La prohibición del entretenimiento en Tamaulipas

El problema con el cierre de los centros de entretenimiento es que no es una política pública eficaz para enfrentar la ludopatía, la violencia doméstica, la desintegración familiar, el lavado de dinero y la prostitución.

En México, la expresión “al pueblo, pan y circo” describe la práctica de un gobierno que busca apaciguar o distraer a la población a través de comida y entretenimiento de bajo costo. Actualmente, parece que los políticos no necesitan ni pan ni circo: si lo que se busca es encandilar, la prohibición resulta una estrategia más barata y de mayor impacto. Un ejemplo es la reforma aprobada por unanimidad en el congreso de Tamaulipas el pasado 31 de mayo.[1] La reforma prohibió a los ayuntamientos expedir las autorizaciones, los permisos y las licencias de uso de suelo y construcción necesarios para el legal funcionamiento de casinos, casas de juego, table dance, entre otros centros de entretenimiento.

Para el diputado que presentó la iniciativa, el cierre de los centros de entretenimiento era una “eficaz política pública” que abonaría a “la paz y la seguridad” de los tamaulipecos. Primero, porque “la operación de casinos y centros de apuestas [propician] la ludopatía, que [a su vez] produce al enfermo un severo estado de depresión” y redunda en que “la familia de quienes la padecen [tienden] a desintegrarse o volverse familias disfuncionales, es decir, con violencia hacia su interior”. Segundo, porque los casinos y centros de apuestas “[son], en muchos casos, facilitadores de lavado de dinero ilícito”. Tercero, porque los lugares donde se expende alcohol y se presentan espectáculos eróticos son asidero tanto de prostitución como de trata de personas.

Difiero de la opinión del diputado. Para mí, el problema con el cierre de los centros de entretenimiento es que NO es una política pública eficaz para enfrentar ludopatía, la violencia doméstica, la desintegración familiar, el lavado de dinero y la prostitución –ni la voluntaria, ni la forzada–. ¿Por qué?

Primero, la relación entre el aumento en los casos de ludopatía y los problemas asociados con el juego, por un lado, y la expansión de los juegos para adultos legalizados, por otro lado, no es necesaria ni linear.[2] Esto es: puede haber un incremento en el acceso a los juegos, sin que necesariamente haya un incremento en los casos de ludopatía o los problemas sociales asociados al juego. Y viceversa: podría haber una reducción en el acceso a juegos, sin que se afecten los casos de ludopatía y de problemas sociales asociados al juego. En otras palabras: medidas como la que aprobó el gobierno de Tamaulipas pueden no tener un efecto en los casos de ludopatía, ni en los problemas asociados al juego. Para aumentar las posibilidades de que lo tuviera, sería necesario que la medida estuviera pensada para el contexto específico. Esto implica que tendría que existir un diagnóstico del contexto tamaulipeco, para ver cómo la medida podría operar en él. Este diagnóstico no existe, por lo que lo único que el gobierno tamaulipeco garantiza es una promesa, no su cumplimiento.

Ahora bien, en la literatura existe un debate respecto de qué clase de intervención resulta más efectiva para tratar los problemas de juego y la ludopatía.[3] Uno de los consensos que existen es sobre la necesidad de atender esta patología con terapia o entrenamiento. Desde esta perspectiva, la activa intervención psicológica sería el enfoque adecuado para atender a las personas, algo que, por supuesto, la reforma no contempla. La reforma no promueve ni garantiza el tratamiento de estas personas, cuya condición es un problema de salud.[4] Por el contrario: la reforma señala a los ludópatas como responsables de desatender su propia condición y extender los problemas asociados con el juego. Desde esta perspectiva, la prohibición no es una adecuada política (de salud) pública, ya que no se enfoca en las condiciones individuales y sociales que posibilitan que el juego se convierta en un padecimiento.

Segundo, si bien existe una correlación entre los problemas de juego y algunos problemas dentro de la familia, la reforma nada hace para atender las disfunciones que los juegos ocasionan en la dinámica familiar. Según autores que han analizado el caso estadunidense, los problemas de juego y la ludopatía sí impactan negativamente en las familias. Los efectos nocivos van desde la generación de estrés al interior del hogar –así como las consecuentes dificultades psicosomáticas y emocionales–[5] hasta la violencia (en grados variables) en contra de las parejas y los hijos.[6] Por ello, los familiares requieren atención psicológica –además de legal y financiera.[7] Una política pública efectiva no deja a las familias a su suerte, como sí hace la reforma de Tamaulipas.

Tercero, si bien es difícil preverlo con exactitud, el efecto de esta reforma sobre el baile erótico y la prostitución voluntaria muy probablemente sea el de desplazar, selectivamente, a quienes ejercen el trabajo sexual. La ley crea incentivos para que las y los trabajadores sexuales se muevan en ciertos espacios y se desplacen de uno a otro submercado.[8] En este sentido, la ley define la forma y la geografía –más que la existencia– del trabajo sexual. El cierre de los centros de entretenimiento no tiene el poder de acabar con el trabajo sexual, sino –si acaso– de desplazarlo. En general, considerando lo que ha pasado en otros lugares, puedo afirmar que el desplazamiento se dará –dependiendo de la modalidad de trabajo sexual ofrecida por los antes empleados de los table dance– hacia el Internet (y, consecuentemente, los hogares y los hoteles), las calles, los centros de masaje y las estéticas, y/o los centros de entretenimiento clandestinos.[9]

La complejidad de los mercados sexuales limita cualquier intento de generalización respecto de la seguridad y el bienestar de los trabajadores desplazados. Sin embargo, dado que el trabajo sexual en la vía pública y los centros dedicados a la prostitución es sancionado en Tamaulipas vía infracciones administrativas[10] y denuncias por lenocinio,[11] difícilmente las y los trabajadores van a encontrar mejores condiciones en los nuevos mercados disponibles. Previsiblemente, los trabajadores con más recursos sociales y económicos serán la excepción. Ellos adaptarán sus servicios a las formas de sexualidad que el mercado privilegia actualmente: en particular, el trabajo por Internet y aquél que se da en establecimientos gentrificados y corporativizados.[12] Estos trabajadores se beneficiarán de –o, al menos, no serán perjudicados– por la reforma. No pasará lo mismo con los trabajadores menos privilegiados.

Cuarto: más que acabar con el lavado de dinero y la trata de personas, el cierre de los centros de entretenimiento posiblemente vaya a generar un mercado negro en el que ambos fenómenos ocurrirán clandestinamente. Desde la perspectiva del análisis económico del derecho, la prohibición tiene consecuencias no esperadas, entre ellas: la creación de mercados negros, el desplazamiento del mercado para incluir bienes sustitutos, y el incremento de la corrupción y la violencia.[13] Esto se debe a que la oferta y la demanda de bienes y servicios que han sido definido como ilegales persisten y tratan de encontrarse en la clandestinidad. Por ello, más que atacar al crimen organizado, la prohibición exacerba las condiciones de hecho que lo hacen un negocio rentable: los criminales aprovechan la oferta y la demanda insatisfechas para extraer el máximo de utilidad. Este análisis aplica tanto al mercado del alcohol[14] como al de la prostitución:[15] ambos, materia de la prohibición en Tamaulipas.

Sin políticas públicas de trabajo, salud y justicia penal que lo acompañen, el cierre de los centros de entretenimiento es una medida destinada a fracasar: ineficaz. Contrario a lo que pasó con el cierre de los centros de entretenimiento en Tamaulipas, los ciudadanos debemos exigir un estándar mayor a los políticos: no sólo discurso, no sólo pan y no sólo circo. Para cada nueva propuesta de política pública y reforma legal, hay que exigir un diagnóstico de la realidad que se pretende regular, un análisis de factibilidad de las medidas propuestas, y el seguimiento respectivo de dichas medidas. Los políticos tienen que toparse con ciudadanos informados y comprometidos con los problemas del país, por más que puedan parecer ajenos o nimios, y por más pequeña que parezca su participación. Los políticos deben cambiar su forma de hacer política. Nosotros también.

 

* Claudia Torres es abogada del CIDE. Actualmente desarrolla su Doctorado en Derecho sobre trabajo sexual en la Universidad de Harvard. Miembro del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos (@DSyR).

 

 

[1] Congreso del Estado de Tamaulipas, Sesión Pública Ordinaria del 31 de mayo de 2017, Diario de los Debates, Tomo I, No. 45, p. 43-5.

[2] La idea de que los problemas sociales (como la ludopatía) se expanden mediante exposición al juego –siguiendo el patrón de las enfermedades de contagio– es, en buena medida, un mito. En el debate sobre el juego, quienes cuestionan esta idea argumentan que, dentro de contextos sociales específicos, las personas se adaptan a los riesgos y peligros, y eventualmente los resisten. En otras palabras, la expansión de los problemas sociales es contingente. D.A. LaPlante & H.J. Shaffer, Understanding the Influence of Gambling Opportunities: Expanding Exposure Models to Include Adaptation, 77 (4) American Journal of Orthopsychiatry 616 (2007).

[3] D. Smith et al., Cognitive versus exposure therapy for problem gambling: Randomized controlled trial, 69 Behavior Research and Therapy 100 (2015); M. J. Bahamón, Intervención cognitivo-conductual en un caso de ludopatía, 13 (4) Revista Electrónica de Psicología Iztacala 19 (2010); A. Kräplin et al., Dysfunctional decision-making in pathological gambling: Pattern specificity and the role of impulsivity, 215 Psychiatry Research 675 (2014).

[4] A. Kräplin et al., Dimensions and disorder specificity of impulsivity in pathological gambling, 39 Addictive Behaviors 1646 (2014); A. Blaszcynski, Pathological gambling and obsessive-compulsive spectrum disorders, 84 Psychol Rep 107 (1999).

[5] V.C. Lorenz & R.A. Yaffee, Pathological gambling: psychosomatic, emotional and marital difficulties as reported by the spouse, 4(1) The Journal of Gambling Behavior 13 (1988); V.C. Lorenz & D.E. Shuttlesworth, The impact of pathological gambling on the spouse of the gambler, 11 Journal of Community Psychology 67 (1983).

[6] T.O. Afifi et al., The relationship of gambling to intimate partner violence and child maltreatment in a nationally representative sample, 44 Journal of Psychiatric Research 331 (2010); R.L. Muelleman et al., Violence: recognition, management and prevention, 23(3) The Journal of Emergency Medicine 307 (2002).

[7] Ver Lorenz & D.E. Shuttlesworth op cit supra nota 5; Afifi, op cit supra nota 6, en 336.

[8] E.g., ver Entrevista con Gabriela Gudiño, activista y dueña de Gaby Gudiño Estilista & Store (julio 6, 2017) (en archivo en el Instituto de las Mujeres del Municipio de Colima) (sobre que los intentos de la autoridad por establecer un sistema de credencialización dentro de la “zona roja” de Colima desplazaron a las trabajadoras trans del área a desplazarse hacia las calles). También, ver S. Anderson et al., Violence prevention and municipal licensing of indoor sex work venues in the Greater Vancouver Area: narratives of migrant sex workers, managers and business owners, 17(7) Culture, Health & Sexuality 825 (2015), 835 (sobre el desplazamiento de burdeles hacia los spas, los salones de masaje y las clínicas de acupuntura en Vancouver y Richmond, Canadá, tras la imposición de licencias de trabajo sexual); R. R. Weidner, “I won’t do Manhattan”: Causes and consequences of a decline in street prostitution (LFB Scholarly, 2001) y T.J. Holt, Examining the displacement practices of johns with on-line data, 36 Journal of Criminal Justice 522 (2008) (sobre el desplazamiento de trabajadores sexuales y clientes hacia Internet, los hoteles y las casas particulares, derivado de la vigorización del control policial en las calles de Nueva York y otras ciudades en Estados Unidos).

[9] Ver supra nota 8.

[10] Como ejemplo, ver Bando de Policía y Buen Gobierno, Victoria, Tamaulipas, art. 5, fr. XVI, Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas [POET] 28-12-1991.

[11] Código Penal para el Estado de Tamaulipas, arts. 199 y 200, POET 20-12-1986, última reforma POET 08-07-2017.

[12] P. Hubbard & M. Whowell, Revisiting the red-light district: Still neglected, immoral and marginal? 39 Geoforum 1743 (2008).

[13] Para abundar, ver M. Thornton, The economics of prohibition (University of Utah Press, 1991).

[14] E.g., ver P. O. Johansen, The Norwegian Alcohol Prohibition; A Failure, 14(S1) Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 46 (2013); J. DiNardo & T. Lemieux, Alcohol, marijuana, and American youth: The unintended consequences of Government regulation, 20 Journal of Health Economics 991 (2001); L. Lanza-Kaduce, & P. Richards, Raising the minimum drinking age: Some unintended consequences of good intentions, 6(2) Justice Quarterly 247 (1989).

[15] E.g., ver J. Chuang, Redirecting the Debate over Trafficking in Women: Definitions, Paradigms, and Contexts, 11 Harv. Hum. Rts. J. 65 (1998), 77; R. Weitzer, Sex trafficking and the sex industry: the need for evidence- based theory and legislation, 101(4) The Journal of Criminal Law & Criminology 1337 (2012), 1364.

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Comentarios
  • Cesar Guzman

    Coincido plenamente en el hecho de elaborar un análisis y diagnòstico previo para tomar medidas adecuadas en el caso del entretenimiento en Tamaulipas, mas sin embargo difiero en el hecho de que la medida està destinada a fracasar notablemente. Si bien la política pública no està totalmente relacionada a las flagelaciones existentes en la sociedad, sumando esto a una mediocre planeaciòn y capacidad para la resolución de problemas, hay que dar crédito en que las medidas tomadas corresponden a detener un determinado fenómeno como lo es la desintegración y violencia familiar, puesto que, si bien no hay una estrecha relación entre un concepto y otro, no se puede pasar por alto que surjan tales casos como consecuencia del vicio humano, màs que atribuirle el título de causa.
    Viendo el otro punto sobre la generación y expansión del mercado negro y actividades ilícitas emergidas por la ley ya establecida, se tiene que observar este resultado como una oportunidad para iniciar una limpieza vasta y completa en cuanto a crimen se refiere; si bien es cierto que las y los trabajadores sexuales tienen derechos por ser ciertamente trabajadores, bajo una medida como esta deben tomarse otras que involucren y solucionen el problema potencialmente.