Magistrados anticorrupción

Por qué los magistrados temporales del Sistema Nacional Anticorrupción carecen de competencia constitucional para resolver los asuntos de corrupción que se les planteen.

El pasado 18 de julio venció el plazo para que el Senado ratificara los nombramientos de 18 magistrados anticorrupción, efectuados por el presidente Peña Nieto mediante un procedimiento cuestionado por organizaciones de la sociedad civil y el Comité de Participación Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

La falta de esa ratificación ha generado un desfase operativo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), ante el cual su Sala Superior decidió instalar una sala auxiliar en sustitución de las salas especializadas que serían las competentes. Al efecto se designaron tres magistrados temporales que ocuparán el cargo en tanto la Cámara de Senadores ratifica los 18 magistrados anticorrupción. El problema, sin embargo, es que ese mecanismo es inconstitucional. Veamos por qué.

De acuerdo con la reforma a la Constitución Federal de mayo de 2015 y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a partir del 19 de julio la competencia originaria para resolver los juicios en esta materia quedó asignada en exclusiva a los magistrados anticorrupción. Esta calidad sólo la ostentarán quienes fueron nombrados como tales por el Ejecutivo federal, cuando queden ratificados del Senado. Ningún otro podrá serlo, ni siquiera en forma transitoria. El texto constitucional y legal no deja margen de duda.

La vía utilizada por la Sala Superior fue la ‘suplencia’. No pretendo extenderme en legalismos. Sólo apuntar que, como la expresión lo dice y la lógica lo impone, para que esta modalidad opere es necesario que haya alguien a quien suplir, que en el presente caso únicamente serían los magistrados anticorrupción. Como estos no existen, la ‘suplencia’ es improcedente. Así de simple.

De ahí la afirmación de que los magistrados temporales carecen de competencia constitucional para resolver los asuntos de corrupción que se les planteen. La sala auxiliar no cuenta con atribuciones para ello. El hecho que su designación sea temporal no subsana esa irregularidad, pues, insisto, la única manera válida sería respetando las formalidades establecidas al efecto.

El problema es complejo, sin duda. Para satisfacer una necesidad operativa, el TFJA no tuvo otra alternativa que forzar la interpretación de su legislación orgánica y diseñar una herramienta en apariencia legal. Al hacerlo asumió un costo que en su origen es atribuible al Senado.

Como se ve, el dilema constitucional es irresoluble. El problema no es menor, ya que todas las actuaciones de la sala auxiliar y de los magistrados temporales, serán nulas de pleno derecho. Los abogados litigantes lo saben. El riesgo que se afronta es el eventual colapso del sistema de responsabilidades administrativas, lo que resultaría desalentador dados los avances logrados en los últimos dos años.

 

@LuisPerezdeAcha

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