Hostilidad contra organizaciones ciudadanas

El gobierno del presidente Peña Nieto debe de investigar estas denuncias contra funcionarios públicos del gobierno federal que están espiando e intentado amedrentar organizaciones ciudadanas. ¿Lo hacen a cuenta propia? ¿Los envía alguien? ¿Quién y por qué?

El 30 de agosto, The New York Times (NYT) publica una nota firmada por Azam Ahmed donde se afirma que el empresario Claudio X. González, que fue presidente de la asociación sin fines de lucro Mexicanos Primero y ahora lo es de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), ha sido intimidado y blanco de intentos de espionaje por parte del actual gobierno federal.

El diario estadounidense dice que esto se ha dado por que MCCI, dirigida por la doctora María Amparo Casar, ha denunciado actos de corrupción de la administración federal. NYT ofrece como prueba que en un solo día las diferentes organizaciones en las que González Guajardo participa recibieron notificaciones para realizarles auditorías para evitar supuesto lavado de dinero.

González Guajardo dijo al NYT que “estamos asediados. Sin embargo, seguiremos denunciando la corrupción y la impunidad cuando las encontremos, sean públicas o privadas”. El empresario señaló que hay amenazas veladas y presión para evitar que se sigan revelando casos de corrupción, pero que MCCI va a seguir combatiendo este problema.

MCCI, en comunicado del mismo 30 de agosto, confirma que “es cierto que, así como muchas otras Organizaciones de la Sociedad Civil y medios de comunicación que documentan la gravedad de los problemas por los que atraviesa México en sus distintos ámbitos y que exigen y proponen soluciones a problemas ingentes, enfrentamos un ambiente hostil por parte de diversas autoridades”.

Y plantea que “como es sabido, la presión, las amenazas veladas, el espionaje, el acoso fiscal e inclusive la violencia se han extendido y amenazan el derecho de los ciudadanos y los medios de comunicación y periodistas a la libre expresión, puntal de otros derechos y libertades que deberían ser custodiados por el Estado mexicano”, en ese horizonte añade que “las organizaciones sociales y los medios de comunicación tenemos el deber con nuestro país y con quienes nos apoyan de seguir cumpliendo con el mandato para el cual nos constituimos, ya sea para informar a la sociedad, defender los derechos humanos, mejorar la educación, atender la salud”.

El gobierno del presidente Peña Nieto debe de investigar estas denuncias contra funcionarios públicos del gobierno federal que están actuando de esta manera. ¿Lo hacen a cuenta propia? ¿Los envía alguien? ¿Quién y por qué? El actual gobierno no ha sabido detectar situaciones de crisis y los problemas se le han hecho más grandes. Un artículo del NYT que hace evidente el hostigamiento de funcionarios a organizaciones de la sociedad civil es una advertencia y un escándalo. Debe de actuar de inmediato.

 

@RubenAguilar

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