La Ley más absurda y peligrosa del año

A diferencia de lo que el jefe del Ejecutivo ha descrito como una ley de “imperiosa necesidad”, la Ley de Seguridad Interior no constituye un instrumento adecuado para enfrentar la crisis de violencia de nuestro país.

Por: Carla Lovera (@loverovska) y Carlos A. Ventura Callejas (@carlosarveca)

A puerta cerrada en la Cámara de Diputados, la Ley de Seguridad Interior (LSI) fue aprobada en lo general y en lo particular el pasado 30 de noviembre. De inmediato y sin mayor explicación, fue turnada al Senado para continuar con lo que parece ser el proceso para su inminente aplicación.

A diferencia de lo que el jefe del Ejecutivo ha descrito como una ley de “imperiosa necesidad”, esta LSI no constituye un instrumento adecuado para enfrentar la crisis de violencia de nuestro país, pues formaliza un modelo de seguridad ineficaz en el combate al crimen organizado y con probadas consecuencias negativas para la población, las instituciones, y un Estado de derecho y garante de derechos humanos.

En el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados no se contempla una estrategia para el regreso paulatino de las tropas a los cuarteles ni se plantean medidas efectivas para proporcionar justicia y seguridad a las personas que se encuentran en las zonas ocupadas por elementos castrenses, cosa deseable y propuesta por diversas organizaciones de derechos humanos. Por el contrario, disuade a las autoridades locales de fortalecer a sus policías y de implementar políticas públicas eficaces para un nuevo modelo de seguridad, así como para las efectiva prevención, investigación y sanción de delitos.

La LSI utiliza definiciones que promueven el uso arbitrario del término seguridad interior; proporciona a las fuerzas federales –Ejército, Armada y Fuerza Aérea- facultades de policía, incluidas acciones preventivas, con o sin previa declaratoria de amenaza a la seguridad interior; no regula el uso de la fuerza ni adopta protocolos de actuación; no genera controles para verificar el respeto de los derechos humanos; permite a las Fuerzas Armadas (FFAA) actuar contra protestas sociales cuando éstas puedan considerarse como no pacíficas;  determina genéricamente que toda la información sobre las medidas de seguridad interior será clasificada y dispone que no se aplicará la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en la materia; y establece que las medidas excepcionales de seguridad interior no necesariamente tendrán que acotarse a un área geográfica específica, ni impone límites temporales precisos a las acciones de seguridad interior.

Por si fuera poco, la LSI permite la intervención militar en áreas de inteligencia civil por cualquier medio lícito, sin la responsabilidad de hacer públicas esas investigaciones y determina que los organismos constitucionales autónomos (comisiones de derechos humanos,  Instituto Nacional Electoral, universidades autónomas, etc.) deben proporcionar la información que les requieran las autoridades en contextos de afectaciones a la llamada seguridad interior.

Esta errónea Ley que formaliza la militarización de la seguridad pública, afirmación que quienes gobiernan hoy dicen que es “absurda”, adscribe la coordinación de las acciones de seguridad interior a la Secretaría de Gobernación, pero asignando el mando a las FFAA en caso que éstas intervengan, aunque la Suprema Corte de Justicia de la NacióN (SCJN) ha establecido que los militares deben subordinarse a los civiles cuando colaboren en tareas diferentes a su mandato constitucional; asimismo omite que las FFAA ajusten su organización, medios y adiestramiento en apego a los derechos humanos para intervenir en esas labores.

La LSI es uno de los retrocesos más graves, absurdos y peligrosos en el camino hacia la democracia y la vigencia de los derechos humanos dentro de la historia reciente de México y América Latina. Es imperativo señalar que sus iniciativas de seguridad interior fueron creadas para satisfacer la queja del Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, a la autoridad federal por el “desgaste” que sufren las FFAA; obviando el cúmulo de sentencias, relatorías, informes y observaciones que la CNDH, el Sistema ONU, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han emitido acreditando la participación y responsabilidad de las fuerzas armadas en múltiples, reiteradas y graves violaciones a derechos humanos.

En un escenario global de militarización es necesario defender principios basados en la democracia y los derechos humanos, encaminados a la construcción de la paz y la recuperación de la seguridad ciudadana. Con la opacidad en su redacción y acelerada aprobación, la LSI tan sólo promueve la impunidad de delitos, más violaciones graves a derechos humanos y actos continuados de corrupción; al mismo tiempo que deja entrever más claramente el mensaje autoritario del partido en el poder, de los grupos parlamentarios aliados y de las autoridades que han asegurado su aprobación, paradójica y sospechosamente, previo a la coyuntura del 2018.

Es urgente para México, una #SeguridadSinGuerra y otro y mejor modelo de seguridad.

 

* Carla Lovera es activista feminista y especialista en DDHH; Carlos A. Ventura Callejas es colaborador del @CDHVitoria.

 

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