Perfil El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A. C., es una organización no gubernamental que desde la década de los ochenta contribuye a la defensa de los derechos de las personas y los pueblos. Desde este espacio diverso y crítico, con la dirección del Dr. Miguel Concha Malo, buscamos abonar a una cultura basada en los derechos humanos. Trabajamos con la firme convicción de que “Otro mundo es posible”, donde se respete la dignidad humana. Optamos por acompañar a los grupos en situación de vulnerabilidad y de esa manera aspirar a un mundo más justo, sororo y fraterno.

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Constantes, las violaciones a los derechos humanos de los jóvenes

Por: Clara G. Meyra Segura

Desde hace al menos cinco años, hablar de mujeres y hombres jóvenes se ha convertido en una constante desde diversos enfoques. Entre las muchas palabras que resuenan y se hacen evidentes en los medios de comunicación y en el discurso de diversos sectores se encuentran: “Juventudes y Derechos Humanos”; “Derechos Humanos de las juventudes”; “jóvenes y desigualdad social”; “Bono demográfico, porque es el momento histórico en el que más personas entre los 12 y 35 años existen en el mundo”; “Jóvenes y Violencia”; “ninis”, entre otras. Estas palabras están en los discursos de la derecha y la izquierda, desde las empresas y los gobiernos hasta las investigaciones de la Academia, los medios de comunicación, organismos internacionales, entre otras voces que colocan el tema porque es de gran emergencia, o porque es taquillero, así como una muy buena moda de donde pueden valerse los gobiernos y el sistema económico.

Entre todos los discursos y la fama de las y los jóvenes en este país ¿quién nos pregunta lo que nos preocupa y lo que necesitamos? Muchos sectores opinan y consideran que es importante hablar de jóvenes, inclusos del reflejo de los números sobre ellas y ellos, y de las constantes violaciones a sus derechos humanos entre los más vulnerados son: educación, empleo, salud, igualdad y no discriminación, así como participación política. Las encuestas y diagnósticos que se han generado desde diversos ámbitos demuestran que es fundamental garantizar los derechos de las juventudes, pero la realidad rebasa por mucho a la palabra.

El gobierno anterior, cuyo titular fue Felipe Calderón Hinojosa, dejó un país quebrantado por la llamada “Guerra contra el Crimen organizado”. A partir de esto las cifras de decesos oscilan entre los 80 mil y más de 12 mil asesinatos. Esas muertes no tienen identidad, ni un debido proceso en el que se esclarezca la verdad, ni siquiera sabemos cuántas mujeres y cuantos hombres, cuántas niñas y niños, lo cierto es que un gran número fueron jóvenes, sin embargo ¿quiénes son? ¿A qué se dedicaban? Eso hasta ahora sigue siendo una incógnita. Las ejecuciones extrajudiciales, los desplazamientos forzados, los feminicidios, la tortura, así como la trata de personas, las detenciones arbitrarias, y la criminalización de la protesta social son violaciones a los derechos humanos de mujeres y hombres jóvenes que no fueron ubicadas en números exactos. Organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos, familiares y las propias víctimas hacen grandes esfuerzos por no callar y exigirle al Estado asuma sus responsabilidades. Estas violaciones se agudizan con el actuar del presente gobierno no sólo federal, sino también los gobiernos locales. El Poder Legislativo también ha hecho lo propio,  y los casos dentro del poder Judicial no son la excepción, menos en los casos locales como la resolución emitida por Tribunal de Justicia del Distrito Federal ante el caso News Divine, el cual dejó mucho que desear y revictimiza a las y los familiares de las personas jóvenes que fueron ejecutadas el 20 de junio de 2008.

El actual Gobierno Federal tomó la banda presidencial en medio de diversos descontentos sociales, sobre todo dentro de la población de jóvenes. No es fortuito que surgiera el movimiento #Yo Soy132, y que se generaran diversas manifestaciones en distintos puntos del país. El 1 de diciembre de 2012, durante la toma de protesta  de la presidencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y en el Distrito Federal se registraron 95 casos de detenciones arbitrarias de las cuales 77 eran personas jóvenes. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se documentaron casos sobre violaciones al derecho a la seguridad personal, a la libertad personal, a la integridad personal, derecho a la libre manifestación y a la protesta, de 102 personas agraviadas. Ante estos hechos el Gobierno del Distrito Federal (GDF) no ha rendido cuentas. Al contrario, reaccionó publicando el Protocolo de Actuación Policial para el Control de Multitudes que emitió el GDF mediante el cual se violan los derechos a la libertad de expresión, a la libre manifestación de las ideas y a la participación, así como a la protesta social.

Por si fuera poco el Gobierno Federal dentro de la restructuración de los órganos de la administración pública decidió de forma arbitraria y sin fundamentos garantes de los derechos humanos de las juventudes que el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) se ubique en la estructura de la Secretaria de Desarrollo Social y deje de ser parte de Secretaría de Educación Pública. Si bien estas definiciones fueron arbitrarias, lo cierto es que la existencia de este instituto, así como de la política en materia de juventud durante décadas ha dejado mucho que desear, sólo algunas acciones fueron rescatables y desafortunadamente se han abandonado como la Encuesta Nacional de Juventud o el Centro de Investigación y Esfuerzos sobre la Juventud.

El Imjuve y los institutos estatales de la juventud han sido señalados por diversos sectores como “elefantes blancos”, nada que no sea cierto, al final en lo legal es el órgano encargado de transversalizar la política pública en materia de juventud hacia todas las instancias de Gobierno. Con las últimas decisiones de Enrique Peña Nieto de subordinarlo a Sedesol, las acciones gubernamentales a favor de los derechos humanos de las juventudes se ven mucho más lejanas e inexistentes, pues el centro es la denominada “Cruzada contra el hambre”, y lo real es que las necesidades de las y los jóvenes no se verán resueltas con este enfoque asistencial.

Y qué decir de las llamadas reformas estructurales que sólo han venido a agravar la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las juventudes, como la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Educación, las cuales responden a los intereses empresariales y de los políticos que ostentan el poder. Ninguna de estas reformas con los convenios y tratados internacionales, así como la propia reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, los cuales obligan al Estado a garantizar, proteger, promover y respetar los derechos humanos de todas las personas que habitan y transitan por el territorio mexicano, hablamos de todas las generaciones y de todas las personas; las y los jóvenes están incluidos.

A 146 días de este sexenio, lamentablemente, no miramos una realidad promisoria para las juventudes. Podemos decir que existen elementos fundamentales para el cumplimiento de sus derechos humanos sea una realidad. Para ello el Estado debe:

1) Ratificar la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes.

2) Aprobar la iniciativa de Reforma Constitucional que se presentó el 21 de febrero de 2012 en la que se dispone reformar los artículos 4º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las y los jóvenes aparezcan como sujetos plenos de derechos.

3) Armonizar las leyes, políticas públicas y programas en torno a juventud con la Constitución mexicana y los tratados internacionales.

4) Garantizar la plena participación juvenil en los espacios de toma de decisiones, como en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Juventud, entre muchos otros.

5) Derogar todas aquellas leyes, reglamentos y políticas asistencialistas, así como aquellas que criminalizan a las juventudes.

Cada vez se hace más urgente que las y los jóvenes tengamos herramientas de defensa y promoción de nuestros derechos humanos, y así dejar de limitarnos a los discursos del Estado en esta materia, ya que será difícil que los Gobiernos por sí solos asuman que las únicas obligaciones en cuanto a derechos humanos le corresponden a los entes estatales, tal como está determinado desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y ahora la  propia Constitución. No se trata sólo de defender a las juventudes,  pues defender los derechos humanos de una generación implica defender los de todas las generaciones.

En este mismo sentido: se están circulando dos acciones a favor de los derechos de las y los jóvenes: una tiene que ver con un llamado de diversos actores al Gobierno federal, donde se exige “una política de juventud, real, articulada y  pertinente en todos los ámbitos de gobierno, que se encuentre sustentada en garantizar, proteger y promover los derechos humanos de las personas jóvenes que habitan y  transitan en el territorio mexicano”; la segunda es un llamado al Procurador de Justicia del Distrito Federal para que se libere al joven  Marduk Chimalli Hernández Castro, quien fue detenido arbitrariamente el 15 de Abril de 2013, acusándolo de un crimen que no cometió, realidad latente para muchos jóvenes.

Acá y acá los links para firmar las peticiones.

 

* Clara G. Meyra Segura es Coordinadora General del Centro de Derechos Humanos “Fr. Francisco de Vitoria O. P.” A. C.

 

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