PROIGUALDAD, la década perdida

¿Cuál ha sido el resultado después de una década de políticas, programas, acciones y financiamiento en materia de violencia contra las mujeres?

Por: Ana Arroyo Gámez (@AnaSalamandra)

En agosto pasado el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) dio a conocer la última actualización de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. Dicha encuesta, junto con las tres versiones anteriores (2003, 2006 y 2011), dan cuenta de las “experiencias de violencia de tipo físico, económico, sexual, emocional y patrimonial, que han enfrentado las mujeres de 15 años y más en los distintos ámbitos de su vida (de pareja, familiar, escolar, laboral y comunitario) y recopila información, sobre los agresores y los lugares donde ocurrieron las agresiones”.

Las distintas mediciones realizadas por el INEGI en materia de violencia contra las mujeres dan cuenta de una situación de urgencia que ha vivido el país en la materia en la última década, la cual ha desencadenado un conjunto de acciones del Estado Mexicano en distintos ámbitos, como el jurídico, el programático, institucional y el presupuestario.

Desde la perspectiva jurídica, durante el periodo 2006 a 2016 se crearon un conjunto de normas y leyes que, basadas en los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, están orientadas a reducir la incidencia de violencia contra las mujeres, como son: la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), la Ley General de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (LGPSEDMTPyPAVD) y la Ley General de Víctimas (LGV).

Desde la perspectiva programática se elaboraron el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012 y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD).

El objetivo del primer programa fue “establece una plataforma de líneas básicas de acción y objetivos para garantizar los derechos humanos de las mujeres, la no discriminación, el acceso a la justicia y a la seguridad; así como fortalecer las capacidades de las mujeres para potenciar su agencia económica a favor de mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo”.

Por su parte, PROIGUALDAD estableció como objetivo “alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y en un contexto de democracia participativa, utilizando para ello la planeación, programación y presupuesto con perspectiva de género, con el fin de contar con políticas públicas centradas en reducir las brechas de desigualdad que actualmente se observan entre mujeres y hombres.”

Desde la perspectiva institucional, se fortalecieron al Instituto Nacional de la Mujer y sus contrapartes estatales y municipales; se impulsó la creación de centros de Justicia para Mujeres en los estados; y se creó el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) (2008-2017).

Desde la perspectiva presupuestaria, en el 2008 se creó un Anexo Transversal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Dicho anexo determina las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, el cual pretende impulsar la igualdad de oportunidades a partir de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, la elaboración y la aplicación de los programas de la Administración Pública Federal. Asimismo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) establece que los recursos que se asignen a los programas presupuestarios, y a las inversiones contenidas en el Anexo Transversal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres no podrán reducirse, salvo los casos previstos en dicha ley.

Durante el periodo 2008 a 2017 los recursos en términos reales, asignados a este anexo transversal suman 191 mil 396 millones de pesos, pasando de 9 mil millones de pesos en 2008 a 29 mil millones de pesos en 2017. Esto significa que los recursos destinados al tema de la reducción o eliminación de la desigualdad entre mujeres y hombres, así como también la incidencia de violencia contra la mujer se triplicaron en términos reales en una década.

Recursos Transversal Género

 

¿Cuál ha sido el resultado después de una década de políticas, programas, acciones y financiamiento en materia de violencia contra las mujeres?

Si consideramos los datos que en la proporciona la ENDIREH, en el periodo comprendido entre las mediciones 2006 y 2016 (diez años), podemos afirmar que los avances alcanzados son escasos y justifican en poco el esfuerzo jurídico, programático y presupuestario realizado en la última década. Así tenemos que, en términos generales la violencia contra las mujeres se redujo apenas 0.9 puntos porcentuales. Esto quiere decir que, por cada 100 mujeres entrevistadas en el país durante el 2006, 67 de ellas habían sido víctimas de algún tipo violencia; en tanto que, para la encuesta de 2016, fueron 66.1 mujeres. Asimismo, la violencia en el ámbito privado (a nivel pareja) pasó en la última década de 43.2% a 43.9%, es decir, lo que implica un incremento de 0.7 puntos porcentuales. En contraste, la violencia económica disminuyó (3.4%); la violencia física disminuyó (2%); la violencia sexual disminuyó (2.5%); y la violencia generada por un agresor externo (un desconocido) se redujo en tan sólo un 0.6 puntos porcentuales.

Los datos anteriores evidencian que durante diez años la estrategia de prevención de violencia de género en México ha fracasado, ya que ha incidido de manera marginal en la incidencia de violencia contra las mujeres. Ello, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado Mexicano. El resultado es que las mujeres en México continúan expuestas e inmersas en una dinámica de violencia sistemática.

Sin embargo, si contamos con un marco jurídico alineado a los compromisos internacionales del Estado Mexicano; programas y políticas públicas orientadas a disminuir las desigualdades de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, así como la violencia de género e instituciones dedicadas a su implementación; y cuantiosos recursos presupuestarios orientados a financiar dichos programas, ¿qué está fallando?

Pareciera que, si bien los objetivos estratégicos del PROIGUALDAD se encuentran claros; el diseño de las políticas públicas; la debilidad institucional de los organismos públicos dedicados a su implementación; su escasa coordinación; y el traslape y la duplicidad de tareas y funciones han provocado un escaso avance en el cumplimiento de las metas y los objetivos estratégicos, entre ellos, la disminución de la violencia de género y la disminución de la desigualdad entre hombres y mujeres.

Para revertir esta situación, se requiere adoptar una visión sistémica e integral, en donde se vinculen al PROIGUALDAD todos aquellos esfuerzos en distintos ámbitos que lo complementen; fortalecer a las instituciones con capacidades y atribuciones claras y específicas en los distintos niveles de gobierno (institucionalidad); establecer mecanismos de coordinación y vinculación eficientes (nodalidad); y asignar de manera más estratégica los recursos humanos, financieros y materiales orientados siempre a resultados (tesoro).

Asimismo, será necesario reflexionar sobre los “factores que dan origen al problema”, es decir, aquellas causas presentes en las ENDIREH que reflejan cómo la violencia no es más que la consecuencia directa de conflictos a los cuales no se les ha dado solución. Las distintas ediciones de la encuesta lo confirman al evidenciar la relación de la violencia de género con el nivel de instrucción escolar, la actividad económica, la geografía del problema, el tipo de familia, el estado conyugal, los grupos de edad, los grupos étnicos, los antecedentes familiares, las denuncias por institución, la percepción de los roles de pareja, la violencia patrimonial, la libertad de las decisiones, la libertad personal, etc.

Analizar estas causas, su prevalencia histórica y su relación directa con la violencia de género representará dar el siguiente paso. Analizar el conjunto, permitirá replantear las estrategias de atención, para comenzar a pensar en un Sistema Integral de Atención y Prevención, basado en los principios de institucionalidad, nodalidad y tesoro. Si bien, hoy contamos con las cifras y estadísticas para focalizar las políticas públicas, también será preciso que éstas muestren la relación causal del problema que origina la violencia.

 

*Ana Arroyo es investigadora en Inteligencia Pública @IntPublica.

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Comentarios
  • Xochitl Meseguer

    Ups… ¿Será que muchos de los cambios legales no se traducen en nuevas prácticas institucionales? ¿Qué los institutos de las mujeres carecen de personal profesional? ¿Qué una proporción importante de sus presupuestos van a consultorías, frecuentemente poco pertinentes o de mala calidad? ¿Qué el BANAVIM no es alimentado con información de las dependencias? ¿Qué los centros de justicia para mujeres parecen estrategia cosmética y sus servicios se concentran en las capitales estatales y las fiscalías y otras dependencias tienen poca presencia especialmente en municipios pobres y alejados? ¿Qué el incremento presupuestal se ha “engordado” con programas que antes no aparecían en el PEF y ahora se le incluyen sin que haya un aumento real de recursos, sino que sólo se le atribuyen más a mujeres? ¿A que no hay un sistema efectivo de monitoreo? ¿A que no se atienden las recomendaciones procedentes de la evaluación de programas?