El mercado: herramienta para reducir emisiones de GEI

Implementar un Sistema de Comercio de Emisiones posicionaría a México como la primera economía en desarrollo en considerar al mercado como una herramienta para lograr un desarrollo de bajo carbono y el crecimiento del Producto Interno Bruto.

Por: Liliana Estrada (@LilianaEG145) y Carlos Tornel

El 14 de septiembre del 2016, México se comprometió a cumplir con el Acuerdo de París, el cual fue resultado de la vigésima primera Conferencia de las Partes (COP 21) de la Conferencia Marco de Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas (CMNUCC). Dicho Acuerdo tiene como finalidad conducir a los países a reducir sus emisiones de gases de efecto de invernadero (GEI) para limitar el cambio climático, así como el aumento de la temperatura media global a los 2°C, y con la intención de restringir su incremento en 1.5°C para finales del presente siglo.

De acuerdo con la Ley General de Cambio Climático (LGCC), el país cuenta con metas de reducción de emisiones, las cuales establecen la disminución del 30 % de las emisiones de GEI al 2020 y del 50 % al 2050, con base en el año 2000. Asimismo, en marzo del 2015, México presentó sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés)[i] ante la CMNUCC, obligándose a reducir el 22 % de sus emisiones de GEI al 2030, con base en los niveles registrados en 2013. Al igual que, en caso de contar con apoyo internacional e instrumentos de mercado, incrementar su nivel de reducción de emisiones al 36 % para el mismo año.

En este sentido, el pasado 16 de agosto se llevó a cabo en el Senado de la República el Foro “Sistemas de Comercio de Emisiones: El uso de instrumentos de mercado para el cumplimiento de las metas de cambio climático de México”. Su objetivo fue discutir la posibilidad de establecer un mercado de emisiones en el país, tal y como lo posibilita el artículo 94 de la LGCC[ii], lo que permitirá cumplir con el Acuerdo de París, las metas nacionales de reducción de emisiones y unirse a la tendencia global de contar con instrumentos de mercado que motiven el cumplimiento de las obligaciones climáticas. Actualmente existen 18 sistemas de comercio de emisiones[iii] en 44 países que representan cerca del 50 % del Producto Interno Bruto (PIB) global, y más del 15 % de las emisiones de GEI mundiales (ICAP, 2017 y Banco Mundial, 2016). Para finales del 2017 se espera que se integre China, la cual será una de las principales economías del mundo con mayores emisiones en introducir un sistema nacional. Pero, ¿exactamente qué es y cuáles son los beneficios de implementar un Sistema de Comercio de Emisiones (SCE)?

Un SCE es un instrumento de mercado bursátil diseñado para reducir las emisiones de GEI de un país, ciudad o región al poner un precio explícito al carbono. Ello, a través del principio de “límite y comercio” (cap and trade, en inglés), es decir, la fijación por parte del gobierno de un límite o tope máximo de emisiones de contaminantes para uno o varios de los sectores de su economía y la determinación por las fuerzas del mercado de un precio al carbono (ICAP, 2017 y EDF 2017).

Dicho Sistema comienza cuando la autoridad competente define el alcance y la cobertura que tendrá la reducción de emisiones del GEI. Ello significa que los sectores que van incluirse (generación de energía, industria, transporte, agricultura y ganadería, usos de suelo, residuos sólidos, producción de petróleo y gas y el sector residencial y comercial) y los tipos de GEI que deben reducirse (dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarburos (PFCs), y hexafluoruro de azufre (SF6)). Igualmente, se establece el límite máximo de emisiones a cumplir en un determinado periodo, el cual en los primeros años del programa, puede establecerse justo por debajo del nivel de emisiones actuales del país, región o ciudad, para que, con el paso del tiempo, se disminuya a fin de adquirir cada vez más tecnologías eficientes (Banco Mundial, 2016).

Posteriormente, la autoridad distribuye derechos de emisión comercializables y únicos a cada una de las empresas o compañías emisoras que conforman los sectores elegidos, de manera que el número total de permisos sea igual al límite establecido. Comúnmente, cada derecho de emisión equivale a una tonelada de carbono que puede ser emitida a la atmósfera, así como puede ser asignado de manera gratuita con base en las emisiones históricas o índices de desempeño de cada empresa. No obstante, también existe la posibilidad de que un número de derechos sean asignados a través de subastas periódicas (venta de derechos por parte del gobierno) con lo cual se recaudan recursos para políticas públicas (Banco Mundial, 2016).

Para ello, cada empresa, con el propósito de cumplir con la regulación establecida y no ser sujeta a una penalización (sanciones monetarias, sanciones penales o límites de emisión más estrictos), puede elegir entre distintas opciones: 1) reducir sus emisiones al utilizar tecnologías eficientes o fuentes con menos contenido de carbono; 2) comprar derechos de emisión en el SCE a través de subastas realizadas por la autoridad ó a empresas que redujeron sus emisiones y tienen permisos sobrantes, y 3) comprar créditos de compensación (Offset Credits) de proyectos o programas de reducción de emisiones o de aumento de captura de carbono en sectores que no están regulados por el sistema (por ejemplo, energías renovables o programas forestales) (ICAP, 2015). Es importante mencionar que el uso de créditos de compensación suele restringirse y representar un bajo porcentaje del cumplimento requerido de cada empresa.

En este sentido, el SCE consiste en un escenario para la compra y venta de derechos de emisión y funciona para que las empresas emisoras puedan tener intercambio entre sí que permita cumplir con obligaciones, ya que el principio básico de un SCE reside en que las industrias que consigan reducir sus emisiones a bajos costos tienen la posibilidad de vender sus derechos adicionales a otros emisores a través del Sistema, al igual que las empresas con altos costos de reducción de emisiones que requieran más derechos para cumplir con su obligación tienen la opción de adquirirlos a un menor costo de lo que implicaría cambiar su modelo de producción.

Lo anterior debido a que la finalidad del SCE es que los sectores puedan lograr sus obligaciones de la manera menos costosa posible, así como tengan flexibilidad de elegir en dónde, cómo y cuándo reducir las emisiones (ICAP, 2015). Además de que las reducciones de emisiones sean realizadas por las empresas que pueden hacerlas a un menor costo, y que el precio de derechos de emisión o del carbono se realice a un precio competitivo determinado por la oferta y demanda.

Con respecto a los beneficios, en el ámbito económico, la implementación de un SCE posicionaría a México como la primera economía en desarrollo en considerar al mercado como una herramienta muy poderosa para lograr un desarrollo de bajo carbono y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Asimismo, un SCE permitiría generar ingresos para el país a fin de hacer frente a los impactos del cambio climático, así como ahorros para los diferentes sectores económicos al reducir las emisiones de GEI al menor costo posible. Igualmente, el Sistema puede promover la inversión y eficiencia en la producción de productos y servicios, y con ello elevar la productividad de los sectores económicos y la creación de nuevos esquemas de producción (Krupp, 2017 y BMUB, 2014).

Por su parte, en el materia ambiental, este tipo de Sistemas otorga un insumo para el uso de energías limpias y renovables, lo cual contribuye al cumplimiento de las metas de participación mínima de fuentes limpias en la generación de energía eléctrica (25 % para el año 2018, del 30 % para 2021 y del 35 % para 2024) que establece la Ley de Transición Energética (LTE). Asimismo, permite mejorar la calidad de aire de nuestro país, reducir la dependencia del uso de combustibles fósiles, preservar y aumentar el número de sumideros naturales de carbono y proteger los recursos naturales y ecosistemas (BMUB, 2014).

Por último, en el ámbito social, un SCE genera empleos, elimina la pobreza y garantiza el abasto de energía y la seguridad alimentaria, así como disminuye el número de muertes prematuras por exposición a contaminantes y la posibilidad de padecer enfermedades respiratorias y cardiacas. Además, permite reducir la vulnerabilidad climática de la población al restringir el riesgo de las enfermedades relacionadas con la variabilidad y las condiciones extremas del clima, tales como golpes de calor, diarrea, malaria, fiebre, dengue y meningitis (Krupp, 2017 y BMUB, 2014).

En suma, utilizar instrumentos como un SCE puede permitir al país aprovechar las dinámicas del mercado, de forma regulada, para asegurar el cumplimiento las metas de reducción de contaminantes, así como resolver los problemas de contaminación atmosférica, fortalecer sus medidas de mitigación de cambio climático, incrementar su ambición con el fin de atender el compromiso del Acuerdo de París y lograr una economía de bajo carbono. Lo anterior, debido a que un SCE crea un fuerte incentivo para que todos los sectores de una economía adquieran tecnologías eficientes, limpias e innovadoras que permitan la disminución de emisión de contaminantes.

 

* Liliana Estrada es Investigadora en @IntPublica. Carlos Tornel es Oficial de Programa Adjunto al Programa de Energía y Cambio Climático en @iniciativaclima.

 

 

 

[i] Las NDC se refieren a los objetivos, metas, medidas y acciones asumidas por el país para la mitigación y adaptación al cambio climático.

[ii] El artículo 94 de LGCC, menciona que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con la participación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y el Consejo de Cambio Climático, cuenta con la posibilidad de establecer un sistema voluntario de comercio de emisiones con el objetivo de promover reducciones de emisiones que puedan llevarse a cabo con el menor costo posible, de forma medible, reportable y verificable.

[iii] 1) Programa de Límite y Comercio de Ontario, Canadá; 2) Programa de Límite y Comercio de Quebec, Canadá; 3) Sistema Piloto de Beijing, China; 4) Sistema Piloto de Chongqing, China; 5) Sistema Piloto de Fujian, China; 6) Sistema Piloto de Guangdong, China; 7) Sistema Piloto de Tianjin, China; 8) Sistema Piloto de Hubei, China; 9) Sistema Piloto de Shanghái, China; 10) Sistema Piloto de Shenzhen, China; 11) Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI), EE. UU.; 12) SCE de la Unión Europea; 13) SCE de Corea del Sur; 14) SCE de Suiza; 15) SCE de Nueva Zelanda; 16) Programa de Límite y Comercio de California, EE. UU.; 17) SCE de Saitama, Japón; y 18) Programa de Límite y Comercio de Tokio, Japón.

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