El abismo y la esperanza

Pasadas las últimas dos semanas, siento profundamente no compartir el optimismo de quien cree que de 1985 aprendimos lo suficiente.

El sismo de este 19 de septiembre no sólo cimbró mi oficina, mi casa y la sensación de seguridad de mi familia: me obligó a replantear supuestos que tenía sobre la capacidad de la Ciudad de México – y del Estado mexicano – para enfrentar emergencias de gran escala. Como ciudadano, como empleador, como ingeniero voluntario – junto con mi esposa, arquitecta – en la inspección de edificios; como padre, esposo y amigo de voluntarias en el sitio de Álvaro Obregón, en la colonia Roma; como analista de políticas públicas, tuve un aprendizaje rudo e intenso.

Pasadas las últimas dos semanas, siento profundamente no compartir el optimismo de quien cree que de 1985 aprendimos lo suficiente. Cierto es que resultó muy alentador ver en la calle a ríos de jóvenes – mujeres y hombres – poniendo en riesgo su integridad física para ayudar al prójimo; observar a miles de familias cruzando la ciudad, de un lado a otro, llevando víveres y herramientas a donde se necesitaba; voluntarios por todos lados organizando el tránsito. Pero también fue muy desesperante ver de primera mano desorden y profundas ineficiencias en la organización de los sitios de atención de emergencias, que recibieron a miles de personas con mucha voluntad pero ningún entrenamiento. Nula reacción de las delegaciones para echar mano de las constructoras privadas, su equipo y personal para las labores de rescate – mi esposa tuvo que pedir a sus contratistas enviar especialistas equipados al sitio de Álvaro Obregón, al presenciar una falta de personal con experiencia. Lentitud y falta de información inesperadas para esta época híperconectada. Colegios de ingenieros y arquitectos que desaprovecharon los medios digitales para organizar de forma más eficiente las brigadas de inspección, cuyos sitios de internet no brindaban información puntual y cuyos teléfonos estaban saturados o no eran contestados. Iniciativas ciudadanas espontáneas – como salvatucasa.mx, #Verificado19S o el grupo de voluntarios para inspección de edificaciones que organizó Federico Taboada – que tuvieron que salir a cubrir fallas de coordinación elementales, que son responsabilidad natural de las autoridades. Ningún canal efectivo de transmisión rápida de datos a Protección Civil, que quedó rebasada en un par de días.

Fueron un par de semanas de esperanza, pero también de una sensación permanente de estar al filo del abismo, rogando que no se presentara algún deterioro en la situación – una lluvia “atípica”, una falla en las telecomunicaciones – que nos empujara al caos. Pensemos cuán diferente hubiera sido la situación si los ciudadanos nos hubiéramos quedado, uno o dos días pero a mitad de la emergencia, sin acceso a internet. Los mexicanos no hemos hecho nuestra tarea. Sí, mejoramos notoriamente el reglamento de construcción de la Ciudad de México. Pero resolvimos la emergencia con base en la acumulación – ineficiente – de buena voluntad, volcándonos a las calles, rebasando de nuevo a las autoridades, acudiendo a las fuerzas armadas. No podemos seguir así.

La primera necesidad que tenemos que resolver es establecer un sistema de coordinación logística de emergencia que establezca de forma clara líneas de autoridad, sitios de concentración de esfuerzos y protocolos de actuación. Concretizar lo que ya señala la Ley General de Protección Civil. Al decir sistema no me refiero a un fix tecnológico – como podría ser la construcción de una plataforma de software – sino primordialmente a la identificación de funciones y actores clave, así como la preparación de reglas que hagan operar al conjunto en armonía y con un mismo objetivo. Tendríamos que contar con un mapeo – siempre actualizado – de actores relevantes, públicos y privados, cuya coordinación nos permita sortear necesidades como las enfrentadas ante este sismo. Por ejemplo: las autoridades tendrían que saber, en todo momento, qué constructores están operando dónde, con qué tipo y cantidad de herramienta y personal especializado, y así poder llamarlos a colaborar en el rescate, demolición y remoción de escombros si es necesario. Tendríamos que contar con protocolos, bien comunicados a la población, que determinen que la autoridad debe declarar sitios de ocurrencia (en la zona de colapso de un edificio, por ejemplo) y reconocer sitios de acopio – probablemente operados por la sociedad civil; establecer reglas para el traslado entre unos y otros y determinar, ex-ante, qué personal puede acceder a ambos. Una vez imaginados los procesos, funciones y actores, tendrían que diseñarse las soluciones tecnológicas que faciliten el intercambio de información en tiempo real, y que asuman – y den la bienvenida – a esfuerzos colaborativos espontáneos. El sistema y sus aplicaciones tecnológicas deben asumir que la sociedad civil tomará parte en la atención de la emergencia, aprovechándola de forma constructiva; asumirla como colaborador y no como antagonista. Y necesitamos asumir que las soluciones tecnológicas tendrían que modernizarse con frecuencia, y proveer fondos para ello, ante el avance natural en la tecnología y sus requerimientos de actualización (por ejemplo, la constante evolución en los lenguajes de programación y en la tecnología de comunicación celular).

Una segunda necesidad es la de entrenar a civiles en el apoyo a actividades de emergencia. Existen ciertas tareas cuya necesidad es perfectamente previsible, y para las cuales podemos ser capacitados. Pienso, por ejemplo, en la inspección post-sísmica de edificaciones (en el caso de ingenieros y arquitectos), la organización de logística en centros de acopio, la preparación industrial y manejo de alimentos en sitios de atención de emergencia, la provisión de primeros auxilios, el apoyo psicológico (en el caso de psicólogos y psiquiatras), la fisioterapia de emergencia (para profesionales de la materia), la dirección de tránsito, entre muchas otras. Mención aparte merecen, por supuesto, los grupos de “topos”. Existen ejemplos concretos, de otros, que podemos tropicalizar: tras los sismos de Whittier Narrows en 1987, la ciudad de Los Ángeles desarrolló el sistema denominado Equipo de Respuesta Comunitaria de Emergencia (Community Emergency Response Team) que fue después adoptado a nivel nacional por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) y que, justamente, entrena a civiles para que se desplieguen en una red de apoyo inmediato ante la ocurrencia de una emergencia. Habiendo observado de primera mano la respuesta abrumadora de miles de capitalinos, no me cabe duda de que existiría interés ciudadano en estar preparados. Lo expuesto permitiría dar sustancia a lo que, en concepto, está ya expuesto en los capítulos X y XI de la Ley General de Protección Civil.

También tenemos que ventilar espacios que, tradicionalmente y con el pretexto de la complejidad técnica, se han mantenido opacos. Los cambios en las normas de construcción de la ciudad adoptadas después del sismo de 1985 implican que las edificaciones que hoy las siguen son mucho más resistentes a sismos. En ese contexto, los capitalinos deberíamos poder confiar en que cualquier edificación construida a partir de la década de los 90s es perfectamente segura. Por los mismos motivos, el colapso de una edificación reciente necesariamente implica negligencia – es decir, errores en el diseño, o en la construcción – y/o corrupción[1]. Sin embargo, el sistema que hoy utilizamos presenta claras áreas de oportunidad: como indica este estudio de 2015, hoy no es posible saber qué edificaciones – o qué fracción de éstas – han respetado efectivamente las normas: no necesariamente está disponible la evidencia documental que nos permita analizarlo caso por caso[2]. Como ha documentado la prensa, la escuela Enrique Rébsamen recibió sendas constancias de seguridad estructural de dos Directores Responsables de Obra (DROs) con registro formal, uno de los cuales aparentemente sigue practicando.

De acuerdo con el artículo 44 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, la Comisión que admite profesionistas como DROs y Corresponsables está compuesta exclusivamente por funcionarios públicos y representantes de los colegios o cámaras profesionales, sin participación de representantes de la sociedad civil. No pretendo poner en duda la honorabilidad y calidad profesional de sus miembros; tampoco pretendo – sería absurdo y carente de ética profesional – que personas sin capacitación ni experiencia opinen sobre los requisitos de seguridad estructural de la Ciudad. Sin embargo, tampoco es deseable que los temas que involucran la integridad física de todos, estén reservados a la opinión de una liga de iniciados. Las cámaras cerradas tienden a crear ceguera de taller. Si los ingenieros y arquitectos tenemos que desarrollar lenguaje y materiales de capacitación que permitan la participación de la sociedad civil en estos espacios, entonces tenemos que resolver ese problema, no pretender que nadie más puede “entrometerse” en nuestros exclusivos territorios.

Siguiendo con la misma idea, tendríamos que asegurarnos de que la información y la documentación que registran la legalidad de las edificaciones, así como su cumplimiento con las normas técnicas e instrumentos de planeación – incluyendo la disponibilidad y suficiencia de servicios públicos – estén siempre disponibles al público y con redundancia de archivo. No necesariamente es buena idea – por razones de privacidad y seguridad – poner a disposición abierta los planos y memorias de cálculo estructural de todos los edificios; sin embargo, todos los certificados, dictámenes, y alguna forma de resumen de las características estructurales, sí deberían estarlo, de forma abierta y gratuita. Ello, a su vez, posibilitaría que actores independientes – pensemos en la academia, u organizaciones de la sociedad civil – dupliquen el archivo en sus propios servidores, reduciendo la probabilidad de que, ante un desastre, no contemos con registros adecuados. El hecho de que la información relativa a DROs y licencias haya estado fuera de línea durante varios días, en plena emergencia, en plena era de operación remota y respaldos en la nube, es franca y llanamente inaceptable. Y la falta de disponibilidad de información relativa a construcción es la regla, no la excepción[3].

Es también necesario retomar la discusión sobre densificación urbana. En la Ciudad de México necesitamos vivir en mayor densidad; no tenemos por qué temer habitar suelo sísmico, siendo que las técnicas modernas de diseño y construcción permiten hacerlo de forma perfectamente segura. No debemos ceder ante las infundadas pretensiones – ya presentes en algunos círculos – de declarar moratorias a la construcción, o a la mayor densificación, en la ciudad o en partes de ella. Sin embargo, para que la densidad se traduzca en beneficios para el ciudadano común, tienen que estar presentes condiciones que, si bien son asequibles, aún están parcialmente ausentes. Para mayor información al respecto, me permito referir este estudio. No podemos perder de vista que la densidad habilita y potencia diversos factores clave en la resiliencia de las ciudades – para una discusión sobre este concepto, recomiendo el artículo “México Resiliente” de Braulio Torres, en este mismo medio.

Adicionalmente, me parece conveniente analizar la posibilidad de fondear e implementar un programa de sustitución de edificaciones antiguas. Las casas y edificios que presentan cierto nivel de riesgo – ya sea por haber presentado daños estructurales de magnitud considerable, o por no disponerse de datos documentales o empíricos que permitan tener confianza en la seguridad futura de la estructura – podrían demolerse y ser sustituidos por edificaciones nuevas, todo ello con subsidios públicos parciales, a lo largo de las siguientes décadas. Me parece más razonable fondear una sustitución ordenada de edificaciones que ya han rebasado su vida útil, que continuar esperando que otro sismo – con otras características – derribe edificaciones antiguas que le resulten específicamente sensibles. Hoy estamos observando los resultados de la alternativa.

Por último, es realmente urgente atender las carencias de nuestro sistema de justicia que derivan en impunidad. Los sistemas son tan fuertes como su eslabón más débil, y no habrá esquema técnico de densificación eficiente, reglamento de edificación seguro o protocolo efectivo de reacción ante la emergencia, si las desviaciones respecto de la norma no se identifican, demuestran y castigan con todo el peso de la ley. Quienes han incumplido el reglamento de construcción (diseñadores estructuristas, constructores, inversionistas, DROs y/o funcionarios, según lo determinen los peritajes correspondientes) tienen que enfrentar su responsabilidad en la destrucción de la vida y patrimonio de cientos de familias. La impunidad y la corrupción matan; no deberíamos requerir más ejemplos que nos lo dejen claro.

Espero, de verdad, que en esta ocasión no caigamos en la complacencia relativa de las últimas tres décadas; que comprendamos que vivimos en una región donde otro sismo de gran magnitud es una certeza probabilística, y que construyamos las instituciones – reglas, organizaciones, redes, ciudadanos preparados, además de edificaciones sismo-resistentes – que nos permitan vivir y prosperar. Que no requiramos, cada dos o tres décadas, caminar al borde del abismo para mirar al horizonte con esperanza.

 

@marcolopezsilva

 

[1] Me parece importante distinguir entre negligencia y corrupción. Se trata de conceptos distintos, que pueden o no ir de la mano. Es perfectamente factible, por ejemplo, que un edificio haya sido mal diseñado (habiendo cometido un error en los cálculos, por ejemplo), bien construido (es decir, fabricado en sujeción estricta al diseño) y que no haya mediado corrupción en ello.

[2] Ello no constituye evidencia de que la no sujeción al reglamento de construcción sea una práctica generalizada. Sin embargo, inquieta no contar con documentación que permita analizar, con certidumbre estadística, qué fracción de las edificaciones han seguido al pie de la letra las normas en la materia.

[3] En 2014, por ejemplo, solicité a la Delegación Benito Juárez me informara cuántas manifestaciones de construcción y avisos de terminación para uso habitacional habían expedido/recibido entre 2000 y 2013. La Delegación me respondió que no contaba con dicha información en medios digitales, y que podía apersonarme a inspeccionar la documentación en el estado en que ésta se encontraba. Adicionalmente, y a pesar de que no solicité información edificación por edificación, sino datos agregados, la autoridad me advirtió que no tendría acceso a la totalidad de la información, por incluir diversos datos personales.

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