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Trasímaco, los jueces mexicanos y el caso de José Pablo Romero

Por: José de Jesús Palacios Serrato

El 23 de marzo de 2004, José Pablo Romero se encontraba en el negocio de comida de su madre cuando llegó un chico de unos 22 años preguntando por el servicio de fletes que ofrecía. Solicitó que llevara una caja a un domicilio que posteriormente le confirmaría por teléfono.

A las tres y media, José Pablo se dirige con su hija a la dirección proporcionada. A las cuatro y 15 llega a la dirección, se estaciona ahí y espera una hora aproximadamente a que llegaran con la carga. En vista de que nadie llegó, José Pablo y su hija Yesica, de 7 años de edad regresan a casa.

El mismo 23 de marzo por la noche, unos policías federales se presentaron en su domicilio para investigar sobre su presencia en el lugar donde estuvo estacionado. José Pablo explicó que le entregarían una caja para que la transportara. Los policías le pidieron que los acompañara a la Secretaría de Investigación Especializada en Delincuencia organizada (SIEDO) para aclarar lo que correspondiera. Desde ese momento se le privó de la libertad.

Lo que José Pablo no sabía es que el chico que le pidió el servicio pertenecía a un grupo de personas que había secuestrado a Germán Pérez Limón y los policías que lo detuvieron en realidad investigaban ese secuestro. En el operativo detuvieron a cuatro personas más en casa de la víctima y ninguna refirió conocer a José Pablo. A pesar de esto, a José Pablo lo retienen sin pruebas suficientes que lo involucren como autor o partícipe en el secuestro y por el sólo hecho de haberse estacionado frente a la casa del secuestrado.

Durante el proceso, José Pablo fue arraigado “con fines de investigación”, violando el principio de presunción de inocencia y de legalidad, puesto que en el año de su detención la figura del arraigo no estaba contemplada en la Constitución.

José Pablo fue consignado ante el Juez 2º de Distrito en el Estado de Puebla. El 29 de enero de 2008 se le dicta sentencia condenatoria de 68 años de prisión, multa de 84 mil 220 pesos y condena al pago de la reparación del daño por 42 mil 997 pesos con 50 centavos.

Inconforme con la sentencia, José Pablo interpuso recurso de apelación argumentando que la acusación del Ministerio Público fue infundada e incongruente: lo acusaron por delitos del orden federal y lo terminan sentenciando por delitos del fuero común, no se demostró su responsabilidad en la comisión de los delitos de manera plena, y finalmente, que la pena era excesiva.

Ante la apelación se modifica la sentencia quedando de 56 años, 10 meses, 15 días de prisión, multa de 69 mil 60 pesos con 40 centavos y condena al pago de la reparación del daño por 42 mil 997 pesos con 50 centavos.

Después de esto, José Pablo promovió un juicio de amparo directo, en el que se alegó la incompetencia de la autoridad que juzgó y se precisaron las razones por las que no se encuentra plenamente acreditada su participación en la comisión de los delitos. El 29 de septiembre de 2008 se resuelve en el expediente 301/2008 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, la negación del amparo y protección de la Justicia Federal. Posteriormente se desecha el recurso de revisión ante la negativa y se declara improcedente el recurso de reclamación por el desechamiento del recurso de revisión.

A la fecha, julio de 2013, José Pablo lleva recluido casi nueve años y se abrió en 2008 un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano, que continúa en colaboración con el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

En realidad, el caso de José Pablo no es un caso aislado sino una situación recurrente de muchas personas en el país: la falta de acceso a la “justicia” y la carencia de una defensa jurídica adecuada por carecer de los medios necesarios para pagarla. La administración de “justicia” en nuestro país, pasa por un filtro: el dinero. José Pablo, a diferencia de las otras personas acusadas, tuvo un –pésimo- abogado de oficio. Los otros procesados tuvieron acceso pronto a su defensa y sus sentencias son con mucho, menores.

El acceso a la justicia en México se ve obstaculizado por la cantidad inmensa de trámites, por la poca operatividad de las personas que trabajan en los tribunales, por lo largos que resultan los recursos y lo ineficaces que son éstos al igual que las normas que los regulan. También existe una pésima valoración de pruebas en los procesos. La valoración de pruebas que realizan muchos (muchísimos) jueces es tendenciosa y no se valora de manera objetiva. Y por objetiva me refiero a una valoración que incluye las normas jurídicas, pero también la equidad, la lógica y el sentido común.

Los filósofos conceden que quienes desarrollaron el estudio de los argumentos, de las pruebas, las conclusiones y de las falacias, no fueron precisamente ellos, sino los abogados. Los abogados fueron los primeros que pidieron las pruebas en todo momento, porque las consecuencias prácticas de una prueba podían cambiar la vida de una persona radicalmente, podían quitarle la libertad hasta el último día de sus vidas o llevarlo a la ruina patrimonial.

Hasta el momento he usado acceso a la “justicia”, así, entrecomillado, porque considero que esa “justicia” que nos colocan en las normas mexicanas no es ni de lejos algo favorable para todos. La palabra “justicia” la hemos vista usada en muy diferentes contextos: escuchamos a los jueces diciendo “se hará justicia con todo el peso de la ley”, a los políticos en sus discursos promoviendo “un México más justo”, pero también vemos a los movimientos sociales, a los trabajadores o a las comunidades indígenas de todo el país exigiendo “otra justicia”.

En la carrera de derecho, a los estudiantes les recitan hasta cansarse la fórmula de Ulpiano, un famoso jurista romano de la antigüedad: “Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”.[1] Dicha máxima, a pesar de que representa la manera dogmática de enseñar el derecho, tiene una falla seria: ¿quién determina “el derecho de cada uno”?

Esta manera de entender la justicia ocasiona que la asignación de derechos sea parcial y nazca desde los grupos dominantes. En la obra La República, del filósofo griego Platón, aparece un personaje llamado Trasímaco, que tiene sobre la justicia una tesis que fácilmente podríamos colocar en el subconsciente de muchos de nuestros jueces: “la justicia no es otra cosa sino lo que le conviene al más fuerte”[2]; sin embargo, esta concepción de la justicia es igual grave, porque restringe lo justo a las consideraciones de quienes hacen las leyes… y por lo visto, no son precisamente los más justos.

Aquella frase de Ulpiano no se les olvida a los estudiantes de derecho cuando terminan la carrera, sino que la siguen recordando cuando ya se convirtieron en jueces, magistrados, abogados litigantes, políticos… y siguen reproduciendo la tesis de Trasímaco en la aplicación de las normas.

¿Qué alternativas nos quedan? Entre otras… luchar por otra justicia que tenga como objetivo darle un contenido diferente a ese acceso a la justicia que hemos conocido, que funcione para todos y no sólo para las élites, o no sólo para quienes puedan pagarle a los secretarios de acuerdos y a los jueces para hacer más rápido tal o cual promoción, tal o cual recurso, tal o cual trámite. El acceso a la justicia no lo debemos considerar sólo como el acceso a los tribunales o a un sistema de normas -viciado, desigual, parcial y que favorece a unos cuantos-, sino que buscamos un acceso a la justicia que no excluya, que sea equitativo, digno, que respete los derechos humanos, que considere las diferencias étnicas, las desventajas económicas; un acceso a la justicia que sea realmente “justo”, y en el que la justicia tenga criterios definidos, establecidos imparcialmente, para dar a cada uno su verdadero derecho.



[1] Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.

[2] Cfr. 338c  Platón. Diálogos. Obras completas en 9 volúmenes. Volumen IV: República. Madrid: Gredos. 2003

 

 

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