En los recientes y confusos debates en torno a la creación legal de policías estatales -que asimilarían a las municipales- pocos han advertido una arista peligrosa. Las resistencias a dicha iniciativa están orientadas más por una pérdida de facultades y poder político, que por verdaderamente encontrar un esquema funcional que combata a la delincuencia.
Esto sólo se explica porque se piensa que el fenómeno delincuencial debe ser atacado desde una estrategia nacional, siendo que la estructura más vulnerable a la corrupción y a la coacción del crimen organizado es justamente el municipio y, por consecuencia, sus cuerpos policiacos.
Diversas radiografías realizadas por un gran número de organizaciones de la sociedad civil coinciden en las deficiencias organizacionales y de infraestructura que afrontan los municipios, así como en la profunda y arraigada corrupción de sus cuerpos de seguridad.
Otro elemento que abona en ese sentido es el lamentable número de presidentes municipales asesinados por la acción del crimen organizado. Hemos conocido el caso de uno de ellos que fue privado de la vida porque decidió bajar el salario a los policías, quienes acudieron, en el mejor ejemplo de la connivencia, a una banda de sicarios para pedirles que lo mataran.
Como lo dicta el coloquialismo, la corrupción en las policías municipales se fue metiendo como la humedad, permitiendo a los delincuentes tejer una amplia red de protecciones a sus actividades.
Otro elemento que revela el nivel de corrupción de las policías es el alto número de agentes que, siendo activos en corporaciones, participan de manera abierta en la comisión de secuestros y en la protección de las bandas.
Es el enemigo metido en casa. ¿No acaso es común constatar que en la estrategia contra el narcotráfico se nos dice que no se informa a las policías locales, ante la sospecha de que pudieran dar aviso a sus cómplices? En todos los casos recientes esa ha sido la constante.
¿Qué es lo que encontramos en las policías locales? Ineficiencia, desorden, corrupción, falta de estímulos, salarios de miseria y una lista interminable de carencias.
Sin desviarme de la reflexión inicial diría que es el mismo fenómeno que encontramos en el sistema de procuración de justicia: ministerios públicos con salarios miserables y sin preparación que realizan consignaciones tan mal integradas que los delincuentes logran salir sin problema alguno.
Veo dos grandes cuellos de botella que impiden mejorar nuestro sistema de justicia: la corrupción de las policías y la ineficiencia del ministerio público.
En conclusión: o nadie vio que llegaríamos a esta crisis de seguridad pública nacional por abandonar a las policías estatales y municipales, o muchos se beneficiaron de ese abandono, lo que en todo caso es complicidad.
Como una hidra de mil cabezas, las policías, corrompidas, se han volteado contra sus propios propiciadores, dejando como presas de caza a los ciudadanos.