) hay más temas y más “noticias” que cubrir, por tanto no cabe en el mismo espacio la información de la violencia más el resto de la información importante.

La cuarta opción descrita, aunque parece la más aburrida, creo que es la más interesante: el cambio en la cobertura de buena fe. Este gobierno ha presentado el “Pacto por México”, una reforma educativa, el arresto de Elba Esther Gordillo, una reforma de telecomunicaciones, desapareció la Secretaría de Seguridad Pública, hubo cambios en la política social, entre otras cosas (y lo que venga en próximas semanas). Si la prensa quiere hacer su trabajo no puede dejar de cubrir cosas que no sólo están en la agenda del gobierno sino que, de llevarse a cabo, pueden primero cambiar las relaciones del poder dentro de las élites, y después (en algún momento), tener un impacto no menor en la vida de millones de personas. Lo pueden hacer bien o mal, y las consecuencias de mediano y largo plazo pueden ser buenas o desastrosas (si es que la hay). Pero para saber eso, para conocer detalles, los distintos medios tienen que usar sus recursos de cobertura y reportaje—de por sí limitados—y diversificar la agenda, por definición reduciendo la cobertura de la violencia.

Sin embargo, es aquí donde se presenta el dilema moral. Considerando que no hay nada más terrible que las muertes violentas, la tortura, la desaparición, el secuestro e incluso nada más dañino para el resto de las cosas que suceden en nuestro país que la restricción cotidiana de libertades civiles vía el miedo y la amenaza latente ¿no debería ser la cobertura noticiosa de ese terror la prioridad en la agenda de los medios de comunicación? Si un buen reportaje para explicar lo que sabemos que pasa en Apatzingán pero no entendemos, o quién, cómo y por qué asesinaron a ocho productores limoneros, o por qué y quiénes atacaron los periódicos Mural de Guadalajara y Zócalo de Saltillo, o qué fue de la identificación de cuerpos encontrados en fosas masivas en Tamaulipas y Durango, sirviera para reducir o evitar ese terror, o al menos empujar a los gobiernos a actuar de forma distinta, ¿no estaríamos obligados moralmente a dedicar el mayor espacio editorial posible a estos temas? Si existe la posibilidad de que una sola vida se salve del terror, gracias a una historia publicada o transmitida, ¿hay una demanda ética para dedicar la cobertura con esa esperanza?

Honestamente no tengo una respuesta a estas preguntas. El periodismo se trata de reportar, investigar y contar historias. No es inequívoco que sea un oficio que se mida por número de muertes u horrores evitados. Al mismo tiempo sabemos que la información que se publica y las historias que se cuentan en los medios de comunicación tienen consecuencias en el comportamiento de los poderosos, se avanzan o frenan agendas, y se establecen límites de lo que se considera aceptable e inaceptable. La responsabilidad de esas consecuencias, para bien y para mal, no es fácil de evadir. Incluso no son pocos los periodistas que creen que su labor se hace con la esperanza de construir un mundo con menos horrores o al menos establecer de manera pública lo que creen “verdadero”. Por eso la prensa (escrita y electrónica) no es una actividad económica como otras, es un poder público.

En fin, el dilema moral existe, ¿uno debe de escribir y publicar sobre los asesinatos y torturas vinculadas a la guerra contra el narcotráfico,  sobre la reforma fiscal, o sobre cosas aparentemente banales o menos urgentes, pero que determinan la vida cotidiana de las personas como el tráfico en la ciudad?

 

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